El Gobierno de Mendoza reconoció oficialmente que no consultó a las comunidades originarias del sur antes de avanzar con el protocolo minero que firmaron Alfredo Cornejo y Javier Milei y ordenó dar de baja a la resolución que lo puso en marcha. En paralelo, se vio obligado a frenarel proyecto minero “Merlot-Syrah”, impulsado por el concesionario Nueva Gran Victoria S.A, en Malargüe Distrito Minero 1. La iniciativa incluye dos minas —“Nueva Gran Victoria Syrah” y “Nueva Gran Victoria Merlot”— destinadas a la extracción de cobre y oro diseminado, y contempla dos etapas: prospección y exploración. Ubicado en la zona de Las Vegas, Butamallin (Zona 1), el proyecto quedó paralizado como consecuencia directa de la impugnación del protocolo de consulta previa.
La admisión del error por parte del Ministerio de Energía y Ambiente quedó plasmada en la Resolución Nº 139-EyA, que reconoce el reclamo presentado por Gabriel Jofré, werkén (vocero) de la comunidad LOF El Sosneado y autoridad del Kume Feleal de la Organización Identidad Territorial Malalweche. El documento ordena revocar la Resolución 130 (que impuso el Protocolo en cuestión) iniciar un nuevo proceso de diálogo con las comunidades, tensionando el discurso oficial sobre participación ciudadana y poniendo en cuestión la legalidad de normas previas que afectan territorios indígenas.
El primer paso en el diálogo se dará este viernes 5 de septiembre en Malargüe, cuando autoridades del Ministerio se reúnan con Jofré y otros representantes de Malalweche, que llevarán su propio petitorio y una propuesta para que las consultas a los pueblos originarios estén regidas por una ley provincial de consulta previa que ordene los procedimientos en todas las áreas del Estado.
La resolución en cuestión tensiona el discurso oficial sobre la supuesta participación ciudadana, en particular de las comunidades originarias, y pone en cuestión la legalidad de normas previas que afectan territorios indígenas. A través del programa radial Kume Rupu, Jofré y el abogado de Oikos, Agustín Sánchez, profundizaron la crítica institucional y propusieron el amparo de una ley provincial.
El reclamo: “No fuimos consultados”
El expediente EX-2025-03311335-GDEMZA-CCC fue iniciado por Jofré en representación de más de veinte comunidades mapuche con personería jurídica reconocida. En su presentación, impugna la Resolución Nº 130/2025 de la Dirección de Minería, que aprobó el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” sin haber convocado a las comunidades originarias.
Audiencia Proyecto Minero San Jorge-40
Gabriel Jofré, werkén del Lof El Sosneado.
“El protocolo fue aprobado sin consulta efectiva, aplicando criterios restrictivos e inconstitucionales”, señala el escrito.
Además, denuncia el desconocimiento del relevamiento territorial realizado por el INAI y la falta de especialización del órgano de aplicación. Jofré solicita la nulidad absoluta del procedimiento y exige la reformulación integral del protocolo conforme a estándares internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El dictamen de Ambiente
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio dictaminó que, aunque el acto impugnado es de alcance general, corresponde encauzar el reclamo como recurso administrativo, aplicando el principio de informalismo en favor del administrado, en este caso, de Jofré y su comunidad.
“El protocolo genera incertidumbre jurídica en las comunidades, aun cuando no esté vinculado a un proyecto específico”, sostiene el dictamen.
El documento señala que el INAI fue convocado, pero no así la Organización Identidad Territorial Malalweche, a la que considera representativa de la totalidad de las comunidades originarias de Mendoza. Sin embargo, desde la propia organización han aclarado públicamente que no representan a la totalidad, sino a una parte de las comunidades originarias, y que ya han alertado a las comunidades huarpes sobre esta interpretación errónea por parte del Estado provincial.
El dictamen recomienda aplicar el principio de legalidad y el debido proceso, reconociendo el derecho de las comunidades a ser oídas, en cumplimiento de la Ley Nº 9003. El dictamen recomienda aplicar el principio de legalidad y el debido proceso, reconociendo el derecho de las comunidades a ser oídas, en cumplimiento de la Ley Nº 9003.
La resolución: "Consulta de la consulta"
La Resolución Nº 139-EyA adopta el dictamen jurídico y dispone tres medidas concretas:
“Artículo 1º — Admitir el recurso interpuesto por Gabriel Jofré como reclamo administrativo.” “Artículo 2º — Instruir a la Dirección de Minería a coordinar una reunión con la Organización Malalweche para iniciar el proceso de ‘consulta de la consulta’.” “Artículo 3º — Comuníquese, regístrese y archívese.”
La resolución tiene fecha del 14 de julio, y con posterioridad, el 22 de ese mes, organizaciones del pueblo indígena mapuche, entre ellas las de Mendoza, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación derivada de los conflictos con proyectos extractivos en territorios indígenas de Argentina. El órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos escuchó los testimonios de personas afectadas por proyectos mineros, petroleros y gasíferos, agravados por la falta de reconocimiento territorial, los desalojos en curso y la criminalización de las comunidades indígenas.
Testimonios desde el territorio: “Les molesta cumplir con la ley”
Durante el programa Kume Rupu, Gabriel Jofré profundizó su crítica al protocolo y al accionar estatal:
“No caemos en la trampa de ser los sparring, o sea, estar enfrente de ellos para que nos golpeen.”
El werken denunció que, pese a haber participado en instancias previas, hoy existen “claros motivos para dudar de las cosas”. La comunidad Butamayén ya notificó formalmente al gobierno provincial que no iniciará el proceso de consulta vinculado al proyecto Merlot-Sheridan, hasta tanto se realicen reuniones generales y una audiencia conciliatoria sobre la viabilidad del protocolo impugnado.
“Ese protocolo todavía no tiene vigor”, advirtió Jofré. También cuestionó la calidad técnica del documento: “Tiene errores conceptuales. No puede aplicarse solo un protocolo en un área dispersa.”
Y anticipó la elaboración de un escrito formal para el 5 de septiembre: “Vamos a elaborar un escrito para formalizar cada uno de los puntos. Les molesta cumplir con la ley. Pero la ley mínima, porque todavía faltan tantas cosas para la demanda indígena.
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