El Gobierno espera cortar vínculos ilegales desde las cárceles y garantizar la disposición responsable de residuos electrónicos, como celulares.
Compactaron celulares decomisados en las cárceles de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza inició la destrucción de más de 5.000 teléfonos celulares secuestrados en las cárceles provinciales. La medida, encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, forma parte de un plan integral de seguridad que incluye controles al estilo aeropuerto, bloqueo de señales, trabajo y educación intramuros.
Además, anunciaron que pretenden un manejo responsable de los residuos electrónicos generados.
La primera jornada de destrucción se realizó en la playa de secuestros del Servicio Penitenciario y contó con la colaboración de la Municipalidad de Godoy Cruz, que aportó una aplanadora para garantizar la eliminación de los dispositivos y su correcta disposición final a través del programa RAEE.
“Estamos destruyendo miles de teléfonos móviles incautados en la penitenciaría. Tras el decomiso, y una vez que quedaron limpios, pasamos a su eliminación total. Es la primera de varias destrucciones masivas”, señaló el gobernador Alfredo Cornejo.
La ministra Mercedes Rus explicó que los celulares incautados estaban relacionados con delitos como estafas, tráfico de drogas y difusión de material de abuso sexual. “Esto hace a la seguridad de los mendocinos, porque evita que se cometan delitos hacia afuera de los penales”, afirmó.
Desde diciembre de 2023 no se permiten celulares en las listas judiciales habilitadas, y cada dispositivo hallado es confiscado y destruido. Además, se aplican sanciones a los internos que los poseen.
Para reforzar el control, se implementó un Sistema Único de Ingreso con escáneres, detectores de metales y cámaras de videovigilancia, que ya permitió descubrir intentos de ingreso de drogas por parte de agentes penitenciarios y personal externo. “Con este modelo buscamos un sistema penitenciario más seguro y transparente”, explicó la ministra.
El plan integral también apunta a reducir el ocio intramuros. Según Rus, se ampliaron convenios con el Ministerio de Educación y universidades, lo que duplicó la matrícula de estudiantes secundarios y universitarios dentro de las cárceles. Además, se impulsan programas de capacitación laboral para ofrecer a los internos herramientas que favorezcan su reinserción social.