Irrigación había abierto un sumario a María Emilia Scatolón por rendiciones de cuentas con irregularidades en medio de las denuncias por contaminación.
Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaMaría Emilia Scatolón, inspectora de cauce del canal Matriz Lunlunta fue desplazada de su cargo al ser inhabilitada durante 5 años por Irrigación. El sumario que se le abrió por rendiciones de cuentas con irregularidades concluyó que efectivamente incumplió requisitos, fue sancionada y debe devolver plata.
La decisión de investigar a la inspectora había despertado la polémica meses atrás porque fue quien levantó la voz contra YPF y las denuncias de tierra empetrolada en esa zona de Maipú. El motivo del sumario era por las rendiciones de cuentas que debe hacer y que tenían irregularidades y las sospechas sobre represalias no se hicieron esperar.
La investigación avanzó y el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) dio a conocer el resultado, a través de la resolución 253 y en la que se define el futuro de la funcionaria, quien se desempañaba desde 2011, y que terminó sancionada por no presentar en tiempo y forma la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022, la cual fue presentada de manera incompleta en setiembre de 2024.
Por ejercicios anteriores le habían impuesto sanciones menores, como llamados de atención y cargos de devolución o multas, por no ajustarse al procedimiento reglado por las rendiciones de cuentas (hoy, resolución N° 602/21 HTA).
En octubre de 2024, el HTA dispuso la intervención preventiva de esa inspección y el inicio de una investigación administrativa debido a denuncias formuladas por terceros. Paralelamente, avanzaban las críticas al Gobierno del agua por la aparición de petróleo en tierras de esa zona maipucina -y posible contaminación- situación que detonó una investigación judicial.
El 20 de agosto pasado, el HTA concluyó esta pesquisa diciendo que eran evidentes las irregularidades, "incluyendo pagos y aportes no correspondientes a períodos trabajados y la presentación de documentos con firmas falsificadas. Estas anomalías fueron corroboradas con prueba objetiva y llevaron a la imposición de sanciones administrativas severas".
En virtud de eso, el HTA dictó la resolución N° 253/25 para imponerles la sanción de inhabilitación a todo el cuadro de autoridades inspectora y delegados por ser responsables solidarios, prohibiéndoles ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por cinco años, además de la destitución del cargo en vigencia.
Asimismo se ha requerido la devolución de fondos a la Inspección de Cauce por un monto de $3.608.523,62, correspondiente al valor de los sueldos brutos y las contribuciones no abonadas a los denunciantes, más intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a la cuenta personal de Scatolón.
Desde Irrigación aclararon que "los montos involucrados son de gran cuantía" y que "se seguirán realizando investigaciones adicionales conforme a los procedimientos establecidos. Concordantemente, las irregularidades denunciadas, investigadas y concluidas abarcan los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, y podrían ampliarse al resto de los comprobantes y gastos presentados por la Inspección de Cauce a sus regantes en la asamblea de rendición de cuentas".
"La rendición de cuentas del ejercicio 2024 'no ha sido aprobada' por sus regantes, lo que indica que no cumple con los requisitos de la resolución N° 602/21 HTA. Por lo tanto, el HTA ha resuelto la 'no integración' de los ejercicios anuales 2023 y 2024, y el inicio de una nueva investigación sumarial administrativa que abarque en forma integral los ejercicios 2022, 2023 y 2024", agregaron desde el DGI.