Las comunidades huarpes Guaytamari y Llahue Xumec fueron consultadas oficialmente sobre la extracción de oro y cobre en Uspallata. Detalles del rechazo.
Una postal de la audiencia popular realizada en la parroquia de Uspallata.
Luis Vigazzola El Gobierno de Cornejo llamó a Audiencia por San Jorge en medio de la montaña.
El Gobierno determinó que el 2 de agosto, en el medio de la montaña, se haga la audiencia pública por San Jorge.
Mientras en la Legislatura comenzaba la discusión en comisiones del Proyecto San Jorge, en Uspallata las comunidades huarpes Guaytamari y Llahue Xumec, junto a otras comunidades de pueblos originarios de la Cuenca del Río Mendoza, presentaron públicamente el resultado del procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) respecto del proyecto “PSJ Cobre Mendocino”. La conclusión fue categórica: "negativo".
Los representantes de las comunidades subrayaron que el proceso se realizó “en conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional”. En sus palabras, “destacamos el diálogo intercultural intentado desde las partes intervinientes, en un proceso que no es una concesión de la Autoridad de Aplicación, sino su obligación, por ser un derecho de los pueblos originarios preexistentes al Estado Argentino”.
"No es un paso dentro del procedimiento. El Estado pretende llevar un derecho fundamental como un paso dentro del procedimiento administrativo. Pero se está afectando el derecho indígena, el Derecho Humano a la consulta previa, libre e informada que el Estado debe garantizar. Esto se debe hacer de manera previa a la Declaración de Impacto Ambiental o acto legislativo. Es trascendental este comunicado", indicó a ElEditor Mendoza Agustín Sánchez, abogado especializado y miembro de Oikos.
A principios de septiembre, hubo un antecedente de no consulta a comunidades originarias admitido por el Ejecutivo: reconoció oficialmente que no consultó a las comunidades originarias del sur antes de avanzar con el protocolo minero que firmaron Alfredo Cornejo y Javier Milei.Por esa razón ordenó dar de baja a la resolución que lo puso en marcha.
En paralelo, se vio obligado a frenarel proyecto minero “Merlot-Syrah”, impulsado por el concesionario Nueva Gran Victoria S.A, en Malargüe Distrito Minero 1. La iniciativa incluye dos minas —“Nueva Gran Victoria Syrah” y “Nueva Gran Victoria Merlot”— destinadas a la extracción de cobre y oro diseminado, y contempla dos etapas: prospección y exploración. Ubicado en la zona de Las Vegas, Butamallin (Zona 1), el proyecto quedó paralizado como consecuencia directa de la impugnación del protocolo de consulta previa.
En un documento de 18 páginas, advirtieron que el procedimiento no cumplió con los principios básicos: “Debemos resaltar que el procedimiento de consentimiento no ha sido libre, porque el proponente quiso persuadirnos con supuestos beneficios económicos y el concedente nos apuró en todo momento con los tiempos, sin respetar las fechas previamente acordadas”.
Tampoco fue previo: “tras 17 años del arribo de la minera a nuestro territorio, recién se inició cuando ya estaba avanzado el Estudio de Impacto Ambiental”. Y menos aún informado: “nos han entregado un resumen del Informe de Impacto Ambiental, bastante escueto y sin información fundamental para nuestro necesario análisis desde nuestra perspectiva ancestral”.
La falta de información llevó a las comunidades a enviar preguntas por escrito, que “tampoco habían sido salvadas ni en la Asamblea realizada en Guaytamari ni en la visita al sitio del proyecto”. Allí, relatan, pudieron comprobar “que el territorio tiene cualidades ambientales y patrimoniales excepcionales de valor y singularidad universal, por lo cual merece ser conservado en lugar de destinarlo a una explotación de gran escala con numerosas externalidades negativas”.
Uno de los puntos más sensibles es la afectación al Qhapaq Ñan, el Camino Ancestral Andino reconocido por la UNESCO. “Denunciamos que PSJ es incompatible con el Itinerario Cultural del Qhapaq Ñan, debido a que la envergadura de la explotación afectará significativamente la cuenca visual del Camino Ancestral Andino, perdiéndose para siempre el patrimonio cultural intangible de valor universal”.
Las comunidades rechazan “el relato falaz de la empresa, avalado por el gobierno, respecto de que PSJ se ubicaría en una cuenca cerrada, sin conexión superficial y/o subterránea con los acuíferos y el Río Mendoza ”.
Citaron el informe de José María Cortés (UBA-CONICET), que demuestra “que no existen barreras de ningún tipo para el escurrimiento del agua superficial o subterránea desde la mina San Jorge a Uspallata y el Río Mendoza”. Aseguraron que tras su visita al Cerro San Jorge, pudieron analizar el terreno y comprobar "perfectamente el Valle de Uspallata y el nivel general del terreno, con sus líneas de escurrimiento descendiendo hacia el mismo”.
El comunicado denuncia el uso de sustancias tóxicas: “rechazamos los dichos de funcionarios y técnicos respecto de la supuesta inocuidad de las sustancias tóxicas a emplear el proceso minero, así como tampoco las enormes cantidades de desechos resultantes del proceso de separación de los metales”.
La línea de base ambiental, afirman, “es escasa e incompleta, con datos insuficientes para establecer una foto de cómo es actualmente la flora, fauna, gea, hidrología e hidrogeología del lugar”. No existe “un monitoreo continuo y sistemático del Arroyo del Tigre” ni “ningún estudio fitosociológico de la ecología del lugar ni inventario de biodiversidad”.
Además, sostienen que el proyecto “viola la Ley Provincial 6599 de Monumentos Naturales, puesto que en la zona habita el guanaco, el choique y el cóndor, así como el gato andino que será incluido en la ampliación de esta ley”.
En el plano social, las comunidades remarcan que “ni el proponente ha determinado ni el concedente ha solicitado mencionar la crisis social que vive Uspallata desde hace 17 años por la imposición del proyecto”.
También alertan sobre “el posible aumento de la delincuencia, la trata, el juego, la prostitución y el narcotráfico, cuestiones propias de las zonas de sacrificio”.
El comunicado denuncia además prácticas antidemocráticas: “se fue evidenciando una fusión entre los roles el proponente y el concedente, conformándose entre ambos una suerte de unidad ejecutora del proyecto, que no sólo ha invalidado las opiniones técnicas en contra, sino que ha coaccionado y ejercido coerción contra las voces disidentes, con prácticas antidemocráticas, como la persecución, la censura, la represión y el encarcelamiento”.
La conclusión del documento es contundente: “nuestro Consentimiento Libre, Previo e Informado al proyecto ‘PSJ Cobre Mendocino’ es NEGATIVO”. Por ello, solicitan “a las autoridades del Gobierno de Mendoza y la Legislatura Provincial, el rechazo al proyecto y la sanción del proyecto de ley para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.
Finalmente, advierten que “en caso de que nuestro consentimiento negativo de carácter vinculante no sea tenido en cuenta, accionaremos mediante todas las instancias administrativas y/o jurídicas, provinciales, nacionales y especialmente internacionales, para hacer valer nuestros derechos legales constitucionales y consuetudinarios”.