Milei favoreció con ATN a las provincias díscolas en la negociación de leyes clave. Cornejo, como aliado, obtuvo menos beneficios que opositores.
En la Argentina de 2025, marcada por la austeridad fiscal y las negociaciones políticas de cara a las elecciones de medio término, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se convirtieron en una de las herramientas más visibles —y polémicas— de la administración de Javier Milei. En 2025, Milei giró a Mendoza 3.000 millones de pesos, el 2% del total nacional, siendo que la provincia tiene más del 4% de los habitantes del país.
En el reparto, Milei benefició mucho más a colaboracionistas del PJ que a su propio aliado electoral. Mendoza se ubicó al fondo de la tabla de los ATN, mientras que Tucumán, gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, fue la otra cara de la moneda. Tal como reflejó ElEditor Mendoza, mes a mes esta provincia sufrió el recorte y reparto discrecionalidad del libertario que gobierna el país desde diciembre de 2023.
Los ATN representan apenas el 1% de los impuestos coparticipables, pero su carácter discrecional les otorga un peso político desproporcionado. En 2025, el Gobierno nacional distribuyó 199.500 millones de pesos en este concepto. La cifra, aunque elevada en términos nominales, refleja una caída del 64,5% en términos reales respecto de 2023, último año de la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, comparada con 2024, la administración libertaria multiplicó por casi cuatro el volumen de transferencias, con un incremento real del 182%.
El comportamiento de diciembre fue particularmente llamativo: en apenas dos semanas, el Ejecutivo giró 66.500 millones de pesos, un tercio del total anual, con un aumento del 50% respecto de los once meses previos. El reparto no fue neutro: seis provincias consideradas aliadas recibieron la totalidad de esos fondos extraordinarios.
El caso más evidente es el de Tucumán, gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo. La provincia recibió 35.000 millones de pesos en 2025, más de diez veces lo que obtuvo Mendoza, y se consolidó como la jurisdicción más beneficiada desde el inicio de la gestión Milei, con 41.500 millones acumulados.
La paradoja es que Jaldo no forma parte del oficialismo libertario, sino que se ubica en el grupo de mandatarios que negocian apoyo “tema por tema” en el Congreso. Esa capacidad de condicionar votaciones clave le otorgó un poder de negociación que se tradujo en recursos frescos.
En contraste, Mendoza quedó en el fondo de la tabla. A pesar del alineamiento sin fisuras del gobierno mendocino con La Libertad Avanza, esta provincia recibió apenas 3.000 millones de pesos, el 2% del total nacional, cuando representa más del 4% de la población. Mientras provincias con menor peso económico como Catamarca (17.500 millones) o Chaco (18.000 millones) lograron acuerdos más lucrativos, Mendoza quedó relegada junto a Corrientes en el último puesto.
La explicación parece residir en la lógica política del oficialismo: los gobernadores que garantizan apoyo automático pierden capacidad de negociación, mientras que aquellos que venden caro su voto en cada sesión obtienen beneficios tangibles.
El reparto de 2025 muestra un patrón claro. Además de Tucumán, las provincias más favorecidas fueron:
Entre Ríos (Rogelio Frigerio, aliado directo del oficialismo): 19.000 millones.
Misiones (Hugo Passalacqua, colaboracionista): 19.000 millones.
Salta (Gustavo Sáenz, colaboracionista): 19.000 millones.
Chaco (Leandro Zdero, aliado): 18.000 millones.
Catamarca (Raúl Jalil, escindido del kirchnerismo): 17.500 millones.
Neuquén: 18.000 millones.
En diciembre, el reparto extraordinario reforzó este esquema: Tucumán recibió 20.000 millones; Misiones, 12.000; Chaco, 11.000; Catamarca, 10.500; Entre Ríos, 7.000; y Salta, 6.000. Todas ellas, provincias cuyos gobernadores jugaron un rol clave en la conformación de bloques legislativos propios o en el acompañamiento de proyectos sensibles para el Ejecutivo.
El uso de los ATN como herramienta de negociación política no es nuevo, pero en 2025 adquirió una visibilidad inédita. El veto presidencial a la ley que buscaba transformar los ATN en transferencias automáticas y diarias dejó en claro la voluntad de preservar la discrecionalidad. Aunque el Senado rechazó el veto, la iniciativa aún espera tratamiento en Diputados, donde los votos de los gobernadores beneficiados resultan decisivos.
La dinámica es clara: los mandatarios que se escindieron del kirchnerismo —como Sáenz, Passalacqua, Jalil y Jaldo— encontraron en los ATN un incentivo para consolidar bloques propios y negociar con el oficialismo desde una posición de fuerza. A cambio de acompañar proyectos como el Presupuesto 2026 o la derogación de la emergencia en discapacidad, recibieron transferencias millonarias. El Ejecutivo, por su parte, logró quebrar resistencias y sumar apoyos en un Congreso fragmentado.
Cornejo, alineado sin fisuras con Milei, terminó recibiendo el mismo trato que provincias con menor peso poblacional y muy por detrás de gobernadores críticos. En cambio, Frigerio en Entre Ríos, también aliado, logró capturar una porción significativa de recursos, quizás por su capacidad de articular acuerdos legislativos más amplios.
La estrategia de la Casa Rosada parece clara: los ATN se utilizan para aceitar voluntades de gobernadores que no son propios, pero que resultan clave para la aprobación de leyes. En un escenario de ajuste fiscal severo, la caja política se convierte en la herramienta más eficaz para sostener la gobernabilidad.
El análisis de los datos oficiales muestra la magnitud de las diferencias. Mientras Tucumán, Misiones y Salta recibieron entre 19.000 y 35.000 millones, provincias como Río Negro (5.000 millones), San Juan (6.000 millones), Santa Cruz (8.000 millones) o Chubut (7.000 millones) quedaron muy por debajo. Mendoza, con apenas 3.000 millones, se ubicó en el último escalón, compartiendo la marginalidad con Corrientes.
La distribución total de 199.500 millones revela que el 33% se concentró en apenas seis provincias en diciembre, todas con vínculos políticos estratégicos con el oficialismo. El resto debió conformarse con asignaciones mucho más modestas.
El reparto de los ATN en 2025 confirma una regla no escrita de la política argentina: la caja se utiliza para construir poder. Lo que debería ser un fondo para emergencias se convierte en un mecanismo de disciplinamiento y negociación. Los números son elocuentes: Tucumán, con 35.000 millones, se consolida como la gran favorecida; Mendoza, con 3.000 millones, como la gran relegada. Entre ambos extremos se despliega un mapa de alianzas, rupturas y negociaciones que define la gobernabilidad del país.
En un año electoral clave, los ATN funcionaron como la moneda de cambio más valiosa. La paradoja es que, en la Argentina de Milei, la fidelidad se paga barato y la rebeldía, caro. Los gobernadores lo saben, y el Congreso lo refleja.