Miembros de pueblos originarios de Mendoza, Neuquén y Río Negro expusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano internacional de derecho humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunciaron los protocolos que la Nación viene firmando con las provincias para avanzar en proyectos mineros. En teoría se trata de procedimientos de consulta a las comunidades, pero precisamente denunciaron el protocolo minero calificándolo como una estrategia estatal para legitimar el despojo territorial bajo el disfraz de “consulta previa, libre e informada”.
En la audiencia estuvieron tres comunidades, Malalweche, de Mendoza (que presentó el caso de la extracción de cobre en Malargüe), la Confederación Mapuche de Neuquén, con fuerte presencia territorial en Vaca Muerta, y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro.
La presentación apuntó al protocolo firmado por Alfredo Cornejo y el gobierno nacional, que habilita proyectos extractivos sin respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, señalaron. Otros protocolos similares fueron firmados por la Nación con otros gobiernos provinciales. Según los denunciantes, se trata de una “consulta sin consulta”, diseñada para simular participación en emprendimientos mineros, petroleros y gasíferos.
Territorios en disputa: del sur de Mendoza a la Patagonia
Durante la audiencia, voceros mapuches expusieron el avance de los proyectos mineros en tierras habitadas por comunidades indígenas: hablaron de 18.000 km² de nuevos proyectos mineros en Malargüe (Mendoza), 600 km² de explotación de esquisto en Vaca Muerta (Neuquén) y 53 emprendimientos metalíferos en Río Negro, incluyendo el proyecto Calcatreu de oro y plata a cielo abierto
Mirta Ñancunao, werken (vocera) mapuche, denunció que estos proyectos avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado, violando el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina mediante la Ley 24.071. “Son protocolos que benefician a las empresas y al Estado, pero excluyen a las comunidades”, afirmó.
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Un protocolo de "consulta sin consulta"
Gabriel Jofré, werken de la Organización Identidad Territorial Malalweche, ha descripto anteriormente al protocolo como "una herramienta de exclusión institucional que legitima el despojo”. Según Jofré, el Estado ha desmantelado procesos de personería jurídica y relevamiento territorial, dejando a muchas comunidades fuera del marco legal para participar en consultas.
La Resolución 130/2025 de la Dirección de Minería de Mendoza, que oficializa el protocolo, fue impugnada por comunidades mapuches y huarpes. El Ejecutivo mendocino se ampara en el artículo 54 del nuevo Código de Procedimiento Minero (Ley N°9529), que restringe la consulta a comunidades con personería jurídica reconocida por la provincia y asentadas en el área del proyecto. Esta cláusula dejó fuera a la comunidad Llahue Xumec del proceso de consulta del proyecto San Jorge, mientras que solo se reconoció a Huarpe Guaytamari.
Jofré también denunció la instalación de discursos racistas y discriminatorios por parte de autoridades, que tildan a las comunidades de “terroristas” y niegan su identidad indígena. Recordó, en ese sentido, la ley aprobada en 2023 en la Legislatura de Mendoza que niega la preexistencia de esos pueblos en territorio mendocino.
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Apoyo internacional y exigencias urgentes
La audiencia ante la CIDH fue respaldada por organizaciones como Earthjustice, AIDA, la APDH y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Todas instaron a la CIDH a emitir un comunicado urgente que exija al Estado argentino respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y restaurar los marcos normativos desmantelados.
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