La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un planteo para cuestionar la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad.
El objetivo de sus abogados es que el organismo analice el caso y trate el pedido durante su sesión de octubre de 2026.
El equipo legal, integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, sostiene que durante el proceso judicial argentino fueron vulneradas garantías y derechos fundamentales de la exmandataria.
La presentación internacional busca abrir una revisión desde el plano de los Derechos Humanos.
Qué pasó con la causa Vialidad
Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El expediente investigó el manejo de contratos de obra pública vial en Santa Cruz y el supuesto favorecimiento al empresario Lázaro Báez.
La defensa sostiene que el proceso tuvo irregularidades y que esas cuestiones deben ser analizadas también bajo las normas internacionales sobre Derechos Humanos.
Pero la presentación ante la ONU no funciona como una apelación directa de una sentencia. El Comité puede examinar si el Estado vulneró derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no actúa como un tribunal superior para volver a juzgar automáticamente una causa.
Por eso, un eventual pronunciamiento favorable no anularía por sí mismo la condena. Sin embargo, la defensa podría utilizarlo posteriormente en nuevas presentaciones ante la Justicia argentina.
El informe sobre los fondos de Vialidad
Entre los elementos que presentó la defensa aparece un informe elaborado por la consultora Specs.
Según ese estudio, el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos de un fideicomiso analizado por los especialistas.
Los abogados de Cristina Kirchner sostienen que ese dato cuestiona uno de los fundamentos utilizados en la condena. Su argumento es que, si el objetivo del decreto investigado hubiera sido beneficiar al grupo empresario, la participación de sus empresas en esos fondos debería haber sido considerablemente mayor.
La defensa también sostiene que el principal destinatario de ese fideicomiso fue IECSA S.A., empresa vinculada a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
Estas mismas pruebas serán utilizadas además en el ámbito local, donde los abogados buscan impulsar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El planteo y las elecciones de 2027
La presentación ante la ONU también tiene una dimensión vinculada con la situación política de Cristina Kirchner.
Su defensa busca que se suspenda la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos. En paralelo, el diputado Máximo Kirchner afirmó que su madre mantiene la intención de competir y sostuvo que “sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.
De esta manera, el reclamo internacional quedó relacionado con una cuestión concreta: intentar que la inhabilitación pueda ser revisada mientras continúa el planteo judicial sobre la condena.
La presentación ante el Comité de Derechos Humanos representa así una nueva instancia para la defensa de Cristina Kirchner, que ahora busca que Naciones Unidas examine sus cuestionamientos al proceso de la causa Vialidad.