La reforma destinada a replantear las condiciones laborales de los estatales generó cruces entre referentes gremiales y enviados del Gobierno. Los detalles.
Iturbe, Blas y Flores abordaron a Canet y a Urrutigoyti al término de la reunión de la comisión de LAC por la reforma del Estatuto del Empleado Público.
Victoria Pavez Morales Iturbe, de AMPROS, con Urrutigoyti, defensor del proyecto de Cornejo.
Victoria Pavez Morales La mesa de autoridades de LAC junto a los enviados para defender el proyecto de Cornejo.
Victoria Pavez Morales Roberto Macho, líder de ATE.
Victoria Pavez MoralesEl intento de Alfredo Cornejo de reforma del Estatuto del Empleado Público quitándole estabilidad y sin reconocer antigüedad a miles de prestadores y trabajadores que se desempeñan con modalidad de trabajo precaria desde años generó una tensa reunión en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales este martes, cuando referentes gremiales acudieron a la defensa del proyecto que intentaron el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y Javier Urrutigoyti, por parte del oficialismo.
Los enviados de Cornejo intentaron dar visos legales a la reforma amparándose en fallos de la Suprema Corte y recurrieron una y otra vez al sacrosanto ejemplo de "darle explicaciones a los que pagan los impuestos".
Uno de los puntos de mayor controversia del proyecto es la creación del empleado "interino". El artículo 9 del proyecto establece que los trabajadores que ingresen como interinos no tendrán reconocido ningún día de antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado bajo figuras contractuales precarias. En la práctica, un prestador de salud con cinco o diez años de trabajo en la misma dependencia pasaría a ser interino con antigüedad cero.
En hospitales y centros de salud de Mendoza hay más de 2 mil trabajadores, reconocidos por el Estado, en esa situación, batallando por ingresar a planta. Otro tanto ocurre por ejemplo con los guardaparques, que antes de entrar a planta pasan varios años como prestadores. La incógnita, además, es qué pasará con quienes ingresen de aquí en más al Estado bajo las figuras discrecionales que se crean bajo este nuevo Estatuto.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la creación de la figura del “personal interino”. Según el artículo 4 bis del texto presentado, este nuevo tipo de trabajador “no goza de estabilidad propia”, lo que implica que podrá ser despedido sin causa justificada, sin indemnización y sin derecho a reinstalación.
La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, y la Constitución de Mendoza, en su artículo 30, garantizan la estabilidad en el empleo público como un derecho fundamental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que esta estabilidad no solo protege el puesto de trabajo, sino también las condiciones en que se desarrolla, impidiendo modificaciones arbitrarias por parte de la administración.
Tras la reunión de comisión, tres gremialistas enfrentaron a Canet y a Urrutigoyti: Raquel Blas (de Sitea), Claudia Iturbe (AMPROS) y Uma Flores (Autoconvocados del Central), y le cuestionaron la desprotección de miles de trabajadores de la salud que desde la pandemia trabajan con contratos precarios o que directamente le facturan por sus servicios al Estado, boyando entre hospitales y centros de salud sometidos al pluriempleo.
"Están creando una nueva planta. El Estado no convocó a concurso, se admitieron prestaciones, en vez de mandar preso al funcionario que lo hizo quieren pasar a todos estos trabajadores a una planta interina sin derechos. Todos los años hasta el 2015 se preguntaba al Gobierno en la paritaria: '¿ustedes hicieron concurso?' Todos estos trabajadores en negro que la idoneidad ya la demostraron se ponía en el acuerdo paritario, lo homologaba el Gobernador y se discutía en la Legislatura. Ahora qué quieren hacer, alterar la figura de la estabilidad que establece la Constitución porque tampoco lo pueden hacer con una ley", señaló Blas a ElEditor Mendoza.
"Ni siquiera los van a pasar a planta bajo esta modalidad porque tendrían que crear el cargo. Hablan fuera de la realidad", indicó a su turno Iturbe, quien enfrentó a Canet por los miles de prestadores y contratados de salud que batallan por pasar a planta permanente y en pandemia estuvieron en la primera línea de pelea contra la COVID-19. Trabajadores en esta condición también están nucleados en el Sindicato Provincial de Estatales de la Salud (SIPES), cuyos referentes también convocaron a la comisión.
El diputado José Luis Ramón (Protectora) cuestionó sobre el proyecto: “Van a legitimar por ley lo que viene ocurriendo con fallos de la Suprema Corte”, otorgando indemnizaciones sin sentencia judicial y sin reconocer la estabilidad del empleo público.
Le respondió Urritigoyti: "Eso de que en la Corte hay una pelea política deja sin explicación el voto del juez (Julio) Gómez, tampoco explica el voto disidente que en este caso ha votado con Gómez. Esto no es un problema de mayorías políticas. En el tema de los salarios caídos... Hay premisas falsas que lo llevan a sostener que es inconstitucional. Las premisas de su razonamiento son falsas. Hay que terminar con todas estas discusiones sabiendo que no es inconstitucional la solución".
Gabriela Lizana cuestionó el punto de los salarios que dejan de percibir trabajadores que son suspendidos o echados por sanciones. "El empleado público no es la casta, es una persona que trabaja para la administración pública. Los impuestos siguen siendo tan caros como siempre, y estamos bastante cansados de los impuestos. Como legisladores tenemos que defender a los de los trabajadores".
Cuando la reunión estaba a punto caramelo en plena ebullición, Roberto Macho, líder de ATE, se trenzó a los gritos con Beatriz Martínez, miembro de la comisión y ex referente de las paritarias durante el gobierno de Rodolfo Suarez. Mientras Macho pedía explicaciones a los legisladores, Martínez pidió que no se interrumpiera a los expositores.
Macho dijo que el proyecto de Cornejo es "un proyecto de reforma laboral inconstitucional" y anticipó que "así como está no pasa". El intercambio subió a mayores, Macho no bajó la tensión y los gritos derivaron en la interrupción de la comisión.
Algunos de los puntos polémicos del proyecto de Cornejo se resumen en el siguiente cuadro: