El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) define la sucesión de Carina Senado. Seis listas se disputan una caja millonaria.
En el SUTE se disputan la conducción del gremio en medio de denuncias por irregularidad.
Arrancó la elección del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) cuya la fiscalización sigue bajo la lupa de las listas opositoras después del acuerdo que firmó el Gobierno con la actual conducción del gremio. Fuertes denuncias en redes sociales sobre presuntas irregularidades en los comicios.
La semana pasada, la oposición denunció que el Ejecutivo provincial ordenó a través de una resolución no otorgar liberación laboral a fiscales ni garantizar tiempo para que docentes puedan votar durante su jornada, sino que deben hacerlo fuera de su horario de trabajo.
El Frente CREO denunció irregularidades en la apertura de la jornada. "Tres mesas de Maipú empezaron votando sin sobres, mesas de Uspallata y Capital donde no nos dejan fiscalizar, mesas sin boletas y trabajadores y trabajadoras de la educación que no les dan la hora para ir a votar, con amenazas de descuentos", dijeron en un comunicado el espacio que busca ganar la elección.
Al respecto Virginia Pescarmona, candidata a secretaría gremial, expone que "no dejen de ir a votar, no sé desalienten. Porque todo esto hay que cambiarlo". Además, marcaron que hay una gran cantidad de actas para dejar asentadas todas las irregularidades en las primeras horas de la mañana y le exigen a la conducción del sindicato que garanticen una elección transparente".
La resolución RS-2025-07704307-GDEMZA-DGE, emitida por la Junta Electoral del SUTE el martes de la semana pasada, autorizaba el uso de edificios escolares para el acto eleccionario del 7 de octubre, pero limitaba estrictamente la liberación laboral a las autoridades de mesa. Ni fiscales ni votantes estaban contemplados. El mensaje era claro: el derecho a votar debía ejercerse fuera del horario de trabajo, sin afectar el servicio educativo.
Este marco restrictivo generó malestar entre las agrupaciones opositoras, que denunciaron una maniobra para desalentar la participación y limitar el control del proceso. “No se puede hablar de elecciones transparentes si las listas opositoras no tienen condiciones reales para fiscalizar ni garantizar que sus votantes puedan asistir”, expresó un referente de la agrupación Alternativa Docente.
La presión derivó en una acción judicial que culminó el 2 de octubre con un nuevo acuerdo entre la DGE y el sindicato. El documento, firmado en la Segunda Cámara del Trabajo, introduce cambios sustanciales: habilita sectores escolares para el acto sin interrumpir clases, garantiza liberación de tareas con goce de haberes para autoridades de mesa y fiscales generales oficializados, y permite a los docentes afiliados disponer de una hora dentro de su jornada laboral para votar.
Aunque el acuerdo parece ampliar derechos, las críticas no cesan. Las listas opositoras señalan que la figura del “fiscal general” está reservada solo para candidatos oficializados, lo que excluye a otros actores que podrían ejercer control en nombre de agrupaciones minoritarias. Además, denuncian que el proceso de oficialización ha sido opaco y que muchas listas no han podido acceder a ese estatus, quedando fuera del esquema de fiscalización.
“Las listas opositoras seguimos sin poder fiscalizar en igualdad de condiciones”, afirmó a ElEditor Mendoza Virginia Pescarmona, del Frente CREO, sobre las nuevas condiciones. "Nosotros presentamos una lista con más de 300 fiscales y sólo podrán ser fiscales 160, que son los candidatos. No se habilitan los fiscales de las listas. Eso está denegado La conducción del gremio y la Junta Electoral siguen atentando contra el derecho al voto".
Por otra parte, apuntó: "Hay una zona gris de interpretación acerca de si realmente se les va a permitir el ingreso a las escuelas a los fiscales".