Precarización legalizada.

Los gremios van a la Legislatura por el plan de Cornejo para desmantelar el Estatuto del Empleado Público

La avanzada del oficialismo para meter mano en el Estatuto que ampara a los estatales encendió las alarmas de los gremios. Los detalles del proyecto.

El Editor Mendoza | Gabriela Valdés
Por Gabriela Valdés
3 de septiembre de 2025 - 07:41

La reforma del Estatuto del Empleado Público impulsada por Alfredo Cornejo pasó en tiempo récord por las comisiones y a sólo una semana de haber desembarcado en la Legislatura se discutirá este miércoles en Diputados. La iniciativa encendió todas las alarmas de los gremios estatales, especialistas en derecho laboral y trabajadores autoconvocados, que denuncian que el proyecto representa una “reforma laboral encubierta”, regresiva e inconstitucional, que amenaza derechos adquiridos de más de 100 mil empleados públicos en la provincia. Se manifestarán desde las 9 en la Legislatura.

La reforma modifica la Ley 560/73, norma madre del empleo estatal, y propone un nuevo régimen de ingreso, sanción y despido que, según denuncian, legaliza la precarización, borra trayectorias laborales y habilita cesantías sin defensa. La CGT Regional Mendoza convocó a una concentración masiva frente a la Legislatura este miércoles 3 de septiembre, en rechazo a lo que consideran “una avanzada autoritaria contra la estabilidad y la dignidad del trabajo público”.

cuadro estatuto

Estarán los gremios nucleados bajo la CGT Regional Mendoza (como UPCN, Camioneros, la UOM, Sadop, Sipes, Luz y Fuerza, entre otros), y también acudirán ATE los profesionales de la salud nucleados en AMPROS, Judiciales, la CTA Autónoma, SITEA y Autoconvocados del Hospital Central.

"Están creando una nueva planta. El Estado no convocó a concurso, se admitieron prestaciones, en vez de mandar preso al funcionario que lo hizo quieren pasar a todos estos trabajadores a una planta interina sin derechos. Todos los años hasta el 2015 se preguntaba al Gobierno en la paritaria: '¿ustedes hicieron concurso?' Todos estos trabajadores en negro que la idoneidad ya la demostraron se ponía en el acuerdo paritario, lo homologaba el Gobernador y se discutía en la Legislatura. Ahora qué quieren hacer, alterar la figura de la estabilidad que establece la Constitución porque tampoco lo pueden hacer con una ley", señaló Blas a ElEditor Mendoza.

La medida afecta especialmente a contratados, prestadores y personal de salud que lleva años en funciones sin pase a planta.

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En comisiones de la Legislatura:  Claudia Iturbe (AMPROS), Raquel Blas (Sitea-CTA) y Uma Flores (Autoconvocados del Central), rodearon a los enviados por Cornejo para defender el proyecto.

En comisiones de la Legislatura: Claudia Iturbe (AMPROS), Raquel Blas (Sitea-CTA) y Uma Flores (Autoconvocados del Central), rodearon a los enviados por Cornejo para defender el proyecto.

La anulación de la trayectoria laboral

El artículo 9 del proyecto establece que los interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, sin importar los años de servicio bajo otras modalidades.

“Un enfermero con diez años de trabajo pasaría a ser interino con antigüedad cero. Es una negación brutal del recorrido laboral”, advirtieron algunos trabajadores precarizados del Hospital Central, quienes piden por el pase a plata desde la pandemia.

La disposición vulnera principios constitucionales y desconoce la realidad de miles de trabajadores que sostienen el sistema público desde la informalidad estructural.

Castigo sin defensa: las cesantías encubiertas

Otro artículo polémico es el 53, que impide impugnar sanciones de hasta 15 días. En la práctica, esto habilita cesantías encubiertas, ya que el Estatuto vigente establece que más de quince días de suspensión en seis meses es causal de despido. Bastaría con dos sanciones de siete días —sin posibilidad de apelación— para que un trabajador quede fuera del sistema.

“Se elimina el derecho a defensa y se habilita el castigo discrecional. Es una herramienta de disciplinamiento laboral”, alertó Blas cuando el proyecto desembarcó en las comisiones la semana pasada.

Salarios caídos por despidos e indemnización recortada

El artículo 50 introduce una limitación grave: aun cuando un despido sea declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso.

“La declaración de nulidad del acto de cesantía no generará derecho a percibir los salarios caídos, salvo que se acredite que la cesantía fue consecuencia de persecución sindical o discriminación.”

Además, el artículo 5 modifica el régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto. Actualmente, la indemnización se calcula como un mes de sueldo por cada año de servicio, con una escala que reconoce la antigüedad. El proyecto elimina esta escala y fija el cálculo en el 100% del último salario para todos los casos.

“La indemnización será equivalente al cien por ciento (100%) del último haber mensual percibido, cualquiera sea la antigüedad del agente.”

Esto representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público. Esto representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.

Reforma transversal: todos los sectores en riesgo

La reforma impacta en todos los regímenes laborales que se rigen por el Estatuto como norma supletoria: docentes, celadores, personal de salud, judiciales, administrativos, policías, penitenciarios y contratados quedan expuestos a un nuevo marco de inestabilidad.

Gremios como AMPROS, SITEA, SIPES, ATE y Autoconvocados del Hospital Central advirtieron que el proyecto consolida un modelo de precarización estructural, elimina derechos adquiridos y vulnera principios básicos como la estabilidad laboral, la antigüedad y el derecho a defensa. Gremios como AMPROS, SITEA, SIPES, ATE y Autoconvocados del Hospital Central advirtieron que el proyecto consolida un modelo de precarización estructural, elimina derechos adquiridos y vulnera principios básicos como la estabilidad laboral, la antigüedad y el derecho a defensa.

La Legislatura como escenario de protesta

La CGT Regional Mendoza convocó a todos los sindicatos estatales y municipales a movilizarse este miércoles frente a la Legislatura, donde comenzará el tratamiento del proyecto.

“La participación de cada gremio es imprescindible. Necesitamos presencia activa y comprometida”, expresaron los delegados Luis Márquez y Ricardo Letard en el comunicado oficial.

"La modificación del Estatuto del Empleado Público es un proyecto que pone en riesgo los derechos conquistados", remarcó AMPROS en la convocatoria a sus afiliados para hoy.

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