Interinos sin derechos: una figura inconstitucional
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la creación del “personal interino”. Según el artículo 4 bis del texto presentado, este nuevo tipo de trabajador “no goza de estabilidad propia”, lo que implica que podrá ser despedido sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación.
“La figura del interino es absolutamente inconstitucional. No existe en la Constitución Nacional ni en la de Mendoza. Es una forma de legalizar la precarización y dejar al trabajador estatal sin ninguna garantía”, advirtió Raquel Blas, referente de SITEA y de la CTA Autónoma.
La estabilidad atacada
La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, y la Constitución de Mendoza, en su artículo 30, garantizan la estabilidad en el empleo público como un derecho fundamental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que esta estabilidad no solo protege el puesto de trabajo, sino también las condiciones en que se desarrolla, impidiendo modificaciones arbitrarias por parte de la administración.
"La estabilidad laboral es un principio constitucional de la provincia de Mendoza, de la Constitución Nacional, del artículo 14 bis. Un derecho reconocido a los pactos internacionales, eh que tiene que ver no solamente con la protección de los trabajadores, sino con el entendimiento de que eh en el estado la patronal es político-partidaria, y que en muchos casos lo que el ciudadano vota es solamente el gobernador, pero que después para abajo viene todo el armado absolutamente arbitrario que hacen los gobiernos. Entonces la estabilidad laboral se convierte en esa garantía de transparencia de cualquier estado porque permite que el trabajador estatal cumpla con esa otra obligación que tiene por el Estatuto del Empleado Público, que es la de denunciar cualquier tipo de irregularidad que llegue a su conocimiento", se explayó Blas.
“Quieren instalar un régimen de disciplinamiento. Un trabajador sin estabilidad no puede denunciar irregularidades, no puede defender la transparencia del Estado. Es una reforma para callar al empleado público”, agregó Blas. La dirigente calculó que el Gobierno prepara un escenario de despidos masivos en el Estado con esta reforma y recordó el caso de César Castillo "un trabajador excelente y comprometido, que por denunciar acciones de violencia institucional y pedir sus derechos mínimos que es estar en blanco fue despedido sin derecho a sumario. Esto quieren hacer en el conjunto del Estado provincial".
Más de 100 mil agentes alcanzados
Los gremios estiman que el universo afectado supera los 100.000 trabajadores estatales, incluyendo docentes, celadores, personal de salud, judiciales, administrativos, policías, penitenciarios y contratados. El Estatuto funciona como norma supletoria en múltiples regímenes laborales, por lo que su modificación impacta transversalmente en todos los sectores.
“Acá lo que se está planteando es una reforma laboral, con la pérdida de la estabilidad laboral, para que una persona que no esté en planta y contemplada dentro de los Convenios Colectivos de Trabajo, pueda ser echada. No corresponde, porque el trabajador que es contratado o prestador tiene todo el derecho a pasar a planta permanente, ya que viene cumpliendo funciones laborales habituales, normales y continuas dentro del Estado provincial”, apuntó Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza, que este miércoles tendrá asambleas para analizar con las bases el Estatuto.
Antigüedad cero y cesantías encubiertas
El artículo 9 del proyecto establece que los trabajadores que ingresen como interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado bajo figuras contractuales precarias. En la práctica, un prestador de salud con diez años de trabajo pasaría a ser interino con antigüedad cero.
Esta disposición desconoce la realidad laboral de miles de trabajadores y vulnera principios constitucionales, legales y humanos. El trabajo realizado no solo es ignorado, sino que se lo trata como inexistente, negando años de servicio y compromiso con el sistema público.
Además, el artículo 53 impide impugnar sanciones de hasta 15 días, lo que habilita cesantías encubiertas. El propio Estatuto establece que más de quince días de suspensión en seis meses es causal de despido. Así, bastaría con que un superior jerárquico aplique dos sanciones de siete días —sin posibilidad de impugnación— para que el trabajador quede en situación de cesantía.
Es una reforma que habilita el castigo sin defensa. El trabajador queda a merced del jefe, sin posibilidad de apelar ni defenderse. Es una herramienta de disciplinamiento y persecución, denunció Blas. Es una reforma que habilita el castigo sin defensa. El trabajador queda a merced del jefe, sin posibilidad de apelar ni defenderse. Es una herramienta de disciplinamiento y persecución, denunció Blas.
Sin salarios caídos ni indemnización justa
El artículo 50 introduce una limitación grave: aun cuando un despido sea declarado nulo por vía administrativa o judicial, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso. Esto implica que, incluso si se demuestra que el despido fue arbitrario, el Estado no deberá pagar los sueldos retenidos ilegítimamente.
La situación es aún más grave para los interinos, ya que el proyecto establece que no tendrán derecho a la reinstalación, incluso si logran un fallo favorable. En casos de persecución sindical o despidos sin causa, el trabajador interino quedaría completamente desprotegido. La situación es aún más grave para los interinos, ya que el proyecto establece que no tendrán derecho a la reinstalación, incluso si logran un fallo favorable. En casos de persecución sindical o despidos sin causa, el trabajador interino quedaría completamente desprotegido.
Además, el artículo 5 modifica el régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto. Actualmente, la indemnización por eliminación de dependencia se calcula como un mes de sueldo por cada año de servicio, con una escala que reconoce la antigüedad. El proyecto elimina esta escala y fija el cálculo en el 100% del último salario para todos los casos, lo que representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.
Gremios movilizados: asambleas y acciones legales
Ante este escenario, ATE convocó a asambleas en toda la provincia este miércoles, como primer paso de un plan de lucha que podría incluir paro provincial y movilizaciones. También se prevén presentaciones judiciales por inconstitucionalidad, dado que la reforma vulnera tratados internacionales de derechos laborales.
“No vamos a permitir que se legalice la inestabilidad. Esta reforma no es técnica: es política, y busca debilitar al trabajador estatal como sujeto de derechos”, concluyó Macho.
Gob Mza_HCD_Proyecto Modific Estatuto Empleado _250821_193331 (1)
