La Justicia dio este jueves un nuevo paso en la ejecución patrimonial de la causa Vialidad al oficializar el embargo del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) notificó al Registro de la Propiedad Inmueble la medida cautelar que alcanza a la vivienda de la expresidenta. La decisión había sido dispuesta el 12 de agosto y ahora avanzó sobre el registro público correspondiente.
La diferencia entre ambas fechas es procesal: el 12 de agosto los jueces habían ordenado nuevos embargos preventivos sobre distintos bienes, mientras que este jueves se comunicó formalmente la medida al organismo que registra las propiedades. De esta manera, la orden judicial pasó a tener efecto registral.
El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. La medida forma parte de la estrategia judicial para preservar activos frente al eventual decomiso del dinero fijado como perjuicio económico en la causa.
La resolución del TOF 2 busca avanzar sobre un conjunto de bienes vinculados con Cristina Kirchner, sus hijos y sociedades relacionadas con la familia. El objetivo es evitar que esos activos puedan ser transferidos mientras continúa la ejecución patrimonial.
El embargo no significa que el departamento vaya a ser subastado de inmediato ni que haya cambiado su titularidad registral. La medida funciona como una restricción jurídica que busca impedir que el inmueble pueda ser dispuesto libremente mientras se define su destino dentro de la causa.
En términos prácticos, la inscripción del embargo limita la posibilidad de vender, transferir o constituir determinados derechos sobre la propiedad.
La medida se encuadra en la segunda etapa de la ejecución patrimonial de la causa Vialidad. El tribunal debe preservar los activos identificados mientras determina cuáles pueden utilizarse para cubrir el monto del decomiso establecido en la sentencia.
El monto actualizado que se busca cubrir ronda los $685.000 millones y debe ser afrontado solidariamente por los condenados. La Justicia sostiene que el decomiso corresponde por el perjuicio económico acreditado en la causa por las irregularidades vinculadas con 51 licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz.
La resolución también alcanzó propiedades vinculadas con Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., sociedades cuyas acciones se encuentran en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
La discusión sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tiene además un antecedente judicial. La Cámara Federal de Casación Penal avaló que el decomiso pueda alcanzar determinados activos que los hijos de la expresidenta recibieron mediante herencias o transmisiones gratuitas, aun cuando no hayan sido acusados ni juzgados en la causa Vialidad.
La mayoría de la Sala IV sostuvo que el análisis patrimonial puede extenderse a bienes que llegaron a manos de terceros mediante transmisiones gratuitas cuando existe una relación con activos alcanzados por el decomiso. Ese criterio no implica atribuirles responsabilidad penal por los hechos investigados.
En esa línea, la ejecución patrimonial no se limita necesariamente a bienes que continúan registrados a nombre de las personas condenadas. La Justicia analiza también el recorrido de determinados activos y las transferencias que se produjeron durante el proceso patrimonial.
Además, los fiscales habían reclamado el decomiso de activos financieros vinculados con Florencia Kirchner, entre ellos US$4.664.000 de una caja de seguridad, US$992.134 de una caja de ahorro y $53.280,24.