La Justicia Federal avanza en una investigación contra una organización acusada de blanquear cerca de 800 millones de pesos, una maniobra que, según la pesquisa, era dirigida desde el penal de Cacheuta por Pedro "Peter" Esteban Morales Anisco, de 30 años.
El expediente comenzó a investigarse en diciembre de 2024 y está a cargo de las fiscales María Gloria André y María Eugenia Abihaggle, quienes reconstruyeron el circuito del dinero mediante el análisis de un complejo entramado de billeteras virtuales, movimientos financieros y comunicaciones entre los involucrados.
De acuerdo con la investigación, el dinero era canalizado a través de numerosas billeteras virtuales utilizadas para ocultar el origen de los fondos. En uno de los casos analizados, una sola cuenta registró movimientos por 70 millones de pesos.
Las pesquisas también abarcan la adquisición de vehículos y de dos hoteles, operaciones que ahora son analizadas como posibles mecanismos para incorporar al circuito legal dinero de origen presuntamente ilícito.
Los investigadores también incorporaron información obtenida de teléfonos celulares secuestrados durante la causa, lo que permitió avanzar en la reconstrucción de los vínculos entre los integrantes de la organización.
Morales participará de manera virtual en la audiencia judicial realizada en el marco de la causa. Sin embargo, la instancia fue reprogramada para el 27 de julio a las 8.30.
La audiencia será presidida por el juez federal Alberto Carelli, ocasión en la que las fiscales formularán las imputaciones correspondientes a cada uno de los acusados según el rol que, de acuerdo con la investigación, habrían desempeñado dentro de la organización.
Entre los investigados figuran personas señaladas como responsables de transmitir las órdenes impartidas desde la cárcel, reclutar colaboradores y redistribuir el dinero utilizado en las maniobras de lavado.
La investigación ya supera las 5.000 fojas y describe una estructura integrada por colaboradores voluntarios y también por personas que, según la pesquisa, habrían sido obligadas mediante amenazas a participar de las maniobras.
De acuerdo con el expediente, algunos recibían dinero en sus cuentas para luego comprar bienes que finalmente eran entregados a terceros, con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos.
Entre los involucrados también aparecen al menos siete integrantes de fuerzas de seguridad, además de internos alojados en el penal y parejas de presos que mantenían contacto frecuente con ellos durante las visitas.