El Gobierno de Mendoza reglamentó el proceso de cierre del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, una de las estructuras que durante años tuvo entre sus principales funciones el otorgamiento de créditos y herramientas de financiamiento para emprendimientos y empresas de la provincia. La medida abre ahora una nueva etapa en la reorganización del organismo y pone el foco en qué ocurrirá con los trabajadores que actualmente forman parte de su estructura.
El Fondo fue creado mediante la Ley 6071 con el objetivo de promover el desarrollo productivo de Mendoza a través de distintos instrumentos de financiamiento y apoyo a la inversión privada. A lo largo de los años otorgó créditos para sectores productivos, emprendimientos, turismo, servicios y pequeñas y medianas empresas, además de participar en distintas líneas de bonificación de tasas.
El proceso de cierre se da en el marco de una reorganización de organismos y funciones de la administración provincial. La reglamentación establece los pasos necesarios para avanzar con la finalización de las actividades del Fondo y ordenar los bienes, recursos, créditos y obligaciones que todavía se encuentran bajo su órbita.
Uno de los puntos que genera mayor atención es la situación del personal. Los trabajadores del Fondo ya aparecen contemplados dentro de los acuerdos de la administración pública provincial, con representación gremial de APOC y UPCN, lo que muestra que el proceso también involucra una reorganización de la estructura laboral.
La discusión pasa ahora por determinar cómo continuará cada trabajador dentro del Estado provincial, qué funciones serán absorbidas por otras áreas y cuál será el destino de los puestos vinculados con tareas que dejarán de realizarse como consecuencia del cierre.
El Gobierno deberá avanzar en la instrumentación administrativa del proceso para definir esa transición, mientras que los trabajadores mantendrán sus derechos dentro del esquema de empleo público provincial de acuerdo con las disposiciones que se establezcan para cada caso.
La decisión se produce después de que el organismo continuara desarrollando distintas tareas durante 2026. En mayo, por ejemplo, el Gobierno provincial realizó un aporte al Fondo y recordó que su finalidad original estaba vinculada al financiamiento y al desarrollo productivo de Mendoza.
Además, el Fondo continuó interviniendo en operatorias de crédito y en mecanismos de asistencia financiera. Entre sus antecedentes recientes se encuentran líneas destinadas a sectores como turismo, hotelería y gastronomía y programas para microemprendimientos.
Esto implica que el cierre no supone simplemente dejar de funcionar de un día para otro, sino ordenar una estructura que todavía tiene créditos otorgados, obligaciones, recursos y operaciones que deben ser administrados durante la transición.
El Gobierno deberá definir así el destino de los activos y obligaciones pendientes y garantizar la continuidad de aquellas operaciones que todavía tengan compromisos vigentes, al mismo tiempo que avanza con la reorganización de su personal.
La medida forma parte de una política más amplia de revisión de estructuras estatales y busca concentrar funciones en organismos de la administración provincial. El desafío inmediato será completar el proceso sin afectar los compromisos asumidos por el Fondo ni generar incertidumbre entre los trabajadores que hasta ahora desarrollaban sus tareas dentro de la institución.