La decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo contra el artículo 154 del DNU 70/2023 volvió a poner la Ley de Tierras Rurales en el centro de la discusión política. Con el fallo, quedaron nuevamente sin efecto las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellas el límite del 15% de la superficie total.
La discusión ahora se trasladó a tres ámbitos: el Congreso, la Justicia y la calle.
Por un lado, la oposición busca avanzar contra el DNU 70/2023. Por el otro, el Gobierno de Javier Milei analiza alternativas para sostenerlo y darle respaldo político y legislativo.
La primera apuesta está en la Cámara de Diputados.
El bloque de Unión por la Patria anticipó que pedirá una sesión especial para intentar rechazar el DNU 70/2023. Otros bloques opositores también analizan acompañar la iniciativa. El decreto ya había sido rechazado por el Senado, por lo que un nuevo rechazo en Diputados produciría su derogación según el mecanismo previsto por la Ley 26.122.
El objetivo no sería solamente recuperar la Ley de Tierras. El DNU 70/2023 contiene un paquete mucho más amplio de cambios y derogaciones.
Entre otras medidas, eliminó la Ley de Alquileres, las leyes de Abastecimiento y Góndolas, modificó las reglas para contratos en moneda extranjera y avanzó sobre el régimen de empresas estatales y otras regulaciones económicas.
En paralelo, el bloque justicialista del Senado, encabezado por la senadora Juliana Di Tullio, presentó un proyecto para derogar específicamente el artículo 154 y restablecer la Ley de Tierras. La iniciativa busca atacar directamente el punto que volvió a quedar vigente después del fallo.
La oposición tiene así dos caminos en marcha: intentar derribar todo el DNU en Diputados o avanzar con una ley específica para recuperar las restricciones sobre las tierras rurales.
En la Casa Rosada, la estrategia es diferente.
El Gobierno busca evitar que el fallo sobre la Ley de Tierras termine generando una discusión política más amplia que facilite un acuerdo opositor para rechazar todo el DNU.
El oficialismo analiza negociar con bloques aliados y volver a incorporar el tema de las tierras rurales al debate legislativo. La discusión podría quedar vinculada al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado y se encuentra en Diputados.
La idea que evalúa el Gobierno es introducir cambios en ese proyecto a partir de las conversaciones con los sectores aliados y llevar nuevamente el texto al Senado. El objetivo político es darle un respaldo legislativo a la desregulación de las tierras rurales y, al mismo tiempo, sostener el DNU 70/23 frente a un eventual rechazo parlamentario.
La Corte Suprema no declaró constitucional el artículo 154 del DNU.
El máximo tribunal rechazó la demanda del CECIM La Plata porque consideró que la organización no estaba habilitada para iniciar ese reclamo y que no existía un caso judicial concreto. Los jueces aclararon expresamente que no se pronunciaron sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras.
Esa aclaración deja abierto otro camino.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó públicamente la posibilidad de continuar la discusión en tribunales. Una de las alternativas que se analizan es que el reclamo sea presentado por otra persona u organismo que pueda demostrar una afectación directa.
El CECIM también volvió a quedar en contacto con sectores de la oposición para definir cómo continuar el reclamo después del fallo de la Corte.
El tercer escenario está fuera del Congreso y de los tribunales.
Organizaciones políticas, sociales y sindicales comenzaron a coordinar movilizaciones contra el artículo 154 del DNU 70/2023 y contra la derogación de la Ley de Tierras.
Entre los espacios que impulsan las protestas aparecen el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, junto con organizaciones sociales y otros sectores que reclaman la restitución de las restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros.
También se analiza una movilización hacia Tribunales para el martes 6 de octubre, con la consigna de rechazar el fallo de la Corte y reclamar la anulación del DNU 70/2023.