- Un financista arrepentido en la Causa Cuadernos involucró a un estudio de abogados mendocino.
- Declaró en Comodoro Py que se encargaba de repartir coimas.
Ernesto Clarens, arrepentido en la Causa Cuadernos.
Los socios de un estudio jurídico mendocino transpiraban frío, mientras una cantidad de colegas se mensajeaba compulsivamente, presa de una profunda ansiedad. Acababa de explotar una bomba en Comodoro Py y sus esquilas volaban por los aires, muchas apuntadas hacia la locación mojada por cataratas de sudor derramadas por los juristas en ella radicados. Otra derivación de la Causa Cuadernos.
El causante de la explosión fue el financista Ernesto Clarens, quien cumple el rol de arrepentido en el juicio que se desarrolla en los tribunales porteños, con la expresidenta Cristina Fernández entre los imputados. En su declaración dejó sentado que en la ruta paralela del dinero de la obra pública que se investiga cumplió un papel clave un buffet de juristas mendocinos.
Una reciente audiencia judicial se convirtió en un escenario de revelaciones contundentes con la lectura de los tramos más significativos de la confesión del financista arrepentido, pieza clave en la investigación.
Su declaración, meticulosamente detallada, expuso sin ambages la operatoria subterránea a través de la cual se articulaba el circuito de corrupción: el sistemático canje de pesos por dólares y la posterior entrega de sumas millonarias a altos funcionarios del gobierno de turno. Estos pasajes se erigieron como la prueba viva del mecanismo de recaudación ilícita.
Uno de los puntos más explosivos de la declaración de Clarens se centró en un episodio específico ocurrido durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Según su testimonio, se impartió una orden directa para movilizar una importante cantidad de dinero con el fin de saldar un reclamo financiero de Hebe de Bonafini, vinculado al controvertido programa de viviendas “Sueños Compartidos”.
La cifra ascendía a unos 70 millones de pesos, equivalentes en aquel momento a uno 30 millones de dólares. Lo llamativo y que aún espera mayor clarificación es que estos fondos, según Clarens, debían ser canalizados y entregados a un estudio de abogados radicado en la provincia de Mendoza. Aunque el financista afirmó no recordar la razón social o el nombre del bufete, la mención geográfica y la magnitud del monto añaden una capa de complejidad al entramado de complicidades. Este segmento de su confesión apunta a la utilización de estructuras legales para blanquear o justificar movimientos de capital de origen presuntamente espurio.
La declaración de Clarens, por su extensión y precisión, supuso un respaldo decisivo a la tesis central sostenida por el Ministerio Público Fiscal. Esta postulación acusa a Cristina Kirchner, junto a figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Claudio Uberti y otros funcionarios de primera línea, de haber integrado y liderado una compleja “asociación ilícita”.
El objetivo de esta estructura criminal era la recaudación sistemática de “retornos” o sobornos, exigidos a empresarios que operaban en los sectores de obra pública, transporte y energía, a cambio de la adjudicación de contratos y licitaciones. El expediente judicial detalla que el nacimiento de este sofisticado esquema de corrupción se remonta al año 2005. Su funcionamiento se centralizaba en reuniones secretas, denominadas informalmente como la “Camarita”.
Era en este reducto donde se definían los aspectos cruciales del sistema: se pactaban los sobreprecios inflados en las obras y servicios, se establecían los turnos y las empresas que serían beneficiadas con las adjudicaciones, y, fundamentalmente, se cerraba el acuerdo para el pago de los retornos, fijados en un porcentaje estándar del 10% del valor total de cada contrato.