Sergio Schoklender volvió a hablar después de haber sido condenado en la causa Sueños Compartidos y cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal N°5. En este caso, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo negó haber cometido el delito por el que recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso y apuntó contra la entonces titular de la organización, Hebe de Bonafini.
En sintonía Sergio Schoklender sostuvo que desde la Fundación se utilizaron fondos para afrontar gastos vinculados con campañas y actos políticos del Frente para la Victoria (Kirchnerismo) . Según su versión, ese dinero se destinó a cartelería, sonido y otros elementos utilizados en actividades políticas.
El exapoderado afirmó que esos recursos salían de la única caja que tenía la Fundación y sostuvo que, desde el punto de vista de la organización, allí se produjo un desvío de fondos.
Sus declaraciones fueron realizadas después del veredicto que lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. El tribunal consideró acreditado un perjuicio de más de $206 millones relacionado con fondos que habían sido destinados a la construcción de viviendas sociales.
Al referirse a la utilización de los fondos, Sergio Schoklender apuntó directamente contra Hebe de Bonafini y sostuvo que la dirigente habría dispuesto recursos de la Fundación para actividades políticas.
Según su relato, esos gastos incluían carteles, equipos de sonido y otros elementos necesarios para la realización de actos. A partir de ello, el propio Sergio Schoklender también cuestionó que ese dinero fuera considerado como un desvío de fondos públicos en los términos planteados durante la causa. Su argumento es que los recursos ya habían ingresado a la Fundación como consecuencia de las obras realizadas y que, por lo tanto, el supuesto desvío debía analizarse dentro de la propia organización.
En ese sentido, rechazó la responsabilidad que le atribuyó la Justicia y sostuvo que durante el período en el que estuvo al frente de la administración se habían realizado las obras comprometidas.
El Tribunal Oral Federal N°5 condenó a Sergio Schoklender a dos años y ocho meses de prisión en suspenso por administración fraudulenta agravada.
También fueron condenados su hermano Pablo Schoklender, con una pena de dos años y cuatro meses, el exsecretario de Obras Públicas José López, a dos años y nueve meses, y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, con la misma pena.
Las cuatro condenas son de cumplimiento condicional, por lo que no implican que los acusados debían cumplir prisión efectiva por el momento. El tribunal también ordenó el decomiso de $206 millones, vinculados con el perjuicio económico analizado durante el proceso. En el mismo juicio, Julio De Vido y otros cuatro acusados fueron absueltos.
Después de conocer el fallo, el exapoderado de la Fundación calificó la sentencia como un “absurdo” y sostuvo que durante el proceso no se logró demostrar la existencia del delito que se le atribuye.
Además, cuestionó una pericia incorporada al expediente y criticó el desarrollo de la investigación, que comenzó en 2011 y atravesó casi quince años hasta llegar al juicio oral.
Schoklender también puso en duda la actuación de la Justicia y sostuvo que el expediente avanzó durante años hasta llegar a una instancia cercana al vencimiento de los plazos de prescripción.
El Tribunal Oral Federal N°5 rechazó durante el proceso los planteos de las defensas que buscaban cerrar la causa por el paso del tiempo.
En sus declaraciones, Schoklender también responsabilizó políticamente a distintos funcionarios por el cierre del programa Sueños Compartidos.
Según su versión, José López, Julio De Vido y Amado Boudou tuvieron responsabilidad en las decisiones que terminaron modificando el funcionamiento del programa y en la posterior transferencia del manejo de las obras al Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico.
Sergio Schoklender sostuvo que ese cambio modificó las condiciones laborales de los trabajadores que participaban de las obras. Según su relato, personas que tenían sueldo y obra social pasaron a recibir becas dentro de una organización social.
También negó que durante su gestión se hubieran producido sobreprecios, certificaciones falsas o facturas irregulares y sostuvo que las obras comprometidas habían sido realizadas antes de su salida de la Fundación.
Las afirmaciones forman parte de la versión expresada por Sergio Schoklender después de la condena y no modifican por sí mismas lo resuelto por el tribunal en el veredicto.
La sentencia todavía tendrá una instancia importante por delante. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer en noviembre, cuando se conocerán los argumentos utilizados por los jueces para establecer las condenas y absoluciones.
A partir de esa instancia, las partes podrán recurrir la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Por ahora, el veredicto estableció cuatro condenas y cinco absoluciones en una causa que investigó durante años el destino de los fondos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.
Las declaraciones de Sergio Schoklender volvieron a poner el foco sobre el funcionamiento interno de la Fundación y sobre el destino que, según su propio relato, tuvieron parte de los recursos durante el período en que estuvo al frente de su administración.