- La normativa plantea una profunda reestructuración en el manejo del bosque urbano
- Plantea la transición progresiva hacia el policultivo en el arbolado.
El arbolado es responsabilidad de los intendentes, por Ley.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a los cambios en la Ley 7874. La medida promueve la descentralización operativa hacia las comunas y el policultivo, pero generó fuertes cruces en el recinto por la falta de financiamiento y la disparidad de recursos locales.
Con 33 votos a favor y 9 en contra, la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó la sanción definitiva al proyecto de ley que reforma la histórica Ley 7874 de Arbolado Público. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, plantea una profunda reestructuración en el manejo del bosque urbano provincial, apostando por una descentralización técnica y operativa que delega mayor autonomía y poder de acción a las municipalidades, aunque bajo la estricta supervisión ambiental del Ejecutivo.
La modificación legislativa, que recae sobre los artículos 5, 20, 21, 22, 24 y 51, busca fundamentalmente adaptar el cuidado de los forestales a los complejos desafíos climáticos actuales. El nuevo marco normativo ratifica la jurisdicción exclusiva de las comunas sobre los árboles situados en calles, rutas y plazas de dominio municipal. Para garantizar el ordenamiento, los intendentes estarán obligados a presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años, respaldado con rigurosos informes de ejecución anuales.
En el ámbito técnico, la normativa introduce una estrategia clave: la transición progresiva hacia el policultivo. El objetivo es combinar diversas especies vegetales para evitar que plagas masivas diezmen el patrimonio verde, recordando el daño histórico que sufrió el olmo en nuestra región. Asimismo, el nuevo paradigma prioriza la eficiencia hídrica y la poda mínima. Se fomentará la plantación de ejemplares con copas más pequeñas, buscando reducir la generación de residuos y optimizar la sombra de acuerdo con la orientación solar.
El órgano rector a nivel provincial y nacional será la Subsecretaría de Ambiente, operando a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Esta dependencia tendrá entre sus misiones la integración regional de los oasis mendocinos, la promoción de educación ambiental en escuelas públicas y la incentivación de los sectores productivos en el resguardo forestal. Paralelamente, la normativa modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, prohibiendo a los concejos deliberantes alterar nombres históricos o designados por Ley Provincial en calles o paseos sin una autorización legislativa especial.
El tratamiento en el recinto reflejó posturas contrapuestas. La diputada Evelin Pérez (UCR), autora de uno de los proyectos acumulados, defendió la iniciativa asegurando que responde a un reclamo histórico. "La normativa vigente había generado muchísimas demoras y burocracia", afirmó la legisladora, destacando que las municipalidades ahora podrán intervenir con rapidez frente a urgencias y contingencias climáticas, como las fuertes ráfagas del viento Zonda.
Rolando Scanio (LUM) y Miguel Ronco respaldaron fervientemente el texto. Scanio valoró la posibilidad de dar respuestas ágiles a los vecinos frente a trámites que "pueden extenderse meses". En tanto, Ronco recordó que las demoras burocráticas derivaron en el pasado en víctimas fatales, instando a fortalecer los viveros comunales. Desde el PRO, Jimena Cogo anticipó su apoyo, aunque advirtió sobre "zonas grises" jurisdiccionales y exigió debatir a fondo la autonomía municipal, porque "el Estado más cercano es quien debe dar respuesta".
Desde la oposición, las críticas apuntaron a la desfinanciación. Valentina Morán (Partido Justicialista) sentenció: "Nos estamos mintiendo si creemos que un cambio normativo resolverá un problema de gestión". Aseguró que fragmentar la administración sin inyectar recursos agravará el deterioro del patrimonio. Su par, Juan Pablo Gulino (PJ), coincidió en que la ley "no va a generar el cambio que necesitan las intendencias", ya que operativamente los municipios hoy absorben el mantenimiento casi en su totalidad.
Finalmente, Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) rechazó los cambios alertando sobre la desigualdad de condiciones. Manifestó que no todas las intendencias poseen recursos para asumir estas competencias y advirtió sobre la falta de control, recordando que el árbol debe ser protegido en su rol vital de ecosistema urbano.