- El Gobierno mandó a la Legislatura dos proyectos anunciados por Alfredo Cornejo el 1° de mayo
- Qué pasará con el Fondo de la Transformación
Alfredo Cornejo y Víctor Fayad.
El gobernador Alfredo Cornejo había anunciado, el 1° de mayo, que avanzaría con cambios en el Fondo para la Transformación. Se sumó la Dirección de Administración de Activos ex Bancos Oficales (DAABO). Los dos proyectos ya ingresaron a la Legislatura para ser convertidos en ley, un aval necesario.
"Estamos modificando las herramientas a través de las cuales la provincia promueve el acceso del sector productivo al financiamiento. Se disuelve, entonces, el fondo para la transformación y se apunta a concentrar en 2 herramientas específicas, el financiamiento del sector productivo, básicamente, lo que es subsidio de tasa, y fortalecimiento del sistema de garantías", explicó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.
En ese sentido, indicó que con los cambios, la Provincia "va a dejar de financiar de manera directa el sector productivo descansando en el sistema financiero, impulsándolo con las herramientas que dije recién. La provincia cree, y y estamos convencidos, y hemos demostrado que es mucho más efectivo aportar al financiamiento vía subsidio de tasa, que es algo ya estamos haciendo".
El proyecto propone la refuncionalización de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y establece una nueva estrategia enfocada en herramientas más eficientes y de mayor alcance. Entre las nuevas funciones que se priorizarán se encuentran:
• Subsidio de tasas de interés para créditos otorgados por entidades financieras privadas.
• Fortalecimiento de las capacidades de las pymes mendocinas para mejorar su acceso al sistema financiero tradicional.
• Intervención ante situaciones coyunturales o emergencias económicas que requieran asistencia específica.
La otra iniciativa es para cerrar definitivamente los activos remanentes de los ex bancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década del 90. "La iniciativa busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años", argumentaron desde el Gobierno.
"En concreto, el proyecto propone dar de baja créditos que por distintas razones pueden ser desincorporados de la base de datos, tras el análisis técnico y jurídico realizado. Se trata de créditos que han sido considerados incobrables, por prescripción, conclusión de quiebras, insolvencia de los deudores o la imposibilidad de avanzar en su cobro por resultar antieconómico, entre otras situaciones", dice el comunicado.
En este sentido, se prevé eliminar del Sistema de Información Contable provincial (Sidico) tanto las deudas sin juicio como aquellas con procesos judiciales ya caducos o prescriptos, así como los casos de deudores en estado de quiebra en cuyos procesos se haya dictado la conclusión sin posibilidad de continuar la percepción de créditos. La medida se basa en relevamientos realizados por organismos técnicos y auditorías especializadas.
Además, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a continuar con la depuración de otros activos en condiciones similares, bajo criterios como la falta de documentación, el alto costo de los procesos judiciales o la inviabilidad de su recuperación.
"En este punto, desde el área técnica se advierte que la magnitud de las operaciones involucradas y los costos asociados a su eventual tramitación judicial hacen que cualquier intento de recupero resulte claramente antieconómico para el Estado. Aun bajo estimaciones conservadoras, avanzar en estos procesos implicaría destinar recursos significativos del erario, sin garantías de recupero efectivo", argumenta el Gobierno.