D'Agostino: lo que se sabe del hermético entramado político y judicial del caso que conmovió al Ejecutivo

El ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, renunció a su cargo tras una grave denuncia por abuso sexual y violencia de género. Se presentó ante la fiscal de Género, Valeria Bottini, y quedó sujeto a proceso bajo declaración informativa. El escándalo sacude al Poder Ejecutivo.

La causa, que se tramita en el Polo Judicial, avanza con extremo hermetismo. Tras la dimisión aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo, el denunciado decidió comparecer voluntariamente. La fiscal Bottini dispuso que el exfuncionario rinda cuentas bajo la figura prevista en el artículo 318 del Código Procesal Penal, conocida como declaración informativa. Esta instancia jurídica implica que, si bien existen elementos de sospecha sobre el accionar del acusado a raíz del relato de la víctima, las pruebas actuales aún no configuran el peso suficiente para dictar una imputación formal.

Por su parte, la defensa técnica está liderada por el abogado penalista Daniel Sosa Arditi. El letrado remarcó que su defendido "se puso a entera disposición del Tribunal" para esclarecer los hechos denunciados. Mientras la estrategia defensiva busca desactivar las acusaciones en esta etapa inicial, la parte querellante ha solicitado medidas de extrema protección. La representación de la víctima exigió salvaguardas especiales debido al innegable poder de influencia que D'Agostino forjó en los tribunales durante casi una década de gestión pública ininterrumpida.

Impacto institucional

La salida abrupta de quien fuera el principal operador judicial del oficialismo mendocino genera un profundo reacomodamiento en la estructura del Estado provincial. Hasta el momento de su dimisión, el funcionario era considerado el arquitecto estratégico de las principales reformas impulsadas por la administración de Cornejo en el ámbito de la Justicia.

Ahora, la prioridad en la Casa de Gobierno es mitigar el daño político colateral y aislar la crisis al plano estrictamente individual del exfuncionario. Sin embargo, el golpe a la credibilidad del área judicial es innegable, especialmente en un contexto donde la sensibilidad ante los delitos de violencia de género exige respuestas institucionales ejemplares, rápidas y totalmente transparentes.

Diversas organizaciones feministas y actores de la oposición exigen que la investigación penal liderada por la fiscal Bottini se desarrolle sin ningún tipo de interferencia externa ni corporativa. La sociedad mendocina aguarda definiciones concretas en una causa que pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial frente a las esferas del poder político, marcando quizás un hito institucional y social definitivo para el futuro de la provincia.

Las acciones inminentes

las acciones inminentes se dividen en dos frentes principales: el avance procesal en los tribunales y el reacomodamiento institucional en el Poder Ejecutivo.

Frente Judicial: medidas cautelares y probatorias

• Resolución de medidas restrictivas: la querella, en representación de la expareja del exfuncionario, ha solicitado de manera urgente una serie de salvaguardas. La Justicia debe definir de forma inmediata la imposición de una prohibición de acercamiento, la asignación de un botón antipánico, la retención del pasaporte (junto con la consecuente restricción de salida del país) y un posible embargo preventivo de bienes sobre el acusado.
  
  
• Producción de pruebas iniciales: el Ministerio Público Fiscal debe avanzar con las medidas de rigor correspondientes a los protocolos vigentes por violencia de género. Las acciones más próximas incluyen la realización de pericias psicológicas oficiales, el peritaje de dispositivos para la recolección de evidencia digital (mensajes, llamadas, correos) y el inicio de la ronda de declaraciones testimoniales.
  
  
• Revisión de la situación procesal: Con los resultados de las primeras medidas probatorias, la fiscalía a cargo deberá resolver si D'Agostino se mantiene bajo la figura actual de declaración informativa o si los indicios recolectados ameritan un cambio de carátula hacia una imputación formal por los delitos de abuso sexual, lesiones y amenazas.
  
  

Frente Institucional: transición política

• Asunción del nuevo titular de Justicia: Para mitigar el vacío de gestión y político que dejó la salida de D'Agostino, la acción inminente por parte de la gestión de Alfredo Cornejo es la normalización del área. Se ha confirmado la designación del ex vicegobernador Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia. Supo ser Jaliff enlace entre el Ejecutivo y los tribunales en diversas épocas el experimentado dirigente radical, que fue vicegobernador de Julio Cobos (2003-2007), tras ser ministro de Gobierno de Roberto Iglesias (1999-2003).