ATE repudió la modificación del estatuto del empleado público, que según denuncian, recorta derechos laborales y abre la puerta a despidos sin estabilidad
ATE Mendoza rechaza la reforma del Estatuto del Empleado Público y anticipa medidas de fuerza en defensa de la estabilidad laboral.
Con tensión en la Legislatura y el descontento de cientos de estatales, ATE Mendoza rechazó de plano el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. La conducción sindical anticipó que el miércoles habrá una Asamblea General para definir medidas de acción directa en defensa de la estabilidad laboral.
Durante el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, el sindicato cuestionó que la iniciativa oficial recorta derechos básicos y consolida la precarización laboral.
El secretario general, Roberto Macho, advirtió: “Se está planteando una reforma laboral que permite echar a trabajadores sin estabilidad. Quienes cumplen funciones habituales y continuas en el Estado tienen derecho a pasar a planta permanente”.
Además, el gremio alertó sobre la creación de nuevos cargos jerárquicos, como secretarios privados de funcionarios y legisladores, con sueldos “estrafalarios” que recaerán sobre la ciudadanía.
El proyecto plantea la incorporación de la figura de “personal interino”, que no gozaría de estabilidad plena ni de reconocimiento de antigüedad, aun si el trabajador lleva años en funciones bajo contratos temporarios.
Desde ATE señalaron que la reforma desconoce tratados internacion
ales de la OIT y pactos constitucionales que garantizan la estabilidad en el empleo público. Asimismo, alertaron sobre la eliminación de indemnizaciones plenas y el no reconocimiento de salarios caídos en casos de reincorporación judicial, lo que consideran inconstitucional.
Tras el rechazo en las audiencias paritarias, ATE Mendoza convocó a una Asamblea General para este miércoles en su sede central. Allí se definirán medidas de acción directa contra lo que llaman una “reforma regresiva y destructiva de derechos”.
“El Gobierno tendrá que guardar esta reforma en un cajón, porque es inconstitucional. Vamos a pelear en la Corte provincial, en la nacional y en los organismos internacionales”, sentenció Roberto Macho.