Desde Mendoza, como en el resto de las provincias, solo podrán participar en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares quienes se hayan inscripto en los primeros turnos habilitados. Así lo resolvieron los referentes libertarios en la Cámara de Diputados, que definieron un esquema mixto de participación para los días 25 y 26 de marzo, pero más allá de que se podrá intervenir vía remota o presencial, como la audiencia en principio sólo durará esos dos días se limitó la participación. La decisión, que busca ordenar un proceso marcado por una inscripción inédita, generó polémica y abrió un nuevo frente de disputa política y judicial.
Un récord histórico de inscriptos en una audiencia
La convocatoria superó todas las expectativas: más de 70 mil personas ya se anotaron (hay tiempo hasta este viernes 20 de marzo= para intervenir en las audiencias, un récord histórico que dejó atrás incluso las jornadas de 2018 sobre la legalización del aborto. El interés ciudadano refleja la sensibilidad social frente a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. También en Mendoza, donde el tema tiene un peso particular por la cercanía con proyectos mineros, la expectativa es alta.
El argumento que dieron en Diputados
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, fundamentaron la medida en la imposibilidad material de dar lugar a todos los inscriptos en apenas dos jornadas, algo a todas luces cierto,, aunque no abrieron la posibilidad de extender la audiencia.
Según explicaron, intentarán saldar el recorte de ponencias en vivo con la recepción de material de quienes se hayan anotado hasta el 20 de marzo, que podrán enviar ponencias escritas o grabar un video de hasta cinco minutos, que quedará registrado en el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. En cambio, las exposiciones presenciales y virtuales estarán reservadas para los primeros inscriptos de cada provincia, con el objetivo de garantizar un enfoque federal.
Milei: "Estamos abrazados a ambientalistas idiotas"
En paralelo a la restricción en la audiencia, Javier Milei volvió a arremeter contra los ambientalistas en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Tildó de "ambientalistas idiotas" a quienes promueven la sustentabilidad, llamó "hordas de vagos" a los opositores y dijo no saber si "odian más bañarse o trabajar".
Ofuscado por la demora en la sanción de la reforma de la ley de Glaciares, Milei habló sobre "cambios en la asignación de recursos" y aseguró que "Chile con la misma cordillera genera 30 veces más que lo que nosotros".
Embed - Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba: el lapidario mensaje contra los grupos ambientalistas
La oposición denunció que el oficialismo busca restringir la participación ciudadana y “hacer trampa”. La diputada Sabrina Selva advirtió que la medida vulnera el reglamento de audiencias públicas y el Acuerdo de Escazú, mientras que Maximiliano Ferraro acusó a los presidentes de comisión de transformar la audiencia en una instancia meramente informativa. El malestar se profundizó cuando se supo que el listado de inscriptos no estaba disponible públicamente, lo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a publicar el padrón en la web oficial tras las críticas.
El frente judicial: recurso de amparo colectivo
El conflicto también llegó a la Justicia. Organizaciones sociales y ambientales presentaron un amparo colectivo contra el Estado Nacional, argumentando que obligar a la mayoría a intervenir mediante un video aniquila la naturaleza deliberativa de la audiencia pública. El escrito, impulsado por el abogado Jonatan Baldiviezo y la ingeniera Eva Koutsovitis, advierte además sobre la “brecha digital” que excluye a comunidades indígenas y campesinas sin acceso a conectividad. Para los demandantes, la resolución es inconstitucional e ilegal.
La reforma en debate
En paralelo, la reforma de la Ley de Glaciares avanza con media sanción del Senado. El proyecto, promovido por el Ejecutivo a pedido de gobernadores cordilleranos, redefine qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorga a las provincias la facultad de decidir qué áreas integrar al Inventario Nacional.
En Mendoza, la discusión tiene un antecedente inmediato: la aprobación del paquete legal que habilitó la puesta en marcha del Proyecto San Jorge en diciembre pasado, lo que para la oposición sienta un precedente de apertura a la explotación minera en zonas hoy protegidas.
Video grabado para los que se queden afuera
Frente a la magnitud de la convocatoria, la Cámara de Diputados anunció una nueva modalidad de participación: la posibilidad de grabar un video que será incorporado formalmente al expediente legislativo. Los interesados deberán suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara, subir el material a su propio canal y consignar sus datos junto con una reseña del contenido. Según las autoridades, este mecanismo permitirá ordenar la discusión y asegurar que todas las opiniones queden registradas.
La reforma nacional: redefinición y flexibilización
El proyecto de Milei introduce cuatro modificaciones centrales:
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Redefinición de glaciares protegidos: solo quedarían bajo amparo legal aquellos considerados “estratégicos” por su aporte hídrico relevante. La relevancia la decidirán las provincias.
Apertura del ambiente periglacial: se permitirían actividades industriales y mineras en áreas de suelo congelado que rodean a los glaciares.
Transferencia a las provincias: cada jurisdicción decidiría qué glaciares proteger según su utilidad hídrica local.
Modificación del Inventario Nacional: se achicaría o redefiniría el inventario para reducir las áreas bajo protección estricta.
Los defensores de la reforma sostienen que la definición actual de ambiente periglacial es demasiado amplia e “indefinida”. Argumentan que la protección debería limitarse a los glaciares de escombros relevados por el Ianigla, mientras que otros suelos congelados no serían verdaderas reservas de agua.
En cambio, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el ambiente periglacial incluye geoformas que aportan agua a los ríos. Señalan que retroceder en la protección sería ilegal e inconstitucional, y que el inventario no agota la existencia de cuerpos de hielo.
