El jefe del bloque del PJ alertó sobre cambios al régimen laboral estatal que, según dijo, vulneran la estabilidad y debilitan derechos adquiridos.
Germán Gómez (PJ) cuestionó la reforma del empleo público en Mendoza por considerar que habilita discrecionalidad política y vulnera la estabilidad laboral.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl titular del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez, cuestionó el proyecto de reforma del régimen de empleo público que se debate en la Legislatura. Según señaló, la iniciativa “fortalece la discrecionalidad estatal, precariza la estabilidad laboral y abre la puerta al clientelismo político”, lo que, a su entender, implica un retroceso en derechos constitucionales.
El texto propone modificar el histórico Decreto Ley 560/73, la Ley 5126 y normas procesales consideradas en desuso. Entre los aspectos centrales, Gómez marcó que:
El estatuto ampliaría su alcance, pero excluye empresas públicas, sociedades mixtas y entes interestatales, dejando a miles de trabajadores sin cobertura.
Se introducen cambios en el artículo 2, eliminando la mención a quienes están amparados por convenios colectivos de trabajo, lo que “abrirá la puerta a litigios”.
Se crea la figura del “personal interino”, que permitiría cubrir vacantes sin concurso previo, lo que el legislador calificó como “designaciones discrecionales por tiempo indeterminado”.
Otro de los puntos críticos es la modificación en el régimen de indemnizaciones: la reforma plantea pagar el 100% del último salario por cada año trabajado, eliminando la escala que beneficiaba a empleados con más de 10 o 20 años de antigüedad.
Además, se reemplaza el derecho a salarios caídos en casos de despido nulo por un reclamo de daños y perjuicios con topes indemnizatorios. Para Gómez, esto “debilita la protección contra cesantías arbitrarias y deja al trabajador en desventaja frente al Estado”.
En cuanto a la antigüedad, solo se reconocerá a quienes ingresaron mediante nombramiento o concurso, excluyendo a contratados por locación de servicios. El diputado recordó que “el propio Estado utilizó durante años esa figura de manera fraudulenta para cubrir puestos permanentes sin otorgar estabilidad”.
Germán Gómez consideró que la iniciativa “precariza el empleo público, habilita el clientelismo político y genera un retroceso en garantías laborales”. También advirtió que, si se aprueba, se multiplicarán los litigios por inconstitucionalidad tanto en fueros provinciales como nacionales.
“La discusión recién comienza en la Legislatura, pero lo que está en juego no es menor: la estabilidad laboral, la profesionalización del Estado y la vigencia de derechos conquistados que no pueden quedar sujetos a la lógica presupuestaria de turno”, concluyó el legislador sanrafaelino.