A más de un año del fallecimiento de Faustino en una escuela de verano, se registran avances en la investigación judicial y se reitera el pedido de tratamiento de un proyecto de ley que busca regular este tipo de actividades en la provincia. El pedido del PJ, y de la familia del niño, por una ley que no avanza.
El trágico hecho se dio en febrero del año pasado, en el Marista Rugby Club cuando un niño de 5 años murió ahogado mientras realizaba las actividades de la escuela de verano. El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación que, según el abogado de la familia, tuvo avances mientras el peronismo presiona por una ley.
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La senadora Adriana Cano, jefa de bloque del PJ.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Los avances en la investigación
El abogado de la familia, Gastón Andino, informó que actualmente hay cuatro personas imputadas y que se ha solicitado la ampliación de la imputación a otros posibles responsables, incluyendo autoridades del club, de la empresa prestadora del servicio y coordinadores.
En relación a los elementos incorporados a la causa, Andino señaló “Está acreditado en el expediente que no contaban con una pileta para niños. La única pileta del predio es una pileta de adultos, con profundidades bastante considerables”.
Asimismo, indicó que esta situación resulta central en la investigación. “Esto demuestra que se estaba brindando un servicio de escuela de verano para niños en un predio que no estaba en condiciones”. Respecto a la modalidad del servicio, agregó “Era un servicio tercerizado, pero no estaba formalizado”.
El proyecto que duerme en Diputados
En paralelo, la senadora Adriana Cano recordó que existe un proyecto de ley de su autoría, con media sanción del Senado, que propone regular el funcionamiento de las escuelas de verano en Mendoza, y que aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados.
“Es un proyecto que venimos trabajando con participación de actores públicos y privados, profesores de educación física e instituciones de formación”, explicó.
La iniciativa contempla la creación de un registro específico dentro del sistema provincial, con requisitos vinculados a la infraestructura, la seguridad y la idoneidad del personal. “Creemos que estos vacíos legales hacen que las responsabilidades tarden en determinarse. Con una regulación clara, se podrían establecer condiciones y responsabilidades desde el inicio ”.
Y agregó “Se trata de que las familias puedan saber quiénes están a cargo, cuáles son las condiciones del lugar y qué formación tienen quienes cuidan a los niños”.
El pedido de la familia
Por su parte, la familia de Faustino expresó la necesidad de avanzar con medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a ocurrir. “Nosotros creemos que esto se podría haber evitado”, manifestaron.
También señalaron la importancia del rol adulto en estos espacios: “Somos los adultos los responsables de la vida de los chicos”. “Pensábamos que todo estaba en orden, pero después nos encontramos con que no todos eran profesores de educación física”.
Finalmente, subrayaron la urgencia del tratamiento legislativo “Necesitamos que esta ley avance para que esté vigente antes del próximo verano ”. “Queremos que ninguna otra familia tenga que pasar por esto”.