La reforma del Estatuto del Empleado Público que impulsa el oficialismo ataca la estabilidad de los agentes públicos. Hoy habrá protestas en Casa de Gobierno.
Postal de la protesta gremial en la Legislatura por la Reforma del Estatuto del Empleado Público.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza En tiempo récord y bajo fuerte presión oficialista, la Cámara de Diputados de Mendoza dio este miércoles media sanción al proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa, que modifica la Ley 560/73 —norma madre del empleo estatal—, fue calificada por gremios, especialistas y trabajadores como una “reforma laboral encubierta”, regresiva e inconstitucional, que amenaza derechos adquiridos de más de unos 100 mil empleados públicos.
Este miércoles mientras se discutía el proyecto en Diputados, gremios nucleados en la CGT, ATE, AMPROS, SITEA, Sipes y Autoconvocados del Hospital Central se concentraron frente a la Legislatura y este jueves harán lo propio en Casa de Gobierno para insistir en la denuncia por lo que ponderan como una avanzada autoritaria contra la estabilidad, la antigüedad y el derecho a defensa.
El siguiente cuadro resume las implicancias más graves del Estatuto, a la que ayer los gremios sumaron otra: la posibilidad de que ingresen como "personal de gabinete" con sueldos elevados más de 400 "directores fuera de nivel" (ver más adelante).
Hasta ahora, la polémica se había concentrado en puntos críticos como la estabilidad laboral, la antigüedad no reconocida y el régimen de indemnizaciones. Sin embargo, este miércoles, en medio de la protesta gremial frente a la Legislatura, emergió un nuevo foco de cuestionamiento: el Artículo 4. Si bien no es el punto más conflictivo del proyecto, su incorporación abre un nuevo capítulo en el debate, al redefinir el concepto de personal de gabinete y habilitar cargos fuera de escalafón con sueldos atados al del gobernador.
La reforma incorpora como primer párrafo del artículo 6 del Decreto Ley N° 560/73 una definición ampliada de personal de gabinete, incluyendo no solo ministros, subsecretarios y asesores, sino también secretarios privados del Ejecutivo, de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte. Estos cargos, al quedar fuera de escalafón, no requieren concurso ni carrera administrativa, y sus sueldos se indexan directamente al del gobernador.
Al ser considerados cargos políticos, los nuevos funcionarios cesan automáticamente al finalizar la gestión, lo que refuerza su carácter transitorio pero altamente remunerado.
“Crean cargos fuera de nivel para amigos. Una cosa es crear cargos en el Estado y otra crear cargos fuera de nivel. Estamos hablando de casi 400 punteros políticos que van a estar enganchados al sueldo del gobernador y lo va a pagar la ciudadanía”, denunció Roberto Macho, dirigente de ATE.
El sindicalista remarcó a ElEditor Mendoza que "en Mendoza hay 328 cargos de directores fuera de nivel entre entes autárquicos, centralizados y descentralizados, centros de salud, hospitales, entidades públicas. El problema es que van a multiplicar los ñoquis militantes con sueldos de más de 3 millones y medio de pesos de sueldo a personas a las que no se les pide ninguna condición. Van a cobrar como un intendente".
La gremialista Raquel Blas (SITEA-CTA autónoma) advirtió que el Ejecutivo ya tenía libertad para crear asesores sin control, y desde hace años los gremios piden un limitante a los ingresos discrecionales. "Si están aduciendo una cuestión presupuestaria, porque dicen que por los fallos de la Corte han tenido que pagar los salarios caídos. lo primero que deberían hacer es poner un limitante. Porqué un ministro tiene que tener cantidad ilimitada de asesores cuando está la planta permanente del Estado?", indicó a este diario la dirigente.
“Se termina creando una superestructura de ñoquis que cuando nos descuidemos van a pasar a la planta interina”, alertó.
Los gremios citan el Artículo 29 de la Constitución provincial, que impide a la Legislatura modificar convenios colectivos de trabajo. “Lo que hacen es tirar abajo todos los convenios existentes en el Estado provincial”, sostuvo Macho.
Cinco artículos que profundizan la precarización Además del artículo 4, el proyecto incluye disposiciones que, según denuncias gremiales, legalizan la precarización, borran trayectorias laborales y habilitan cesantías sin defensa:
Interinos sin derechos (Artículo 4 bis) Se crea la figura del personal interino, que podrá ser despedido sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación, incluso si el despido es declarado nulo.
“El personal interino no goza de estabilidad propia, por lo que podrá ser cesado sin necesidad de sumario previo ni derecho a indemnización ni a reinstalación.” “El personal interino no tendrá derecho al cómputo de antigüedad previa a su designación como tal, cualquiera sea la modalidad de prestación anterior.”
Castigo sin apelación (Artículo 53) Las sanciones de hasta 15 días no podrán ser impugnadas, lo que habilita cesantías encubiertas por acumulación de suspensiones.
“No serán recurribles las sanciones disciplinarias de suspensión de hasta quince (15) días, salvo que se alegue y acredite abuso de poder, discriminación o violación de derechos fundamentales.”
Fin de salarios caídos e indemnización recortada (Artículos 50 y 5) Aun si el despido es declarado nulo, el trabajador no cobrará los sueldos retenidos. Además, se elimina la escala indemnizatoria por antigüedad, fijando un monto único del 100% del último salario.
“La indemnización será equivalente al cien por ciento (100%) del último haber mensual percibido, cualquiera sea la antigüedad del agente.”
Reforma transversal La modificación del Estatuto impacta en todos los regímenes laborales estatales: docentes, celadores, personal de salud, judiciales, administrativos, policías, penitenciarios y contratados.