Incendio en Godoy Cruz: la dura imputación que podría enfrentar el vendedor de la pirotecnia
El Ministerio Público Fiscal definirá hoy la imputación del detenido por el incendio en Godoy Cruz. Imagen ilustrativaSantiago Tagua/ElEditor Mendoza
El Ministerio Público Fiscal definirá hoy la imputación del detenido por el incendio en Godoy Cruz. Imagen ilustrativaSantiago Tagua/ElEditor Mendoza
El Ministerio Público Fiscal definirá hoy la imputación del detenido por el incendio en Godoy Cruz. Imagen ilustrativaSantiago Tagua/ElEditor Mendoza
El Ministerio Público Fiscal definirá hoy la imputación del detenido por el incendio en Godoy Cruz. Imagen ilustrativaSantiago Tagua/ElEditor Mendoza
En el transcurso del día se conocerá la imputación contra el hombre detenido tras el incendio ocurrido el pasado lunes en una vivienda de Godoy Cruz. En el domicilio funcionaba un punto de venta clandestina de pirotecnia. Como agravante, falleció una mujer que permanecía internada por quemaduras graves. Además, personal que asistió al hecho, encontró un arma de fuego en lugar.
El incendio comenzó pasadas las 16 horas en una casa de calle Jorge Newbery al 645. Esto alertó a vecinos que conocían sobre la venta la presencia de material pirotécnico. Se hicieron presentes al menos tres dotaciones de bomberos.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la imputación podría ser por estrago seguido de muerte, un delito que se configura cuando alguien, por imprudencia, negligencia o descuido, provoca un incendio u otro desastre que termina causando la muerte de una persona.
La pena por este delito, según el Código Penal argentino, puede alcanzar hasta cinco años de prisión y se considera aún más grave si el hecho pone en peligro la vida de otras personas.
Además, en la vivienda se encontró un arma de fuego sin la debida autorización, lo que agravaría la situación legal del hombre detenido. La pena dependerá del tipo de arma: la simple tenencia de un arma de uso civil sin permiso se sanciona con seis meses a dos años de prisión y multa, mientras que la tenencia de un arma de guerra sin autorización conlleva penas más severas, de dos a seis años de prisión.
Las investigaciones están a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, bajo la supervisión del fiscal Juan Manuel Sánchez.