Las amenazas de tiroteos en colegios de Mendoza, que en los últimos días se replicaron como parte de un reto viral extendido en Argentina y Latinoamérica, generó una réplica punitiva por parte del Gobierno de Alfredo Cornejo, que confirmó en la mañana de este viernes que habrá penalidades para los alumnos y los padres. En ese sentido, el director general de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, confirmó que tres alumnos están bajo investigación judicial por su presunta participación en la difusión de mensajes intimidatorios en redes sociales y en ámbitos escolares.
Gobierno: “Esto no es una broma, es un delito”
“Esto no es una broma, es un delito”, subrayó García Zalazar, quien brindó una rueda de prensa en la Legislatura. Remarcó que uno de los estudiantes, de 17 años, fue imputado por la Justicia, mientras que otros dos menores quedaron bajo el abordaje de la Dirección General de Protección. Según el funcionario, los jóvenes habrían promocionado en sus redes sociales este tipo de acciones, que incluían la posibilidad de tiroteos en establecimientos educativos.
“El que las hace, las paga en Mendoza. Esto ha derivado en procesos judiciales”, insistió el titular de la DGE, y agregó que las consecuencias legales alcanzan no solo a los autores de las amenazas, sino también a sus padres, ya que el Código Contravencional establece sanciones para los tutores de menores.
Recursos movilizados por la crisis en las escuelas
La situación obligó a movilizar recursos de seguridad y judiciales para garantizar que las amenazas no se concretaran, indicó el funcionario. Aunque los mensajes se difundieron fuera del horario escolar, el impacto se sintió en las aulas: el ausentismo fue significativo en varias instituciones, pese a que la DGE ratificó el dictado de clases con normalidad. “Las faltas se van a computar”, advirtió García Zalazar, en un intento de desalentar la ausencia injustificada.
El rol de los padres en la prevención
El funcionario también apeló a la responsabilidad de los padres, a quienes pidió que dialoguen con sus hijos y los disuadan de participar en este tipo de prácticas. “Nosotros podemos dar capacitaciones, pero acá el rol de los padres es fundamental”, sostuvo. En su visión, la prevención no puede recaer únicamente en el sistema educativo, sino que requiere un compromiso familiar para evitar que los adolescentes se vean arrastrados por desafíos virales que terminan en delitos.
La mira puesta en los alumnos
El fenómeno no es exclusivo de Mendoza. En apenas dos días, el 10% de los colegios de la provincia sufrió algún tipo de amenaza vinculada a este reto viral, que según estimaciones oficiales se expandió por todo el país y buena parte de Latinoamérica. La magnitud del problema llevó a las autoridades a reforzar la comunicación con las comunidades escolares y a insistir en que cualquier amenaza será tratada con el máximo rigor legal.
“El que lo haga tendrá todo el peso de la ley”
La advertencia de García Zalazar resume la postura oficial: “Amenazar de muerte a un compañero no es bueno. Y no solo no es bueno, sino que es un delito. El que lo haga tendrá todo el peso de la ley encima”. Con esa frase, el director de la DGE buscó marcar un límite claro frente a un fenómeno que, disfrazado de juego en redes sociales, expone a estudiantes, familias y docentes a un clima de temor y tensión.
