-En pleno incendio, los bomberos voluntarios destaparon una olla.
-Tuvo que intervenir el jefe de Defensa Civil de la Provincia para descomprimir las tensiones.
El incendio del casino desnudó una conflicto entre bomberos.
El voraz incendio que consumió el anexo del Casino de Mendoza en San Martín dejó tras de sí mucho más que cenizas y chapas retorcidas. Con la implacable luz de sus llamas, el siniestro sacó de las sombras un conflicto institucional que llevaba al menos una década ardiendo en silencio: la disputa por el control de las emergencias en la Zona Este.
Durante años, el sistema de despacho del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) operó bajo una lógica reñida con la sostenida por los voluntarios de San Martín. El comando de los incendios, cedido en la práctica a la central de Bomberos de la Policía radicada en La Colonia (Junín), funcionó como una especie de "monopolio del rescate", según definió Mariano Sarmiento, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín.
Los operadores, pertenecientes a la fuerza oficial, decidían de manera discrecional qué siniestro merecía la intervención de los Bomberos Voluntarios y cuál no, regando a los cuarteles de voluntarios a un rol secundario cuando no eran directamente ignorados.
La escena relatada por los voluntarios sanmartinianos durante la fatídica tarde del casino tiene ribetes grotescos: un incendio de proporciones dantescas a 30 cuadras de su cuartel, y un silencio de radio absoluto en la frecuencia oficial. Tuvieron que ser la desesperación de los vecinos y un móvil policial de paso los que dieran la voz de alarma, mientras el millonario sistema Tetra y el 911 omitían convocar a la dotación que estaba a un par de minutos del lugar.
Los voluntarios advirtieron que no fueron convocados por el operador del Sistema Tetra al combate del incendio en el casino, el 12 de marzo. Seis equipos del cuartel se desplazaron a Míguez y Ruta Provincial 50, donde ardían las tragamonedas y más de uno de los apostadores que salieron disparados de la sala de juegos mientras se esparcían las llamas.
El reciente acuerdo rubricado de urgencia por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que promete asignar un operador exclusivo para los bomberos en el CEO y despachar las unidades bajo el estricto criterio de "cercanía y disponibilidad", es una victoria tardía de la sensatez. Era, como bien resume la dirigencia voluntaria, simplemente "lo lógico".
Sin embargo, que haya sido necesario un desastre estructural en pleno centro de San Martín para que las autoridades provinciales tomaran nota de un reclamo de diez años, habla a las claras de los reflejos letárgicos de la burocracia impregnados en la administración de las crisis. El conflicto quedó a la vista de todos.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia se comprometió a unificar el despacho de unidades. Mariano Sarmiento, presidente de la institución, detalló el alcance de las nuevas medidas y la dura realidad financiera que atraviesan para garantizar la protección ciudadana.
El reciente siniestro que consumió gran parte de las instalaciones del espacio de juegos departamental destapó una grave y persistente falencia en el sistema de respuesta a emergencias de la Zona Este. Los Bomberos Voluntarios de San Martín denunciaron públicamente que, en medio del caos, no fueron convocados a tiempo por el 911 ni por el sistema Tetra, y que debieron enterarse de la magnitud del fuego a través del aviso desesperado de los vecinos y de un móvil policial que se acercó a sus instalaciones.
“Nosotros salimos haciendo un reclamo porque habíamos sido desplazados al incendio y no fuimos convocados a tiempo. Nunca entró el desplazamiento por la frecuencia oficial”, explicó a El Editor Mendoza el presidente y fundador del cuartel sanmartiniano, Mariano Sarmiento. Según relató, a pesar de la falta de comunicación, lograron movilizar de manera independiente cinco dotaciones y cerca de 30 efectivos para combatir las llamas, trabajando luego a la par de los Bomberos de la Policía.
El incidente funcionó como el detonante de una marginación institucional que llevaba años. Sarmiento reveló que este es un reclamo que los bomberos voluntarios vienen sosteniendo desde hace al menos una década. Históricamente, el operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) estaba bajo el control y el criterio de los bomberos policiales con base en La Colonia. “Ellos desplazaban a quien querían o consideraban. Cuando se quedaban sin autobombas nos llamaban a nosotros, pero a cuestiones grandes no íbamos. Podíamos tener un incendio a dos cuadras del cuartel y venían ellos”, detalló el referente, remarcando que se habían elevado numerosos informes a la Defensa Civil de la Provincia sin obtener respuestas.
Sin embargo, la exposición pública del conflicto surtió efecto. Días después del siniestro, se convocó a una reunión de carácter urgente en el cuartel de La Colonia. Del encuentro participaron el director provincial de Defensa Civil, autoridades de la Dirección de Bomberos de la Policía, representantes de las defensas civiles locales y los siete cuarteles de bomberos voluntarios que integran el Este mendocino: San Martín, Palmira, Los Barriales, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
En esa mesa de negociación se alcanzó un acuerdo operativo fundamental: el Ministerio de Seguridad asignará un operador exclusivo para bomberos en el CEO de la Zona Este. En esta nueva frecuencia, convivirán en igualdad de condiciones las fuerzas oficiales y los voluntarios. “Los desplazamientos van a ser con un criterio de cercanía o disponibilidad. Si tenemos una situación a tres cuadras del cuartel de San Martín, que vaya San Martín. Creo que era lo lógico”, celebró Sarmiento.
Por otro lado, el triunfo logístico volvió a poner sobre la mesa la precaria realidad económica del sector. Durante la cumbre se anunció una actualización en la cuota de combustible otorgada por el Estado, que pasará de unos irrisorios 10 litros mensuales a una asignación de 50.000 pesos, equivalente a poco más de 30 litros. Una cifra a todas luces insuficiente para un cuartel que cuenta con seis unidades operativas y 45 efectivos.
Para sostener su operatividad, Sarmiento explicó que dependen de las cuotas sociales, contribuciones de empresas, una campaña de socios puerta a puerta, un subsidio nacional y el 1% de una tasa municipal que se reparte con Palmira.
La institución se mantiene en estado de alerta. “Se ha prometido que en estos días lo empezaban a implementar. Estamos atentos para que no quede solo en una promesa, que sea de efectiva aplicación y garantice la seguridad de la comunidad”, concluyó.