-Aseguran que hay un vacío legal en torno a la cadena de tratamiento y deposición de efluentes.
-Son los que se transportan en camiones atmosféricos.
El transporte de los efluentes está en debate en la Legislatura.
El Senado aprobó la ley que regula la recolección, el transporte, la operación, la descarga y la disposición final de efluentes luego de aplicar modificaciones en el proyecto que recibió aprobado de Diputados, por lo cual la iniciativa volverá a ser votada en el plenario de la Cámara Baja.
El texto establece un marco normativo riguroso en torno a la cadena de tratamiento de los efluentes. Originado por la diputada Érica Pulido, con apoyo de Ricardo Triviño, ahora será sometido a revisión en la cámara iniciadora.
El senador Oscar Sevilla, quien actuó como miembro informante del proyecto, dijo que si bien la provincia cuenta con la Ley 5917 de Residuos Peligrosos y la Ley 5961 de Preservación del Medio Ambiente como marcos normativos fundamentales, existe un vacío legal respecto a la actividad específica de los camiones atmosféricos. Estos vehículos, centrales en la recolección de efluentes industriales y efluentes cloacales, operaban sin un control centralizado que garantizara la trazabilidad y seguridad de sus cargas.
Para subsanar esta deficiencia, la nueva norma regula de manera exhaustiva todo el circuito de estos desechos y designa al Departamento General de Irrigación como la autoridad de aplicación. Este organismo tendrá a su cargo la responsabilidad indelegable de fiscalizar, habilitar y controlar el correcto funcionamiento del sistema en todo el territorio provincial.
Uno de los puntos más innovadores detallados por Sevilla es la obligatoriedad de un manifiesto de carga electrónico y la implementación de un sistema de geolocalización en las unidades de transporte. Estas herramientas permitirán el monitoreo constante de los camiones, una medida clave para erradicar las descargas clandestinas en sitios no autorizados. El proyecto fue respaldado explícitamente en el recinto por el senador Gerardo Vaquer, del bloque Justicialista, y por el legislador Martín Rostand, de la Unión Mendocina.
Cabe destacar que los cambios introducidos al texto original fueron consensuados con la propia autora, la empresa estatal Aysam y representantes del Ejecutivo provincial. Entre las reformas más importantes se encuentra la modificación del artículo 11, el cual ahora exige que todo efluente industrial reciba un pretratamiento en el establecimiento generador antes de su traslado. Esto asegura que la carga sea compatible con los parámetros de la planta de destino. Asimismo, se realizaron ajustes técnicos en los artículos 17 y 23, modificando el régimen sancionatorio tras un acuerdo en comisiones.
El corazón de esta regulación es la creación del Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales. La inscripción en este padrón público será una condición indispensable para operar e implicará el pago de un canon destinado a financiar el control y la preservación del recurso hídrico.
La legislación define claramente las responsabilidades de los actores involucrados: el generador responderá por la naturaleza del desecho; el transportista deberá garantizar un traslado seguro sin mezclar sustancias ni almacenar cargas por más de 48 horas; y el operador será el garante final de la correcta recepción y tratamiento.
Finalmente, para asegurar el cumplimiento de estas directrices orientadas a proteger la salud pública y la seguridad vial, se estipuló un severo esquema de penalidades. Quienes infrinjan la ley enfrentarán apercibimientos, multas económicas, suspensiones, clausuras, decomisos o la caducidad de sus habilitaciones, sumado a la obligación de garantizar la recomposición ambiental frente a cualquier daño.