El nuevo protocolo busca prevenir situaciones de maltrato dentro de la Cámara Baja y proteger especialmente a las mujeres trabajadoras.
El nuevo protocolo, impulsado por el PRO, abarca a todo el personal de la Cámara Baja: legisladores, equipos de bloques, trabajadores de planta permanente, transitorios y contratados.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un Protocolo de Prevención e Intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género. La iniciativa, impulsada por la diputada Laura Balsells Miró (PRO), propone un procedimiento claro y una red de contención ante casos de maltrato en el ámbito legislativo.
La Cámara de Diputados dio un paso clave en materia de derechos laborales y equidad de género al aprobar esta semana un nuevo protocolo interno que busca prevenir y abordar situaciones de violencia laboral dentro de la institución. El proyecto, de autoría de la diputada Laura Balsells Miró (PRO), fue trabajado junto a la Comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas, conformada por legisladoras de distintos bloques.
Se trata de una resolución interna que establece un paso a paso claro para actuar ante situaciones de violencia física, verbal, simbólica o psicológica que puedan darse en el ámbito de trabajo legislativo. “El protocolo tiene perspectiva de género, es decir, aplica a cualquier trabajador o trabajadora, pero pone especial atención en las violencias que afectan mayoritariamente a las mujeres”, explicó Balsells.
La legisladora señaló que el proyecto se elaboró con aportes de especialistas del ámbito laboral y de género, y fue enriquecido a lo largo del último año con la colaboración de la Subsecretaría de Trabajo, comisiones del Senado y referentes de políticas de género. "Es fundamental que todos y todas quienes trabajamos en la Cámara sepamos que existe esta herramienta, especialmente las mujeres, que muchas veces son víctimas de maltratos específicos que suelen pasar desapercibidos", subrayó.
El nuevo protocolo abarca a todo el personal de la Cámara Baja: legisladores, equipos de bloques, trabajadores de planta permanente, transitorios y contratados. Además de establecer mecanismos de intervención, prevé acciones de sensibilización y formación permanente para prevenir este tipo de situaciones.
Según se informó desde la comisión de Género, uno de los objetivos centrales del protocolo es garantizar un entorno de trabajo armonioso y libre de discriminación, y que ante cualquier situación de violencia exista una red de contención y procedimientos claros. “No se trata sólo de sancionar, sino de acompañar a quien sufra una situación de violencia y generar condiciones laborales equitativas para todas las personas”, indicaron.
Aunque la iniciativa fue presentada por la legisladora del PRO, el proyecto contó con un amplio respaldo desde distintos sectores políticos. “Es un proyecto de mi autoría, pero fue profundamente trabajado en la comisión de género con el aporte de todas sus integrantes. Se enriqueció con las voces de quienes vienen trabajando estas problemáticas desde hace años”, resaltó la autora.
El protocolo se enmarca en una política más amplia de institucionalización de la perspectiva de género en los poderes del Estado. Desde la Comisión de Género de Diputados remarcaron la importancia de estar preparados ante posibles casos de violencia laboral, no solo para intervenir eficazmente, sino también para generar conciencia y prevenir.