El Gobierno Nacional dará marcha atrás la resolución que insultaba a personas con discapacidad
El Gobierno Nacional decidió rectificar la resolución que incluía términos discriminatorios sobre discapacidad como idiota, imbécil y débil mental.
En una resolución del Gobierno Nacional se incluían términos como "idiota", "imbécil" y "retardado", expresiones que han sido descartadas desde hace décadas.
El Gobierno Nacional dará marcha atrás la resolución que insultaba a personas con discapacidad
El Gobierno Nacional decidió rectificar la resolución que incluía términos discriminatorios sobre discapacidad como idiota, imbécil y débil mental.
En una resolución del Gobierno Nacional se incluían términos como "idiota", "imbécil" y "retardado", expresiones que han sido descartadas desde hace décadas.
El Gobierno Nacional dará marcha atrás la resolución que insultaba a personas con discapacidad
El Gobierno Nacional decidió rectificar la resolución que incluía términos discriminatorios sobre discapacidad como idiota, imbécil y débil mental.
En una resolución del Gobierno Nacional se incluían términos como "idiota", "imbécil" y "retardado", expresiones que han sido descartadas desde hace décadas.
En una resolución del Gobierno Nacional se incluían términos como "idiota", "imbécil" y "retardado", expresiones que han sido descartadas desde hace décadas.
El Gobierno nacional anunció la retirada y modificación de una resolución oficial que contenía términos despectivos y obsoletos para clasificar a personas con discapacidad. La decisión se produjo tras una fuerte reacción de organizaciones del sector, que denunciaron la vulneración de derechos y la falta de actualización del lenguaje empleado en el documento.
Idiota, imbécil y débil mental
La resolución en cuestión, la Nº 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establecía nuevos criterios para la evaluación del grado de discapacidad, determinante en la asignación de pensiones no contributivas. Sin embargo, en su anexo se incluían términos como "idiota", "imbécil" y "retardado", expresiones que han sido descartadas desde hace décadas en los ámbitos médicos y de derechos humanos por su carga discriminatoria.
Diversas organizaciones, entre ellas la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), manifestaron su repudio y presentaron un reclamo administrativo exigiendo la derogación de la norma. "Esto representa un retroceso inédito en materia de derechos y deja en evidencia el enfoque que está adoptando el Gobierno respecto de nuestro colectivo", expresó Ana Dones, referenta de REDI.
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también se sumó a las críticas, advirtiendo que el uso de terminología obsoleta y discriminatoria atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008. "La discapacidad no puede ser definida con criterios que perpetúan la exclusión", manifestaron.
Amnistía Internacional realizó un duro posteo acerca de esta resolución advirtiendo que "la insistencia del gobierno en el uso de adjetivos y terminologías arcaicas abandonadas hace décadas por la comunidad internacional para referirse a las personas con discapacidad por resultar discriminatorias y ofensivas, es también una insistencia por retroceder y reforzar los estereotipos y barreras sociales".
La defensa del Gobierno Nacional
Desde la ANDIS, encabezada por Diego Spagnuolo, reconocieron que la inclusión de dichos términos fue un "error" y aseguraron que la resolución será modificada. No obstante, el episodio encendió las alarmas en el sector, ya que se enmarca en una serie de medidas gubernamentales que han endurecido los criterios para acceder a beneficios sociales.
El polémico anexo sobre discapacidad
En la página 37, el anexo de la resolución Nº 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad utiliza los términos "idiota", "imbécil" y "débil mental".
Con la promesa de rectificación del documento, las organizaciones permanecen atentas a la próxima publicación oficial, mientras continúan reclamando un abordaje inclusivo y actualizado en las políticas de discapacidad.