La investigación por trata de personas con fines de explotación sexual en Rivadavia entró en una nueva etapa. La Justicia Federal intenta establecer si los cinco sospechosos aprehendidos formaban parte de una organización con conexiones en otras provincias y si hubo más mujeres sometidas a la misma modalidad de captación.
El caso salió a la luz el domingo por la noche, durante un operativo en una vivienda del barrio Río Tunuyán. Allí, la Policía encontró a ocho personas con discapacidad auditiva que se encontraban en condiciones de hacinamiento. Hasta el momento, la Justicia identificó formalmente a dos mujeres adultas, ambas oriundas de Buenos Aires, como presuntas víctimas directas de trata con fines de explotación sexual.
La cantidad de sospechosos también cambió durante el avance de las actuaciones. En un primer momento se informó sobre la detención de dos hombres de 53 y 54 años. Los operativos posteriores elevaron a cinco el número de personas aprehendidas: tres mujeres y dos hombres, todos con discapacidad auditiva. Entre los sospechosos hay una mujer señalada como la presunta organizadora de la estructura.
Una de las principales hipótesis sostiene que la organización utilizaba internet para contactar a mujeres con discapacidad auditiva de Buenos Aires y Rosario. Para generar confianza, habría difundido videos explicativos y transmisiones en vivo en lengua de señas, con falsas ofertas laborales.
Según esa línea de investigación, una vez que las mujeres aceptaban las propuestas y llegaban a Mendoza, les quitaban los teléfonos celulares, el dinero y las tarjetas bancarias. Después, presuntamente las obligaban a ejercer la prostitución o a realizar tareas domésticas bajo amenazas.
La principal incógnita es si la vivienda allanada funcionaba como un punto de una estructura más amplia o si allí se concentraba la mayor parte de las actividades investigadas. La Justicia también busca establecer quiénes se encargaban de contactar a las mujeres, organizar los traslados y controlar su permanencia en los domicilios.
La investigación cuenta con dos antecedentes relevantes. Uno es el caso de una mujer de 36 años que había llegado a Mendoza en 2024 después de aceptar una supuesta oferta laboral. La mujer logró escapar durante 2025 y regresar a Rosario con ayuda económica de su abuela, que llevaba aproximadamente un año buscándola.
Su experiencia permitió conocer una modalidad de captación que ahora está bajo investigación. De acuerdo con los datos difundidos sobre el caso, durante su permanencia en Mendoza habría perdido el acceso a su teléfono, su dinero y sus tarjetas bancarias.
El otro antecedente fue una llamada a los servicios de emergencia que alertó sobre una mujer que habría sido trasladada recientemente desde Buenos Aires y estaría siendo explotada. Esa advertencia motivó la intervención policial que terminó con el operativo en el barrio Río Tunuyán.
Durante el procedimiento en Rivadavia, las autoridades secuestraron diez teléfonos celulares. Los dispositivos serán analizados para rastrear las comunicaciones y determinar si fueron utilizados para captar a las víctimas mediante las ofertas laborales difundidas por internet.
El contenido de esos equipos podría aportar información sobre los contactos entre los sospechosos, los posibles traslados desde otras provincias y la existencia de personas que todavía no fueron identificadas.
La investigación quedó en manos de la Justicia Federal debido a la posible comisión del delito de trata de personas. La nueva etapa busca establecer las responsabilidades de cada sospechoso, verificar el alcance de la presunta organización y determinar si hubo otras víctimas.