El gobernador Alfredo Cornejo reclamó una reforma fiscal integral que incluya cambios en la estructura impositiva y en el reparto de recursos entre Nación y provincias. Durante su participación en las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, defendió el modelo de gestión de Mendoza y destacó que la Provincia redujo un 20% el gasto público real durante la última década.
En el panel "Financiación local y desarrollo económico en Argentina", el mandatario explicó las medidas implementadas para reducir los gastos del Estado y mejorar los servicios públicos. También planteó que cualquier modificación tributaria debe contemplar cómo se reemplazarán los ingresos que dejarían de percibir los distintos niveles de gobierno.
Al referirse a la gestión provincial, Cornejo señaló que Mendoza logró reducir el gasto público real sin deteriorar la prestación de los servicios. "En diez años y algunos meses, este programa tiene 20 por ciento menos de gasto público real, obviamente no nominal, y con un mejor estándar de servicios públicos", afirmó.
También detalló que la participación de los salarios en el gasto pasó del 52% al 42%, mientras que la inversión en infraestructura y capital alcanzó el 13% durante este año.
Durante su exposición, Cornejo sostuvo que la discusión sobre el tamaño del Estado debe continuar en todos los niveles de gobierno. Consideró que el país y las provincias todavía tienen un gasto público elevado y necesitan reducirlo para mejorar su funcionamiento.
El Gobernador también recordó que las provincias tienen a su cargo áreas centrales como educación, salud, seguridad, transporte público y administración de justicia. Sobre este último punto, destacó su importancia para la actividad económica, ya que allí se resuelven numerosos conflictos civiles, laborales y contractuales que influyen en el funcionamiento de las empresas.
Como ejemplo del proceso de cambios en Mendoza, mencionó las reformas de los códigos de procedimientos civiles, penales, contravencionales y laborales. Estas modificaciones permitieron avanzar hacia un sistema de justicia oral y, según explicó, reducir de más de 4.000 a unos 2.000 la cantidad de empleados necesarios para el funcionamiento de la administración judicial provincial.
Uno de los principales planteos del mandatario estuvo relacionado con la necesidad de modificar el sistema tributario. En particular, cuestionó los impuestos que, según su análisis, generan distorsiones en la actividad económica.
Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, los gravámenes sobre los combustibles y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Consideró que su revisión debe formar parte de una reforma más amplia, que también contemple una reducción sostenida del gasto público.
Sobre la discusión tributaria, Cornejo advirtió que no alcanza con reclamar una reducción de impuestos a las provincias sin presentar una alternativa para reemplazar esos recursos.
"Esta reforma, sin duda, tiene una parte impositiva que es clave. El tema de Ingresos Brutos es relevante, pero tiene que ser integral. No puede tratarse de presionar a las provincias, ni en la opinión pública, sino que tiene que haber un plan detrás de sustitución de un ingreso por el otro", sostuvo.
En ese contexto, recordó el Pacto Fiscal de 2017 como un antecedente de los intentos por modificar el esquema impositivo. Según su exposición, ese proceso se interrumpió en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.
Para el Gobernador, el escenario actual representa una oportunidad para retomar esa discusión y alcanzar acuerdos sobre los problemas estructurales del sistema tributario.
Otro de los puntos que cuestionó fue el Régimen de Coparticipación Federal. Cornejo consideró que el esquema actual no cumplió con los objetivos distributivos para los que fue creado y que puede generar incentivos que desalientan el desarrollo del sector privado en determinadas provincias.
"La provincia que es pobre sigue siendo pobre y la provincia que es un poco más rica sigue siendo un poco más rica", señaló al referirse al funcionamiento del sistema.
Por último, recordó que Mendoza llevó esta propuesta al Consejo de Mayo. Allí planteó la necesidad de revisar tanto la distribución de los recursos como las responsabilidades que corresponden a cada nivel del Estado.