El incendio que consumió la sala de juegos del Tótem Boulevard sigue generando repercusiones. Un pedido de informes apunta al rol de la intendencia.
Una postal del incendio en el casino de San Martín.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEl incendio que consumió la sala de juegos del emprendimiento Tótem Boulevard, en San Martín, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. En las últimas horas, el concejal Alejandro Ravazzani (PJ) presentó un Pedido de Informes al intendente Raúl Rufeil (UCR) para determinar si el municipio cumplió con sus obligaciones de control y habilitación en el complejo.
En su presentación, Ravazzani solicitó copia de documentación clave. Entre los puntos destacados figuran:
Documentación Técnica y Administrativa de Habilitación: “Expediente completo, copia de los planos aprobados (arquitectura, estructuras y electricidad) y el Permiso de Edificación otorgado”; además del “Certificado de Final de Obra” y el “Certificado de Habitabilidad vigente, que según la normativa debe renovarse anualmente”.
Prevención y Protección Contra Incendios: “Certificación de la División de Bomberos de la Policía de Mendoza”, el “Cálculo de Carga de Fuego” y el “Plan de Evacuación y Contingencias”.
Registro de Inspecciones Municipales: “Libro de Inspecciones de Obra”, “Actas de inspecciones periódicas de seguridad”, “Certificados de mantenimiento de los sistemas de detección y extinción automáticos” y la identificación de los “responsables profesionales de ambas partes de todo este proceso”.
El pedido de Ravazzani marca un nuevo capítulo en una trama que combina crisis financiera, sospechas de irregularidades y fallas en el sistema de emergencias. La escalada institucional refleja que el incendio no solo destruyó instalaciones, sino que también encendió un debate sobre responsabilidades políticas y empresariales.
Lo que durante meses se perfilaba como una agonía financiera terminó en una columna de humo negro visible desde kilómetros a la redonda. El incendio del miércoles 11 de marzo puso fin a las apuestas en la sucursal San Martín del Casino de Mendoza, operada por el Grupo Kristich a través de las firmas Fuente Mayor SA y New Star. La chispa que cortó el ruido de las máquinas expuso una crisis que ya estaba instalada: deudas millonarias, baja concurrencia y un proceso de desmantelamiento en curso.
Según estimaciones, el pasivo de la empresa rondaba los 7.000 millones de pesos, con compromisos impagos ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM). El senador peronista Félix González había solicitado informes apenas un día antes del incendio, buscando esclarecer si existían irregularidades en la relación contractual entre el grupo empresario y el Estado provincial. Todo indica que la operadora había admitido formalmente su situación impositiva en los días previos al siniestro.
La asfixia financiera se reflejaba en hechos concretos: la clausura de la Sala Rubí VIP, la reducción del parque de tragamonedas de 900 a 600 unidades y la intención manifestada ante el Gobierno de Mendoza de abandonar la concesión en enero. El incendio, calificado como de pérdidas “totales” por el fiscal Oscar Sívori, destruyó además el Centro Médico Clínico Tótem, con quirófanos y equipos de alta tecnología afectados.
La investigación apunta a un posible cortocircuito en los paneles solares del techo, donde los empleados reportaron las primeras columnas de humo. La fiscalía solicitó la intervención de Delitos Tecnológicos para analizar las cámaras de seguridad y determinar si el origen fue accidental o si hubo negligencia durante el retiro de máquinas.
El caso sumó tensión con las denuncias de la Asociación de Bomberos Voluntarios “El Libertador”, que aseguró no haber sido convocada por el sistema de emergencias 911 pese a estar a escasos minutos del lugar. Desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), en cambio, se sostuvo que los bomberos voluntarios se habían declarado “fuera de servicio”. Este dato es es clave porque la demora en la asistencia pudo haber agravado las consecuencias del incendio.
El pedido de informes de Ravazzani, con su detallado punteo de documentación exigida, y las investigaciones en curso muestran que el incendio del casino de San Martín es mucho más que un hecho aislado. Se trata de un episodio que expone la fragilidad de un modelo de concesión, la falta de controles y la vulnerabilidad de un sistema de emergencias cuestionado. La columna de humo que se elevó sobre la ciudad no solo marcó el final de una sala de juegos, sino que abrió un debate político y judicial que promete seguir escalando en los próximos meses.