La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) comenzó oficialmente su recorrido legislativo. El proyecto anunciado por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del jueves ingresó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará acelerar su tratamiento con el objetivo de obtener dictamen durante agosto y llevarlo al recinto antes de fin de mes.
La iniciativa tendrá su primera escala en Diputados. Para avanzar con el cronograma, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, convocó para el lunes a una reunión con los jefes de bloque para definir el recorrido parlamentario, mientras que el tratamiento en comisiones podría comenzar el martes 4 de agosto. Según trascendió desde el oficialismo, la intención es conseguir dictamen antes del 19 de agosto y debatir el proyecto en el recinto antes del 26 del mismo mes.
El Gobierno sostiene que la propuesta se apoya en cinco ejes centrales. El primero es que el Banco Central vuelva a tener como misión exclusiva preservar el valor de la moneda.
Además, plantea prohibir cualquier forma de financiamiento al Tesoro nacional, las provincias y los municipios, fortalecer la independencia de las autoridades del organismo frente a presiones políticas, limitar el reparto de dividendos vinculados a los servicios de liquidez y eliminar mecanismos de emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.
Desde la Casa Rosada confían en reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el proyecto formó parte de las conversaciones mantenidas con distintos gobernadores y afirmó que una parte importante de los bloques aliados acompaña la reforma. El oficialismo necesita alcanzar 129 votos en Diputados y luego 37 en el Senado para convertir la propuesta en ley.
Entre los principales apoyos aparece la senadora nacional Patricia Bullrich, quien consideró que será difícil encontrar legisladores que rechacen una iniciativa orientada a proteger el valor de la moneda y evitar el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria.
También la Cámara Argentina de Comercio y Servicios expresó una valoración favorable. La entidad sostuvo que la reforma puede contribuir a consolidar la estabilidad macroeconómica y fortalecer las condiciones para la inversión y el desarrollo económico.
Las primeras objeciones llegaron desde distintos sectores políticos y sindicales.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, cuestionó que el Gobierno presente la reforma como un cambio histórico y sostuvo que el anuncio responde más a una estrategia política que a una solución concreta para los problemas económicos.
En la misma línea, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el proyecto limita el mandato del Banco Central únicamente a preservar el valor de la moneda. Según el organismo, la mayoría de los bancos centrales del mundo también tienen entre sus objetivos promover el empleo, la producción, la estabilidad financiera y la regulación del sistema financiero, por lo que consideran que la propuesta resulta más restrictiva que otros modelos internacionales.
Desde el sindicalismo también hubo cuestionamientos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el ajuste ya afecta la prestación de servicios públicos esenciales y responsabilizó al Gobierno por esa situación.
El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño afirmó que la reforma apunta a consolidar un ajuste permanente y vinculó la iniciativa con las recomendaciones históricas del Fondo Monetario Internacional.