-Un grupo económico creció a velocidad notable por las grietas del modelo de la dictadura
-El establishment usó a la Junta y terminó rápido con los Greco
Héctor Greco fue apresado por orden de la dictadura en el exclusivo restaurante Pedemonte, del centro porteño.
La historia económica argentina está repleta de colapsos, pero pocos tienen la arquitectura dramática, la densidad política y la tragedia social del caso del Grupo Greco. Se trata de una ventana por donde la dictadura metió la mano en la matriz productiva de Mendoza. El este de la provincia nunca volvió a ver tanta riqueza. Duró poco.
No es sólo la crónica de una quiebra financiera ni del estallido de un banco provincial. Se trata, en su esencia, del relato de una guerra corporativa librada en las sombras de una dictadura militar, donde el Estado terrorista prestó sus herramientas legales y represivas para dirimir una disputa por el control monopólico de la matriz productiva cuyana.
La historia del Grupo Greco grafica una Mendoza que fue devorada por la especulación y expone una radiografía de cómo el poder real operó durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que consistió en una dictadura que cometió un genocidio mientras encauzaba las reglas de la economía hacia los intereses de sus promotores.
Para entender el ascenso meteórico de los hermanos Héctor y José Greco, es indispensable situarse en la Argentina de finales de la década de 1970. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 impuso un régimen de terror basado en la desaparición forzada de personas, que posibilitó un plan económico de reestructuración profunda, diseñado por José Alfredo Martínez de Hoz. En el caso Greco se le cae el velo con el que se cubrió la participación civil en el régimen que gobernó de facto desde 1976 hasta 1983.
Este plan desmanteló el modelo industrialista previo para instaurar un sistema de apertura irrestricta, altas tasas de interés y un tipo de cambio sobrevaluado, sostenido por un endeudamiento externo fenomenal. Era la época de la "plata dulce", de la tablita cambiaria y del florecimiento de una especulación que premiaba la renta financiera por encima de la producción real.
En este caldo de cultivo regulatorio, donde el Banco Central flexibilizó los controles sobre las entidades financieras, los hermanos Greco vieron su oportunidad. Provenientes de San Martín, Mendoza, no pertenecían a la rancia aristocracia de los clubes exclusivos porteños ni a la oligarquía bodeguera histórica. Eran advenedizos, "nuevos ricos" que habían hecho una fortuna inicial con la venta masiva del vino Pángaro, pero que entendieron rápidamente que el verdadero poder de la época no estaba en la tierra, sino en las bóvedas bancarias.
En 1977, adquirieron el Banco de Los Andes. Esta institución se convertiría en el corazón de su imperio y en la herramienta de su propia destrucción.
La operatoria del Grupo Greco fue un prodigio de la agresividad financiera. A través del Banco de Los Andes, comenzaron a ofrecer tasas de interés por los depósitos que superaban ampliamente a las de la banca tradicional y estatal. La clase media, obnubilada por las rentabilidades mágicas de la época, depositó masivamente sus ahorros allí. En poco tiempo, el banco mendocino concentraba casi el 5% de todos los depósitos del sistema financiero nacional, convirtiéndose en el banco privado más grande de la República Argentina.
Pero los Greco no utilizaban esos fondos para otorgar créditos al público o fomentar el desarrollo industrial de terceros. Orquestaron un sistema cerrado de autopréstamos. Triangulando a través de empresas fantasma, testaferros y balances creativos, el banco financiaba la expansión voraz del propio holding.
Compraron empresas a un ritmo demencial. Llegaron a dominar 43 bodegas (incluyendo gigantes como Arizu, Furlotti y Resero), cientos de miles de hectáreas, la marca de agua Villavicencio, empresas de transporte, constructoras y hasta el diario Mendoza para blindarse mediáticamente. En su apogeo, el holding representaba un tercio del Producto Bruto de la provincia.
Sin embargo, el movimiento más audaz y peligroso de los Greco fue su incursión en el mercado del "vino de traslado" (vino a granel). En un contexto de crisis de consumo y sobreproducción, la lógica dictaba que los precios debían caer. Los Greco, utilizando la liquidez infinita de los ahorristas del banco, comenzaron a pagar sobreprecios por la uva y el vino.
No era un error de cálculo; era una estrategia de asfixia monopólica. Al secar la plaza pagando precios que nadie más podía igualar, acorralaron al establishment bodeguero tradicional. Llegaron a controlar casi la mitad del volumen de vino comercializado en el país.
El éxito de los Greco fue su condena. Al alterar artificialmente los precios de la materia prima, pusieron en jaque los márgenes de ganancia de los dueños históricos del negocio vitivinícola, empresas nucleadas en el Centro de Bodegueros de Mendoza y gigantes nacionales como el Grupo Peñaflor (propiedad de la influyente familia Bemberg) y la familia Catena.
Es aquí donde la historia del Grupo Greco se cruza fatalmente con la cúpula de la dictadura.
El establishment tradicional tenía una relación orgánica y carnal con el modelo de Martínez de Hoz y con el ala dura del Ejército liderada por Jorge Rafael Videla. Compartían el mismo linaje ideológico y la misma visión de país: una Argentina donde el capital concentrado histórico debía dirigir los destinos de la nación sin sobresaltos. Los Bemberg, al igual que otros grandes grupos, eran considerados el "capital serio".
Los Greco, por el contrario, padecían de una orfandad política absoluta. Habían crecido gracias a las grietas del sistema financiero de la dictadura, pero no eran parte de la mesa chica del poder militar. Cuando el Grupo Peñaflor y las cámaras tradicionales comenzaron a ahogarse por el monopolio de facto que los mendocinos ejercían sobre la uva, el lobby en los pasillos del Ministerio de Economía en Buenos Aires fue implacable. Denunciaron a los Greco por competencia desleal, expusieron la insostenibilidad de sus finanzas y exigieron que se cortara de raíz la amenaza sistémica.
Se ha especulado mucho sobre si los Greco buscaron cobijo en otras facciones militares, como el almirante Emilio Eduardo Massera. Aunque Massera operaba como un electrón libre, secuestrando empresarios para quedarse con sus bienes y financiando su propio proyecto político, no fue el garante de los mendocinos. La Junta Militar, en términos económicos, respondía a Martínez de Hoz. Y el ministro ya había tomado una decisión: el advenedizo debía ser sacrificado para salvar a la oligarquía tradicional.
A principios de 1980, el modelo de la "plata dulce" comenzó a mostrar sus grietas mortales. La burbuja especulativa estalló, llevándose puesto en primer lugar al Banco de Intercambio Regional (BIR), el Banco Promosur y, poco después, exponiendo la insolvencia del Banco de Los Andes.
El 25 de abril de 1980, la dictadura asestó el golpe final. Pero no lo hizo a través de una simple liquidación técnica del Banco Central. Para asegurarse el desmantelamiento total y definitivo del imperio Greco, recurrieron a una de las herramientas más oscuras del terrorismo de Estado: la Ley de Subversión Económica (Ley 20.840).
Esta legislación, sancionada originalmente con la excusa de perseguir el financiamiento de la guerrilla, fue pervertida por la dictadura para perseguir delitos de "cuello blanco" y, en la práctica, para aniquilar patrimonialmente a rivales corporativos o empresarios caídos en desgracia. Acusándolos de poner en riesgo la paz social y la estabilidad del país, el Estado ordenó la detención inmediata de los líderes del holding.
La escena fue digna de una película. Héctor y José Greco, junto a su socio Jorge Bassil, fueron arrestados mientras cenaban en el exclusivo restaurante Pedemonte, en pleno centro de Buenos Aires. Fueron despojados de sus derechos, encarcelados sin el debido proceso y mantenidos en prisión durante más de cuatro años.
El Caso Greco se transformó en un litigio crónico que persiguió a la democracia argentina. En el gobierno de Raúl Alfonsín se intentaron acuerdos fallidos. En 2007, un intento de indemnización por 600 millones de pesos fue frenado en el Congreso en medio de escándalos de corrupción.
Los Greco no fueron héroes ni mártires, sino jugadores despiadados. Pero su caída reveló una verdad: en la Argentina del Proceso, el libre mercado era una ilusión. Cuando el capitalismo salvaje amenazó a los dueños históricos del país, la dictadura militar utilizó la cárcel, la expropiación y el despojo para asegurar que la banca siempre ganara.
La historia oficial dictó que la intervención del Estado en el Grupo Greco, concretada en abril de 1980, fue una medida de emergencia para "sanear" la economía y proteger a la provincia de Mendoza del colapso de un pulpo financiero. Sin embargo, los expedientes judiciales y la memoria oral de los trabajadores revelan una verdad mucho más cruda: la llegada de los interventores de la dictadura militar no fue una misión de rescate, sino una operación sistemática de desguace, saqueo y transferencia de riqueza.
Cuando la Junta Militar decapitó a la cúpula del holding y los envió a prisión bajo la Ley de Subversión Económica, las 43 bodegas, las extensas fincas y la formidable red logística del grupo quedaron a merced de la Ley 22.229. Esta normativa otorgó poderes absolutos a un ejército de funcionarios designados a dedo por el Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz.
Los autodenominados "interventores delegados" aterrizaron en Mendoza como un ejército de ocupación. En su mayoría, eran abogados vinculados al Banco Central, tecnócratas porteños y oficiales militares en situación de retiro. Su desconocimiento sobre la industria vitivinícola era total. No entendían los tiempos de la cosecha o las necesidades de capital de trabajo de una bodega.
Su misión real, dictada desde Buenos Aires, no era administrar la producción, sino paralizar al monstruo que había osado disputarle el poder a la oligarquía tradicional. Reemplazaron a los gerentes comerciales históricos por burócratas de escritorio, instaurando un régimen de parálisis administrativa donde la firma de un expediente podía demorar meses, tiempo suficiente para que el vino se picara en las piletas.
El impacto en la infraestructura fue catastrófico. Gigantes de la vitivinicultura nacional como Arizu, Furlotti, Resero y Gargantini, que hasta pocos meses antes operaban a capacidad máxima, fueron virtualmente abandonados. Al cortarse la cadena de pagos y el financiamiento para mantenimiento, la desidia estatal se apoderó de las instalaciones.
Pero el abandono fue solo la fachada de un delito mayor. Durante los años de gestión estatal, los delegados sindicales y los propios obreros radicaron decenas de denuncias penales por lo que llamaban el "saqueo silencioso". Ante la vista gorda de los interventores, el patrimonio del Grupo Greco comenzó a evaporarse.
Desaparecieron flotas enteras de camiones pesados sin dejar rastro en los inventarios. Maquinaria de embotellado importada de última generación fue desmantelada y extraída por las noches. Incluso, millones de litros de vino esfumaron de los gigantescos piletones, presuntamente vendidos en el mercado negro sin que el dinero ingresara jamás a las cuentas de las empresas intervenidas. La justicia nunca condenó a los responsables de este vaciamiento interno.
Mientras el capital físico se oxidaba en Mendoza, el daño más profundo se ejecutaba en los canales de venta. El Grupo Greco había construido una red de distribución y comercialización inigualable en Buenos Aires, Córdoba y el Litoral. Los gerentes del Estado, alegando "ineficiencia operativa", desmantelaron sistemáticamente estas redes.
Este repliegue forzado dejó un vacío inmenso en el mercado de consumo masivo, que fue rápidamente ocupado por el establishment bodeguero tradicional. Grupos como Peñaflor, que habían impulsado el lobby para destruir a los hermanos Greco, aprovecharon la inacción de los interventores estatales para absorber esas cuotas de mercado a costo cero.
Cuando la dictadura finalmente retrocedió y la democracia comenzó a auditar el estado de las empresas en 1983, el panorama era desolador. El Estado había expropiado un holding que, aunque financieramente tóxico, poseía una maquinaria productiva y operativa gigantesca. A cambio, devolvió esqueletos industriales, miles de viñedos secos, cadenas de pago rotas y un tendal de juicios laborales que desangraron a los trabajadores del Este mendocino.
Los interventores de la dictadura actuaron como enterradores del Grupo Greco y facilitaron el ascenso de un monopolio externo. Esto evidencia que, bajo el régimen de terrorismo de Estado, la administración pública también fue instrumentalizada como una herramienta para el crimen corporativo.
La figura de Ángel Pedro Falanga es uno de los eslabones más fascinantes e intrincados en el colapso del Grupo Greco. No estamos hablando de un empleado administrativo ni de un directivo de segunda línea, sino del "cuarto hombre" en la jerarquía de poder del holding, justo detrás de Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil.
Como contador principal y cerebro en la sombra de muchas de las ingenierías contables del grupo, su participación y su posterior derrotero penal tienen ribetes de película, incluyendo fugas, condenas y un litigio internacional contra el Estado argentino.
Sumergirse en las páginas de "Veinte años... un día. Grupo Greco. La otra parte de la verdad…" (publicado por el propio Falanga en 2001) es asomarse a la trinchera de los vencidos. Como contador principal y estratega del holding, Falanga no escribió un ensayo imparcial, sino un alegato defensivo y una acusación directa contra los poderes que los aniquilaron.
En su libro, el "cuarto hombre" del Grupo Greco desmiente la narrativa oficial de la dictadura y expone lo que él considera el verdadero complot detrás del colapso. Estos son los ejes centrales de su argumentación:
Falanga dedica gran parte del libro a rebatir la idea de que el Banco de Los Andes era un esquema Ponzi a punto de estallar. Según su versión, los problemas de liquidez a principios de 1980 eran fluctuaciones normales en un mercado recesivo, y el banco tenía activos reales (las 43 bodegas, las tierras, las empresas) que superaban holgadamente los pasivos.
Argumenta que los famosos "autopréstamos" no eran una estafa a los ahorristas, sino una herramienta lícita (bajo la laxa normativa de la época) para capitalizar la economía real de Mendoza, algo que la banca tradicional se negaba a hacer.
Antes de que el Grupo Greco convirtiera al Banco de Los Andes en la aspiradora de fondos más grande de Argentina, el banco pertenecía a otros dueños. Hasta marzo de 1977, casi la mitad del paquete accionario estaba en manos de un grupo conformado por Hilarión Vera, Felipe Santaella, el grupo Dalvian S.A. (del empresario Alfredo Vila, el padre de Daniel Vila). y Manuel Cossio Marchesini.
El rol inicial de Cossio fue fundamental en la transición: fue uno de los accionistas que vendió para que Héctor y José Greco, junto a su socio Jorge Bassil, tomaran el control absoluto de la entidad.
Sin embargo, a diferencia de otros que vendieron y se retiraron, Cossio se quedó en la estructura de poder. Fue designado como Director Secretario del Banco de Los Andes. Desde ese sillón directivo, avaló (por acción u omisión) la fenomenal maquinaria de autopréstamos que la familia Greco utilizó para desviar el 80% de la cartera crediticia del banco hacia sus propias empresas y testaferros.
Cuando la dictadura militar intervino el Banco de Los Andes en abril de 1980 y el Banco Central solicitó formalmente la quiebra de la entidad en febrero de 1981, la guillotina legal no cayó solo sobre los hermanos Greco. El Banco Central exigió la inhabilitación general de bienes para toda la cúpula directiva y la sindicatura. En esa lista negra figuraban Héctor Greco, José Greco, Jorge Bassil, Armando Hugo D'Amico y, por supuesto, Cossio.
Acumulado el desastre financiero de su actividad privada y su responsabilidad penal en el vaciamiento del Banco de Los Andes, la justicia penal local libró una orden de captura en su contra. El destino de Cossio tras la intervención del Grupo Greco estuvo marcado por la persecución judicial, aunque su situación penal tuvo matices diferentes a la de los líderes del holding.
Cossio eludió el encarcelamiento prolongado bajo el régimen militar, dándose a la fuga y, luego, manteniéndose prófugo hasta que desapareció el riesgo de caer preso. En San Martín cuentan que Cossio se encontraba en el departamento cuando la dictadura ejecutó las detenciones de los hermanos Greco y Bassil en Buenos Aires. El banco era el terreno de acción de Cossio en el grupo, que había alcanzado una fuerte diversificación en su cartera de negocios. Cossio, sigue la historia -reconstruida en base a testimonios de personas vinculadas al caso en el Este provincial-, era uno de los pocos que tenía acceso a la bóveda del banco privado con más depósitos en el país en ese tiempo.
Cuando supo que los dueños del holding cayeron presos, Cossio abandonó la ciudad con rumbo al Este en un Ford Falcon, tras un paso urgente por la sede de la casa matriz del banco, frente a la municipalidad de San Martín. A poco de andar, el directivo bancario sobre el que ya pesaba orden de detención se enfrentó a un intento de asalto a mano armada en plena ruta. Zafó de milagro y siguió viaje hasta una estancia en San Luis, donde se hospedó hasta tener afinado el plan para salir del país con rumbo a Paraguay, según cuentan en San Martín muchos vecinos que vivieron en primera persona los hechos.