- Los combustibles en los surtidores nacionales se encarecieron en marzo y abril.
- Con la nafta 16% más cara, las empresas acordaron un congelamiento.
En un escenario donde el barril de petróleo Brent escaló 40%, hasta superar la barrera psicológica de los u$s100, entre marzo y abril, debido a la Guerra en Medio Oriente, el traslado a los surtidores en Argentina fue del 16%. Es el tercer aumento más grande en Latinoamérica, a pesar del congelamiento.
El surtidorazo nacional es significativo, dado que el país posee producción propia y cuenta con la participación estatal de YPF.
La escalada de los precios en los surtidores argentinos se expandirá en horas, cuando se de por terminado el pacto entre las petroleras para postergar las subas hasta que se descomprimiese la presión del precio global sobre la industria nacional de los combustibles, fuertemente concentrada en YPF (más del 50% del mercado) y un puñado de no más de cinco compañías.
Las no más de 8 refinerías que explican casi el total de la refinación argentina se abastecen prácticamente por completo con petróleo nacional, que en gran parte es producido por cinco o seis titanes en Vaca Muerta. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encabezará una reunión crucial con los principales actores del sector petrolero para determinar la magnitud de los nuevos incrementos.
Tras un ajuste inicial en marzo, la petrolera de bandera aplicó un esquema de congelamiento de precios que duró 27 días. La estrategia buscaba ganar tiempo esperando una desescalada en las tensiones geopolíticas. No obstante, el 28 de abril, ante un Brent que superaba los US$120, se autorizó una suba vinculada a la actualización impositiva dispuesta en el Decreto 302/2026.
La estampida del precio de referencia mundial del crudo impactó de manera dispar en el resto de América Latina, según un ranking del medio especializado en energía EconoJournal. Mientras Perú y Chile sufrieron fuertes alzas, otros países contuvieron el golpe mediante subsidios o producción propia.
El salto del crudo no se tradujo de igual forma en el bolsillo de los consumidores. De acuerdo con un informe de los estrategas de J.P. Morgan Private Bank, Nur Cristiani, Federico Cuevas y Mary Sangurima, la explicación reside en dos pilares: la balanza energética de cada nación y la intervención directa de los gobiernos en la formación de precios.
Perú registró el impacto más severo, con un incremento del 39,76% en las naftas. Esta situación responde a su absoluta dependencia de la importación y a un modelo de libre mercado. A esto se sumó un factor local crítico: la explosión de un tramo del gasoducto de Megantoni, en Cusco, que derivó en escasez de oferta y presión adicional sobre los combustibles líquidos.
Por su parte, Chile anotó una suba del 23,8%, alcanzando los US$ 1,655 por litro. El gobierno intentó amortiguar el golpe mediante el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), aunque el presidente José Antonio Kast admitió que su efectividad fue parcial frente a la magnitud de la crisis fiscal. Mediante un decreto el 23 de marzo, el Ejecutivo amplió la ventana de cálculo para suavizar los precios.
Brasil y México lograron limitar los aumentos al 7% y 10%. El gigante sudamericano bajo la conducción política de Lula Da Silva aprovechó su condición de mayor exportador neto de crudo para reducir impuestos federales y subsidiar el diésel, logrando un impacto limitado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En México, el desafío fue distinto. A pesar de ser productor, la falta de capacidad de refinación obliga a importar derivados. El Ministerio de Hacienda intervino reduciendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y aplicando estímulos fiscales estratégicos.
En Uruguay, el gobierno de Yamandú Orsi moderó el alza al 6% mediante ajustes bimensuales con topes fijos. La consultora Economía y Energía destacó que la nación ya contaba con una de las naftas más caras de la región (US$ 2,03), lo que permitió absorber el shock sin ajustes dramáticos.
En Colombia, el traslado fue apenas del 2,49% gracias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), aunque J.P. Morgan advierte que este mecanismo erosiona los beneficios de la renta petrolera.
El caso extremo es Bolivia, que mantuvo los precios congelados a pesar de importar la mayor parte de su combustible. Esta política generó un desabastecimiento crítico y protestas de transportistas en mayo. Ante la crisis, Sebastián Daroca, vicepresidente de YPFB, confirmó que los precios deberán revisarse inevitablemente en junio, marcando el fin de la excepcionalidad boliviana.