Walter Bento está acusado de otorgar beneficios judiciales a cambio de sobornos millonarios. Los detalles de un juicio histórico.
El juicio contra Walter Bento se inició en julio de 2023.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza La jueza Gretel Diamante preside el tribunal en el juicio contra Walter Bento.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEste lunes comenzó la etapa final del proceso contra el exjuez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que, desde 2007, habría montado un entramado de corrupción destinado a otorgar beneficios judiciales ilegítimos a cambio de sobornos millonarios. El juicio, que se inició en julio de 2023 y acumuló más de 130 audiencias, entra ahora en su cuenta regresiva definitiva.
Desde las 9, el Tribunal Oral Federal N°2 —integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra— abrió la audiencia que marca el principio del fin de este proceso. La semana estará centrada en la ronda de “últimas palabras”, instancia en la que Bento y los otros 27 imputados podrán dirigirse por última vez al tribunal antes de que las magistradas se retiren a deliberar. Previamente, deberán resolverse planteos de nulidad y pedidos de prescripción presentados por las defensas. Una vez superados esos pasos, el debate quedará cerrado y en condiciones de sentencia. El veredicto podría conocerse en los próximos días.
La fiscalía, encabezada por Dante Vega y María Gloria André, sostiene que Bento lideraba una organización criminal que operaba en dos fases: primero, tras la imputación o detención de una persona, se negociaba la libertad o la morigeración de la medida de coerción; luego, se aseguraba la impunidad mediante sobreseimientos, faltas de mérito o recalificaciones de delitos. Todo ello, según la acusación, se obtenía a cambio de pagos en dólares o la entrega de bienes, especialmente automóviles e inmuebles. Los miembros de la banda dejaban en claro que actuaban en nombre del juez Bento, nunca de otro magistrado del fuero federal mendocino.
La investigación se originó en la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, cuando se detectaron mensajes entre un imputado por narcotráfico y su abogado que evidenciaban maniobras irregulares para obtener la libertad en causas tramitadas en el Juzgado Federal N°1, entonces bajo la órbita de Bento. A partir de allí, se destapó un entramado que involucra a abogados, policías, familiares y hasta acusados por narcotráfico.
El requerimiento de elevación a juicio detalla un extenso punteado de imputaciones que refleja la magnitud del caso:
Jaime Andrés Alba Nortes: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de autor por cuatro hechos, más abuso de autoridad.
Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: cohecho activo agravado en calidad de coautor.
Juan Ignacio Aliaga Lottero: falso testimonio.
Luis Francisco Álvarez López: asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado en tres hechos y abuso de autoridad.
Facundo Alzogaray: cohecho activo agravado.
Javier Leónidas Angeletti Ratfopol: asociación ilícita como miembro y cohecho activo agravado en cinco hechos.
Alejandro Matías Armayo Ciacera: asociación ilícita como miembro y cohecho activo agravado en tres hechos.
Walter Eduardo Bardinella Donoso: asociación ilícita como miembro y cohecho activo agravado en cuatro hechos.
Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado.
Martín Rodolfo Bazán Guerra: cohecho activo agravado.
Walter Ricardo Bento Vega: asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo en quince hechos, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad en diez hechos, desobediencia y ocultamiento de pruebas.
Luciano Ezequiel Bento Boiza y Nahuel Agustín Bento Boiza: lavado de activos agravado por habitualidad y condición de funcionarios públicos.
Marta Isabel Boiza Yorino: enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica.
José Gabriel Moschetti Retamales: asociación ilícita como miembro, violación de secretos y deberes de funcionario público.
Otros imputados incluyen a Luciano Edgardo Ortego Hernández, Leopoldo Antonio Ríos Santander, Jorge Omar Miranda Anaya, Jessica Melisa Miere Reyna, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, entre más de veinte nombres vinculados a cohecho activo, abuso de autoridad y participación en la asociación ilícita.
La enumeración de acusados y cargos muestra la amplitud de la red que, según la fiscalía, operaba bajo el mando de Bento y sus organizadores. La acusación describe un sistema aceitado en el que familiares de detenidos eran presionados para entregar dinero o bienes a cambio de la libertad de sus allegados.
El juicio contra Bento se ha convertido en el proceso más resonante de los últimos años en Mendoza, no solo por la magnitud de las acusaciones sino porque involucra a quien durante más de dos décadas fue el juez federal más poderoso de la provincia. La expectativa por la sentencia mantiene en vilo al arco político y judicial mendocino.