- Los concejales de Capital emplazaron a Gutiérrez para que se defina por uno de sus dos ingreso
- El caso lleva meses de dilación
El Concejo Deliberante de Capital emplazó a Gustavo Gutiérrez por los dos ingresos que percibe.
Finalmente, y después de meses de demora con excusas de todo tipo, el Concejo Deliberante de Capital avanzó contra el edil Gustavo Gutiérrez. La jubilación y dieta que percibe el "lilito" había detonado un escándalo en el 2024. El expediente acumuló polvo en distintos despachos todo el 2025 hasta que ayer, los concejales lo emplazaron.
Gustavo Gutiérrez era noticia, hace más de un año, luego de que se diera a conocer la consulta de un particular preguntando por los ingresos del edil que ingresó al cuerpo deliberativo por las listas de La Unión Mendocina y de las que dirigentes de la Coalición Cívica, eran parte. El municipio indicó en ese momento que el edil, en su declaración jurada, no había indicado percibir haber jubilatorio. Por lo tanto, tenían computado un solo ingreso: el de la dieta de concejal.
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dice que “la dieta de los legisladores en general y de los concejales en particular es una retribución en contraprestación de un servicio dado al Estado y, como tal, tiene carácter remuneratorio”.
“En consecuencia, no puede percibirse en forma conjunta con un beneficio previsional, porque es inadmisible que una persona perciba al mismo tiempo dos retribuciones por parte del Estado, una en situación de actividad y otra en pasividad”, dijeron en el máximo tribunal. En el municipio posaron la lupa en los artículos 30 y 30 bis de la ley 6921 para marcar que hay incompatibilidad, además de indicar que Gutiérrez no declaró que recibía haber jubilatorio.
“Aquellas personas que a la fecha de sanción de la presente ley gozan de beneficios jubilatorios acordados y se encuentran prestando servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos y/o cualquier otra repartición perteneciente a la administración pública, cesarán en sus funciones. Asimismo, en adelante, ninguna persona que goza de beneficios jubilatorios podrá desempeñar actividades o cargos rentados en el ámbito descripto”, dice el artículo 30 de la normativa.
Para el caso de cargos electivos, “deberá percibir la remuneración correspondiente al cargo que desempeña, debiendo el titular suspender el beneficio previsional que goza, de acuerdo a los mecanismos previstos para tal trámite”, dicen los artículos. Hay una serie de excepciones entre las que están los concejales.
Mientras que el artículo 30 bis dice que si se detecta incumplimiento la administración pública “deberá emplazar al infractor a fin de que en el plazo de diez días hábiles de notificado, suspenda el beneficio previsional que posee, y proceda a la devolución de las sumas percibidas”. Con el correr de los meses, la cuenta se sigue engrosando y supera ampliamente los $20 millones.
En un inicio, había dos organismos involucrados en el caso. Por un lado, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza cuya Dirección de Recursos Humanos emitió la resolución 54/2024, con fecha del 12 de octubre del 2024 y que detonó un recurso revocatorio presentado por Gutiérrez con un petitorio: que se revoque la resolución 54/2024 de la Dirección de Recursos Humanos de la comuna asegurando que se emitió violando el derecho a defensa dado que no tuvo intervención porque no se le dio vista y que se dejen sin efecto los emplazamientos.
Pero además, indica que el funcionario a cargo de la dirección que depende del Ejecutivo municipal "carece de competencia para emplazar a un concejal que pertenece al Departamento Deliberativo".
En la comuna no tenían en sus planes resolverlo. "Es improcedente lo que dice. Dice que nosotros no podemos preguntarle a él nada. ¿A vos te parece que hay que contestarle algo que diga sí, si te podemos preguntar?", le dijo un funcionario de Capital a ElEditor, en ese entonces.
La Oficina de Ética Pública indicó que el recurso debía resolverse. Una obviedad. Al menos, había que rechazarlo, que fue lo que ocurrió: se le aceptó en lo formal pero se le rechazó en lo sustancial el 25 de junio del 2025. Es decir, 8 meses después. El Auditor General bramaba cada vez que los medios recordaban el caso y le achacaban las dilaciones.
Así, Guzzo rechazó el recurso giró el expediente al Departamento Deliberativo "para continuar con la tramitación y resolución correspondiente" para que luego sea informada.
A pocos días del rechazo al recurso de Gutiérrez, el 2 de julio del año pasado, el intendente Ulpiano Suárez envió un informe del estado de avance de las actuaciones a Ética Pública. En el escrito consta el largo historial de oficios, notas, etc. con la última novedad, que era el giro del expediente al Concejo Deliberante. En setiembre, el órgano de control envió un oficio preguntando qué había ocurrido con la resolución del caso.
No se resolvía, según indicaron fuentes del Concejo Deliberante, porque aguardaban una definición del área de legales del cuerpo deliberativo sobre el ya ventilado recurso revocatorio de Gutiérrez. El mismo que envió a Recursos Humanos del Poder Ejecutivo Municipal y que ahora recae en el otro Poder del municipio. Bajo ningún punto de vista evaluaron no resolver el recurso.
No se sabe cuándo salió la resolución, pero sí hubo avances. Siete meses después de aquella novedad, el Concejo Deliberante de Capital que preside Marcelo Rubio, y no que había acelerado con el asunto, resolvió ayer emplazar a Gutiérrez en los términos de la ley mencionada anteriormente. De esa manera, deberá definir si cobra dieta o jubilación, pero no se descarta alguna presentación del concejal apuntado.