-El sector vitivinícola se reveló nuevamente contra una decisión inconsulta de Nación.
-La desregulación le llegó al núcleo central de la COVIAR.
La COVIAR salió al cruce del gobierno de Milei.
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) rechazó la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que dispone el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y elimina las contribuciones obligatorias. La entidad calificó la medida de improcedente e inoportuna, advirtiendo que pone en riesgo la institucionalidad de una industria clave para la economía regional.
La noticia cayó como un balde de agua fría en Mendoza y el resto de las provincias productoras. A través de un comunicado oficial emitido este 5 de mayo de 2026, la COVIAR manifestó su absoluto desacuerdo con la decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial. Para las autoridades del organismo, el cese del PEVI representa un golpe estructural a una planificación que ha guiado al sector durante más de dos décadas.
La resolución del Gobierno nacional no solo implica el fin del plan a largo plazo, sino que introduce cambios profundos en el financiamiento de la corporación al eliminar las contribuciones obligatorias que sostienen su operatividad. Desde la Secretaría de Agricultura, la medida se fundamenta en una redefinición de los instrumentos de gestión, pero desde el sector privado aseguran que se trata de un avance sobre un régimen que fue establecido por ley, excediendo así las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El malestar de las cámaras empresarias que integran la COVIAR es palpable. Los dirigentes advierten que este cambio de reglas de juego ocurre en un "actual contexto de crisis económica", lo que agrava la vulnerabilidad de los productores. La eliminación del esquema de financiamiento afecta directamente la capacidad de la industria para promocionar el vino argentino, el jugo concentrado de uva, las pasas y la uva de mesa en los mercados globales.
El Plan Estratégico Vitivinícola 2030 es la hoja de ruta que busca potenciar las fortalezas del sector en el mercado externo y consolidar el consumo interno. Al desarticular este espacio de articulación público-privada, se debilita la integración de los actores de la cadena productiva y se frena la innovación de procesos que otorgan valor agregado a la materia prima nacional. La preocupación central radica en la pérdida de mercados que tanto esfuerzo costó ganar y mantener en las últimas administraciones.
Ante la gravedad de la situación, el Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina ha decidido convocar a una reunión de urgencia para definir las acciones legales y gremiales a seguir. El objetivo primordial es defender la vigencia de la planificación estratégica y garantizar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de la actividad.
Los representantes del sector lamentaron que la medida haya sido adoptada de forma "inconsulta", rompiendo con los principios de previsibilidad que deben regir el vínculo entre el Estado y los sectores productivos. "La resolución se aparta de la legalidad al modificar sustancialmente un régimen que tiene base parlamentaria", señalaron fuentes cercanas a la entidad.
La COVIAR ha solicitado formalmente que la Secretaría de Agricultura de la Nación revea su postura y deje sin efecto la Resolución 55/2026. Para la industria, es fundamental encauzar cualquier proceso de modernización o revisión del sistema dentro de un marco de diálogo y consenso, evitando decisiones unilaterales que pongan en jaque la estabilidad del sector.
Mientras se espera una respuesta oficial desde Buenos Aires, el clima en las zonas productivas es de máxima tensión. La vitivinicultura argentina, reconocida mundialmente por su calidad y capacidad de organización, se enfrenta ahora a uno de sus desafíos institucionales más complejos de los últimos años, donde la continuidad de su modelo de gestión público-privada se encuentra bajo una amenaza directa.