La comunidad científica argentina atraviesa una de las coyunturas más críticas de las últimas décadas. En plena era Milei, los empleados de organismos de ciencia y tecnología —Conicet, INTA, INTI, SEGEMAR, CNEA, CONAE e INIDEP— sufren un ajuste presupuestario que amenaza con paralizar la investigación y precarizar aún más a quienes sostienen el sistema. La denuncia más reciente expone un hecho alarmante: el incumplimiento de aportes patronales y cargas sociales, un pilar básico del financiamiento estatal.
El Conicet está al mando de Daniel Salomone, veterinario y biotecnológico y uno de los máximos referentes en clonación que tiene el país. De hecho, conoció al libertario cuando este manifestó el interés en clonar a sus perros.
Investigadores y gremios revelaron que durante diciembre y enero el organismo no transfirió los fondos correspondientes a las obras sociales ni a la ANSES, reveló el sitio Infogremiales. La consecuencia inmediata es la pérdida de cobertura médica para cientos de trabajadores, un golpe que se suma a la licuación de salarios, que ya acumulan una caída superior al 40% en su poder adquisitivo desde 2023. “Nos dejan sin atención médica y agravan la crisis salarial”, señalaron fuentes gremiales.
El ajuste no se limita a retrasos técnicos. Los sindicatos sospechan de una decisión deliberada del gobierno: un “manotazo” a los fondos de las obras sociales para empujar a los investigadores hacia las prepagas privadas. “Meten mano donde no se ve”, denunciaron desde ATE, según cita el mencionado portal, mientras remarcan que empresas como Accord Salud y Swiss Medical ya convocan reuniones dentro del organismo. Para los gremios, se trata de un desfinanciamiento directo del sistema solidario de salud pública.
En este escenario, el silencio del presidente del CONICET, Daniel Salamone, del círculo íntimo de Javier Milei (es llamativo. Lejos de interceder ante las autoridades nacionales, mantiene una postura de laissez faire, incluso cuando se eliminó la histórica convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), columna vertebral de la producción científica del país. “El CONICET está mudo”, repiten los investigadores, que ven cómo se desmorona la estructura que durante décadas sostuvo la investigación argentina.
La crisis se profundizó con otra medida: la suspensión del pago por presentismo a administrativos e investigadores. Según la Gerencia de Asuntos Jurídicos del organismo, la decisión responde al vencimiento de los acuerdos paritarios y a la interpretación de que la reforma laboral ya estaría vigente, pese a no haber sido sancionada. Para algunos gremios, esto constituye una aplicación “de facto” de la reforma, mientras otros sostienen que se trata simplemente de un acuerdo vencido que no fue incorporado al convenio colectivo. En cualquier caso, el resultado es el mismo: pérdida de ingresos para los trabajadores.
La combinación de recortes, falta de aportes y ausencia de paritarias coloca al sistema científico en un estado de vulnerabilidad extrema. Becarios, investigadores y administrativos enfrentan la incertidumbre de no saber si cobrarán en tiempo y forma, si tendrán cobertura médica o si podrán continuar con sus proyectos. Lo que antes era considerado política de Estado —el impulso a la ciencia como motor del desarrollo productivo— hoy se diluye en un contexto de ajuste y desinterés oficial.
