La batalla judicial del Proyecto Minero San Jorge (PSJ), que busca extraer oro y cobre en Uspallata, sumó un nuevo capítulo esta semana. Mientras que comunidades originarias, organizaciones sociales y referentes ambientales insisten en que la iniciativa amenaza con provocar un “daño ambiental irreversible” y emitieron un comunicado exigiendo a la justicia que resuelva los expedientes pendientes, la Justicia provincial, en modo respuesta, rechazó las cautelares, aunque sin resolver aún el fondo de la cuestión, que se tramita en el amparo. Es decir que el conflicto sigue vivo en los tribunales.
Para diferenciar ambos, el amparo es un proceso judicial rápido para proteger derechos fundamentales, mientras que la medida cautelar es una orden judicial provisional dentro de un proceso (como el amparo) que busca evitar un perjuicio irreparable antes de la sentencia definitiva. El amparo es la acción de fondo, la cautelar es una herramienta de seguridad inmediata.
No obstante, se trata de un nuevo revés para los demandantes porque el tribunal, integrado por las juezas Patricia Beatriz Canela, María Delicia Ruggeri y María Emilia Funes, confirmó el fallo de primera instancia que había desestimado las medidas de protección antes del inicio de las operaciones.
Reclamos y demandas en curso
Organizaciones sociales, pueblos originarios y vecinos autoconvocados sostienen que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el gobierno provincial es “condicionada, incompleta y carente de estudios esenciales”. En un comunicado difundido por colectivos ambientales y jurídicos, se subrayó que “es falso que haya habido aval judicial para el PSJ”, ya que lo resuelto hasta ahora se limita al rechazo de medidas cautelares, sin pronunciamiento sobre la legalidad de fondo.
Los expedientes se concentran en el Segundo Tribunal de Gestión Asociada, a cargo de la jueza Iermoli Blanco. Allí se tramitan tres amparos de relevancia: uno impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a asambleas, que cuestiona la DIA y denuncia la falta de transparencia en la audiencia pública; otro presentado por la Comunidad Huarpe Guaytamari y la Fundación Cullunche, que advierte sobre la violación del Convenio 169 de la OIT y la omisión de proyectos legislativos de protección ambiental; y un tercero, promovido por un vecino de Uspallata, que alerta sobre el agotamiento del caudal del Arroyo El Tigre, vital para la Ciénaga del Yalguaraz.
La Corte aún no resuelve
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza analiza cuatro acciones de inconstitucionalidad, entre ellas las presentadas por Oikos Red Ambiental y por ciudadanos patrocinados por el abogado Luis Gabriel Escobar Blanco. Los planteos coinciden en señalar que la DIA es incompleta y que el proceso de aprobación vulneró normas esenciales, desde la Constitución Nacional hasta tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
El fallo de la Justicia provincial
En este contexto, la Quinta Cámara en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial rechazó recientemente los recursos de apelación contra la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino. El tribunal, integrado por las juezas Patricia Beatriz Canela, María Delicia Ruggeri y María Emilia Funes, confirmó el fallo de primera instancia.
La resolución sostuvo que, en esta etapa del proceso, no se acreditan daños ambientales graves ni inminentes y que los planteos formulados se apoyan en escenarios hipotéticos que deberán ser evaluados en el juicio de fondo. En ese sentido, la Cámara descartó riesgos inmediatos y avaló la vigencia de la DIA, remarcando que dictar una medida cautelar con efectos suspensivos implicaría exceder los límites del control judicial.
Las magistradas subrayaron que el proceso cautelar no puede transformarse en una decisión anticipada sobre el fondo del asunto. La tutela judicial ambiental, aun bajo los principios preventivo y precautorio, exige un mínimo de verosimilitud del derecho y un riesgo concreto que no se acreditó en esta etapa. El tribunal dejó en claro que la discusión sobre la legalidad o constitucionalidad de la ley que aprobó la DIA deberá resolverse en la sentencia definitiva, con producción de prueba técnica y contradictorio pleno.
Un conflicto abierto, con posibilidad de proyección internacional
La decisión judicial ratifica que la DIA continúa vigente mientras avanza el proceso principal, pero no cierra el debate. Por el contrario, las comunidades y organizaciones insisten en que las irregularidades del proyecto comprometen normas de jerarquía constitucional e internacional, desde el derecho a un ambiente sano hasta la obligación de consulta previa a pueblos originarios.
Embed - Comunidades de Pueblos Originarios de Uspallata rechazaron el Proyecto Minero San Jorge
El proyecto San Jorge se ha convertido en un símbolo de la tensión entre desarrollo minero y protección ambiental en Mendoza. Las organizaciones sostienen que amenaza recursos hídricos vitales, como el Río Mendoza, y que se ha avanzado sin respetar la transparencia ni la participación ciudadana. La Justicia, por su parte, ha optado por mantener la vigencia de la DIA mientras se discute el fondo de la cuestión, en un escenario que promete prolongar la disputa.
En palabras de los colectivos ambientales, “la Justicia de Mendoza debe dar rápido tratamiento a todas estas acciones judiciales que son parte de la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Uspallata y toda Mendoza en defensa del agua y nuestros bienes comunes”. Mientras tanto, el conflicto judicial y las protestas que no cesan muestran que el Proyecto San Jorge está lejos de contar con un aval definitivo.
