Proyecto legislativo
Avanza un proyecto contra el negacionismo en Mendoza
La iniciativa propone crear un régimen disciplinario para funcionarios y docentes que nieguen o justifiquen el terrorismo de Estado y otros genocidios
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Un proyecto de ley para prevenir y sancionar las conductas negacionistas comenzó su tratamiento en la Legislatura de Mendoza. La iniciativa fue presentada por la diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, y propone establecer un régimen disciplinario para funcionarios y empleados públicos que nieguen, justifiquen, reivindiquen o banalicen el terrorismo de Estado y otros genocidios reconocidos por el derecho internacional.
La propuesta también contempla la creación de un Registro Provincial de Sanciones e Inhabilidades Firmes por Conductas Negacionistas, donde quedarían asentadas las sanciones aplicadas a quienes incumplan la norma.
A quiénes alcanzaría la iniciativa
El proyecto está dirigido a los agentes de la administración pública provincial y busca establecer un marco específico para sancionar expresiones consideradas negacionistas cuando sean realizadas en el ejercicio de la función pública.
Según el texto, el alcance incluye manifestaciones difundidas a través de redes sociales, plataformas digitales y sistemas de mensajería vinculados con la actividad laboral del agente estatal.
Entre las conductas alcanzadas figuran la negación o justificación del terrorismo de Estado ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983, la apología o banalización de crímenes de lesa humanidad y de genocidios reconocidos internacionalmente, así como la minimización de graves violaciones a los derechos humanos.
Qué sanciones prevé el proyecto
La iniciativa establece distintas sanciones según la gravedad de la conducta, que pueden ir desde un apercibimiento hasta la suspensión o la cesantía del agente público.
En el caso de los docentes, además de las sanciones disciplinarias, el proyecto contempla la posibilidad de suspenderlos, removerlos del cargo o postergar ascensos dentro de la carrera educativa.
Además, quienes sean separados de la administración pública por la aplicación de esta ley quedarían inhabilitados durante diez años para volver a desempeñarse en el Estado provincial.
Las excepciones y el trámite legislativo
El proyecto aclara que las sanciones no alcanzarán a expresiones realizadas con fines educativos, informativos, académicos o de preservación de la memoria histórica.
Según sus fundamentos, la iniciativa busca fortalecer el compromiso institucional con los derechos humanos y adecuar la normativa provincial a principios constitucionales y tratados internacionales vigentes.
El texto comenzó su recorrido legislativo con el tratamiento en distintas comisiones de la Legislatura. Si obtiene dictamen favorable, deberá ser debatido posteriormente en el recinto.