- El decreto reglamentario del Gobierno pone fin a los basurales
- La planta en El Borbollón ve de cerca una interna feroz entre sus socios
Ya entró en vigencia la ley de residuos sólidos urbanos.
Gobierno de MendozaLa disputa por Selfix S.R.L tiene dos socios enfrentados: Alfredo Vila y Diego Dumit. La puja por las acciones se da en medio de los cambios en la ley de residuos que impulsó el Gobierno. El decreto reglamentario, entre otros puntos, prevé el cierre de basurales.
La reglamentación surgió después de rondas de consultas con municipios y recuperadores, aunque se sabe que las comunas peronistas rechazaban la ley, y en esa línea votaron sus legisladores. Uno de los aspectos importantes de la ley es que establece "instrumentos concretos para abordar problemáticas estructurales vinculadas a la disposición final inadecuada, la persistencia de basurales a cielo abierto, la baja valorización de residuos y la heterogeneidad en la gestión municipal".
La normativa se trabajó durante meses y no son pocos los que vinculan las tensiones entre Vila y Dumit dentro de la empresa que gestiona la planta de El Borbollón con la nueva ley. En definitiva, esa basura informal deberá ir a parar a plantas habilitadas, una de ellas es la de Las Heras. Y eso implica mayor facturación.
Uno de los ejes es la puesta en marcha del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (PPRSU), que deberá desarrollarse con enfoque regional y bajo el paradigma de la economía circular.
"El plan establece lineamientos estratégicos, programas específicos, metas cuantificables e indicadores de seguimiento, con un horizonte de planificación que permita reducir progresivamente la cantidad de residuos destinados a disposición final y fortalecer la recuperación de materiales reciclables y orgánicos", dice oficialmente el Gobierno.
Por otra parte, los municipios y consorcios interjurisdiccionales deberán elaborar sus respectivos planes de gestión, alineados al marco provincial. "Estos instrumentos deberán incluir diagnóstico inicial, metas a corto, mediano y largo plazo, programas de separación en origen, estrategias de valorización, planes de inclusión social de recuperadores urbanos y mecanismos de seguimiento con indicadores medibles. La reglamentación prevé que estos planes tengan una vigencia de cinco años, en concordancia con el Plan Provincial", indica el Ejecutivo.
El decreto establece condiciones ambientales y de seguridad para los Centros Tecnificados de Economía Circular, Centros de Procesamiento, Estaciones de Transferencia y Centros de Disposición Final. Asimismo, se dispone que los Centros Tecnificados "trabajen prioritariamente en conjunto con cooperativas de cada región, fortaleciendo la formalización e integración de los recuperadores urbanos dentro del sistema".
La pelea salió a la luz por la clausura de la estación de servicio YPF KM 1151, ubicada en Uspallata y administrada por la empresa Km 1107 S.A. Uno de los rostros visibles es el de Alfredo Vila y el otro, el de Diego Dumit, según se vio en las fotos de la inauguración.
El martes 7 de octubre del año pasado, la convocatoria a una asamblea expuso algunas situaciones porque uno de los puntos a tratar es el de la "necesidad de modificar el estatuto en su cláusula décimo tercera del contrato social a los efectos de establecer una sindicatura a los fines de ley, y en caso que se opte por establecer un órgano de control (sindicatura) se designe el Síndico en ese mismo acto" además de tratar " los gastos ocasionados por el Socio VW S.A. (NdR: Alfredo Vila) en pos de sus constantes requerimientos de información, y sobre la modalidad en que se afrontaran los mismos".
Además, agregaron el "tratamiento de las facultades otorgadas por el art. 91 de LS considerando el accionar del socio VW S.A. en los últimos meses ; y por último, tratar las "autorizaciones a los efectos de las inscripciones de ley y demás actos que sean necesarios a fin de llevar adelante las decisiones del órgano de gobierno".
No se sabe qué ocurrió en esa asamblea y qué denuncia Vila en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. El expediente está bajo secreto de sumario. Según reveló El Sol, hay otra denuncia pero en el 4° Juzgado de Gestión Asociada de Mendoza. En la demanda, Vila pide la nulidad absoluta de esos actos societarios de marzo de 2024.
Vila y Dumit también comparten el paquete societario de Selfix S.R.L, la empresa que tiene a su cargo la deposición final de residuos del Gran Mendoza. Sus principales clientes son los municipios de la zona norte provincial además de privados. El negocio es millonario.
Según datos del Ministerio de Energía y Ambiente, este centro de deposición final se encarga de la disposición final de los residuos urbanos de los municipios del área metropolitana: Ciudad, Maipú, Godoy Cruz, Lujan, Guaymallén, Las Heras y Lavalle. Además recepciona los RSU de empresas privadas, de complejos y barrios que gestionan su propia recolección y limpieza.
La cantidad de RSU recibido mensualmente ronda las 40.000 toneladas y el precio estipulado por tonelada es de $ 27.711,89 para municipios y $ 35.000 mas IVA para privados. La facturación supera, cómodamente, a los mil millones de pesos mensuales.
A esto hay que sumarle los ingresos que provienen del cierre del basural de Puente de Hierro y el compromiso del municipio de Guaymallén de llevar la totalidad de sus residuos a El Borbollón, hecho que terminaría de moldear las 41.000 toneladas para los próximos meses.