Tres amparos piden frenar preventivamente a San Jorge. El riesgo para el agua, la inconsulta a los Huarpes y la DIA incompleta, ejes de los reclamos.
Postal de una de las marchas contra San Jorge en las calles de Mendoza.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza La aprobación de la ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, rebautizado como "PSJ Cobre Mendocino", desató una ofensiva judicial: tres acciones de amparo, presentadas casi simultáneamente, buscan frenar en los tribunales lo que el Gobierno provincial y la Legislatura impulsaron a pesar de una movilización social que no da tregua.
Uno de los amparos es de la comunidad huarpe de Uspallata, y puso el acento en la identidad cultural y en la ilegalidad de la DIA condicionada. Otro pertenece a un vecino de Uspallata, que denuncia la incertidumbre científica y la amenaza al ecosistema hídrico. En tanto que la primera de las presentaciones, de una ONG nacional y las asambleas, cuestionan la inconstitucionalidad de la ley y la regresividad normativa.
El conflicto creció en las rutas y plazas de toda la provincia en las últimas semanas. Desde que el Ejecutivo provincial envió el proyecto a la Legislatura, las asambleas por el agua y vecinos de San Carlos, Tunuyán y General Alvear retomaron las banderas de la Ley 7722. El clima político se tensó ante lo que los manifestantes califican como una "entrega" de los recursos hídricos en un contexto de sequía extrema.
Mientras en las calles los cánticos repetían la principal consigna de las puebladas mendocinas, "El agua de Mendoza no se negocia" y se multiplicaban las protestas, muchas de ellas reprimidas por la Policía, abogados ambientalistas terminaban de redactar los documentos que hoy ponen en jaque la legalidad del emprendimiento minero en Uspallata.
La primera acción de amparo colectivo fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil "el Suri" y ciudadanos de diversas asambleas. Su reclamo técnico central apunta a la invalidez de la Ley 9684 por basarse en una evaluación ambiental incompleta y fragmentada.
El aspecto técnico más crítico de esta demanda es el cuestionamiento a la "DIA diferida". Según los actores, la autoridad ambiental aprobó el proyecto postergando estudios esenciales para etapas futuras, cuando el control social y técnico ya no es posible. El documento señala que esto invierte el orden constitucional de protección, ya que el principio de prevención exige que los impactos se evalúen antes de la autorización. Entre las deficiencias técnicas mencionadas, se destaca la falta de un balance hídrico unificado y la incertidumbre sobre la conectividad entre las cuencas, lo que pone en riesgo la unidad ambiental de la zona. La demanda exige que se realicen estos estudios científicos e independientes como paso previo a cualquier decisión.
Casi en paralelo, la Comunidad Huarpe Guaytamari y la Fundación Cullunche interpusieron una acción de amparo colectivo indígena y ambiental. Este documento introduce una dimensión técnica y de Derechos Humanos que el debate legislativo pareció ignorar: la protección de la supervivencia cultural.
Técnicamente, el amparo se sostiene sobre la violación del Control de Convencionalidad, citando que el Estado omitió el procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada, obligatorio según el Convenio 169 de la OIT para cualquier proyecto que afecte territorios indígenas. El amparo señala que el Gobierno intentó dar una apariencia de legalidad a través de mecanismos de participación ciudadana comunes, pero que estos no cumplen con los estándares específicos exigidos para los pueblos originarios.
El Gobierno, en rigor, inició el trámite de consulta, pero avanzó con la aprobación del proyecto sin esperar el resultado de la consulta, que fue negativo.
Además, subrayan un aspecto patrimonial crítico: el proyecto afecta áreas vinculadas al Qhapaq Ñan (Sistema Vial Andino), declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La demanda sostiene que la DIA aprobada no evalúa adecuadamente el impacto sobre sitios arqueológicos y culturales de valor incalculable, lo que constituye una amenaza "cierta, actual e inminente" al patrimonio de la provincia y de la comunidad.
Finalmente, el reclamo directo de quienes habitan Uspallata se materializó en el amparo presentado por el vecino Alder Corsanigo, con el patrocinio de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el CEProDH y Xumek.
Este amparo profundiza en los aspectos hidrológicos del proyecto. El núcleo técnico es el daño irreversible que la minería generaría en la Ciénega del Yalguaraz, un ecosistema húmedo de montaña sumamente frágil. El documento advierte que el Arroyo El Tigre, principal aportante de agua de la zona, corre un riesgo extremo. Los abogados argumentan que existe una "incertidumbre científica de tal magnitud" que activa obligatoriamente el Principio Precautorio de la Ley General del Ambiente: ante la duda sobre el daño ambiental, se debe detener la actividad.
Un punto técnico alarmante citado en el amparo es que los estudios de la empresa, calificados como insuficientes y desactualizados, sugieren un déficit hídrico tan grave que el proyecto podría absorber no solo el caudal total del arroyo, sino que requeriría fuentes de agua no declaradas. Estas inconsistencias fueron señaladas originalmente por el equipo dictaminador de la FUNCuyo y por el Departamento General de Irrigación, pero fueron desestimadas en la aprobación final de la DIA.
Los tres amparos coinciden en un pedido de urgencia: la suspensión inmediata de los efectos de la Ley 9684 y de cualquier acto administrativo relacionado con "PSJ Cobre Mendocino". Dada la fecha de las presentaciones, los abogados han solicitado la habilitación de la feria judicial de enero de 2026, argumentando que esperar a febrero permitiría el avance de obras con consecuencias potencialmente irreversibles.
Mientras el Gobierno de Mendoza defiende la legalidad del proceso y el potencial económico del cobre para la transición energética, la sociedad civil comenzó a poner los ladrillos para levantar una muralla legal basada en el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.