-Transener es la transportista de alta tensión eléctrica que está en proceso de privatización.
-El gobierno amplió el tiempo del concurso público.
Daniel Vila y José Luis Manzano van por Trnsener, la transportadora de alta tensión.
El Gobierno avanza con la venta de la principal red de alta tensión del país. La privatización de Transener, la empresa que constituye la verdadera columna vertebral del sistema eléctrico de la Argentina, fue lanzada a fines del año pasado mediante un concurso público abierto, orientado tanto a oferentes locales como internacionales. Hoy se encuentra en una etapa decisiva que mantiene en vilo al mercado financiero y al sector energético nacional.
El proceso licitatorio, cuya apertura de sobres se reprogramó para mediados de este mes (abril 2026) para fomentar una mayor competencia foránea, tiene a un gran protagonista: José Luis Manzano. El empresario, junto a sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti, busca coronar su expansión. A través de Edenor, el holding de Manzano analiza presentar una fuerte oferta, coordinada por Daniel Marx, por la porción de Enarsa valuada en cerca de USD 200 millones.
La situación de José Luis Manzano, sin embargo, genera recelos internos en el Gobierno. Si bien el magnate demostró su poder de expansión —apuntando recientemente a Metrogas, en la que entró como socio, y a la red de estaciones de Shell, por la que negoció sin éxito—, en la interna gubernamental, funcionarios de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía consideran que otorgarle Transener implicaría una concentración excesiva, ya que pasaría de dominar la distribución a controlar la mayor vía de transporte energético de la nación.
Frente a las aspiraciones de José Luis Manzano, la puja suma a otros oferentes de enorme envergadura que no cederán terreno. Uno de los candidatos locales destacados es Genneia, la compañía presidida por Jorge Brito. También irrumpe en escena Edison Energía, firma comandada por Juan Neuss y Patricio Neuss, quienes conformarían un consorcio íntegramente nacional. Finalmente, se aguarda la definición de Central Puerto, configurando un escenario de feroz disputa. El Poder Ejecutivo buscará maximizar sus ingresos, y el destino del transporte eléctrico se definirá en los próximos días.
La iniciativa oficial implica la venta de la participación estratégica que Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) mantiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla a la operadora de la red. Esta medida se apoya de manera estricta en el marco legal vigente, declarando formalmente a Transener como empresa “sujeta a privatización” y habilitando de este modo la venta escalonada de sus acciones para asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de nuevas obras. El procedimiento, diagramado en varias etapas, prioriza la máxima transparencia y la apertura a inversores para dotar de solidez al sector.
Actualmente, el Estado argentino controla de manera indirecta el 26,32% del capital accionario de Transener a través de Enarsa, que posee exactamente el 50% de Citelec en sociedad junto a Pampa Energía, la poderosa compañía fundada por Marcelo Mindlin. La estructura accionaria se completa con la tenencia en manos de la Anses y el capital flotante que cotiza en el mercado bursátil local. Además, Citelec no solo domina el plano nacional; también tiene participación en Transener Internacional, con operaciones en Brasil, y en Transba, a cargo del transporte troncal en la extensa provincia de Buenos Aires.
Las dimensiones de Transener explican el gran apetito corporativo: la compañía administra en la actualidad más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, a los que se suman más de 6.000 kilómetros bajo la gestión de su controlada. Esto representa alrededor del 85% de la red de alta tensión, al mismo tiempo que supervisa rigurosamente el 15% restante de todo el territorio nacional argentino.
La enajenación de esta participación estatal en la transportista eléctrica apunta a captar nuevos fondos frescos para el Tesoro Nacional. El Gobierno ya concretó la exitosa venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue por unos USD 700 millones, lo que permitió reforzar las reservas internacionales en la previa de compromisos financieros relevantes para el país.