"Que ellos acepten la responsabilidad es un gran avance", afirmó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo sobre la causa judicial conocida como "Cooperativa Fantasma", que investiga una trama de corrupción y desvío de fondos públicos en la Municipalidad de Las Heras, sumó este miércoles un capítulo clave.
Tras meses de un hermético perfil bajo sobre el expediente, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo quebró el silencio y respaldó con firmeza la estrategia que asoma en los tribunales: que los principales imputados reconozcan formalmente los delitos a cambio de una reducción de pena.
Las declaraciones del mandatario provincial se dieron apenas unas horas después de que la defensa del ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y de su esposa, la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida, Janina Ortiz, presentara un pedido formal de juicio abreviado ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
La jugada defensiva se activó de urgencia luego de que la jueza Dolores Ramón ratificara de manera oficial la elevación de la causa a juicio oral.
"Estoy muy satisfecho de que concluya esa causa con un veredicto. Si asumen la culpabilidad, es un gran avance para el proceso judicial y para que un caso de falta de transparencia y corrupción quede aclarado y sancionado", lanzó Cornejo en un contacto con los medios durante la inauguración de una obra vial en la localidad de Godoy Cruz.
Daniel Orozco y Janina Ortíz
El escándalo, que estalló originalmente a raíz de la filtración de audios cruzados entre funcionarios, investiga el presunto desvío de más de 35 millones de pesos de las arcas municipales hacia una asociación denominada "Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra".
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el dinero público era girado sistemáticamente mediante expedientes y planillas falsificadas por supuestas tareas de limpieza urbana que jamás llegaron a ejecutarse.
Por estos hechos, el matrimonio gubernamental enfrenta cargos graves por peculado doloso y uso de documento público falso.
Con la propuesta de juicio abreviado sobre la mesa —que contempla penas de dos años de prisión en suspenso para Orozco y tres años para Ortiz— la plana mayor de la anterior gestión municipal busca confesar el ilícito para eludir la cárcel efectiva.
Para Cornejo, la potencial resolución del conflicto judicial representa una fuerte señal política puertas adentro del Estado provincial. El gobernador recordó que la Dirección de Cooperativas de la provincia interviene de forma directa en el expediente como parte querellante, y ratificó que desde el Poder Ejecutivo darán luz verde para cerrar el pacto.
"Mendoza tiene varios ejemplos donde otras provincias deberían mirarse. Acá han sido condenados intendentes y funcionarios públicos. Que en este caso ellos mismos acepten su culpabilidad es positivo", remarcó el líder radical.
Asimismo, puso especial énfasis en las penas accesorias que sepultan las carreras políticas de los involucrados: "Inhabilitar para ocupar cargos públicos es la pena más fuerte (...). Son buenas señales, abrevia el proceso y aporta claridad".
La última palabra quedará ahora en manos de la Fiscalía y del tribunal penal, quienes deberán evaluar si homologan las condiciones del acuerdo o si, debido a la complejidad de la causa y la gran cantidad de imputados secundarios, el caso se encamina finalmente de forma inevitable al banquillo del juicio oral.