El Gobierno enfrenta una cuenta regresiva para cumplir con el mandato de la Justicia.
Financiamiento Universitario: qué debe hacer el Gobierno en 5 días
Financiamiento Universitario: qué debe hacer el Gobierno en 5 días
El Gobierno nacional tiene cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, luego de que el juez federal Martín Cormick determinara que la medida cautelar que ordenaba su aplicación todavía no fue cumplida en su totalidad. La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11.
La intimación no significa que la Justicia haya dictado ahora una sentencia definitiva sobre todo el conflicto universitario. Lo que hizo el magistrado fue exigir al Poder Ejecutivo que cumpla una medida cautelar que ya se encuentra firme y que había sido impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En caso de que el Gobierno no cumpla dentro del plazo, el juez advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
La pregunta central, entonces, es qué significa en la práctica esa orden y qué debería hacer el Ejecutivo al cumplirse esos cinco días.
El punto más concreto de la resolución está en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero establece la recomposición de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades públicas y fija que las actualizaciones salariales no pueden quedar por debajo de la inflación publicada por el INDEC.
Eso significa que el Gobierno debe avanzar con la actualización de los haberes que establece la ley y con un mecanismo de actualización mensual que no sea inferior a la inflación. La norma también dispone que los aumentos sean remunerativos y bonificables.
El segundo artículo alcanzado por la cautelar es el referido a las becas estudiantiles. La ley dispone la recomposición de los programas de becas según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor y contempla además un incremento progresivo de la cantidad de estudiantes beneficiarios.
Por eso, en términos simples, la Justicia le está reclamando al Gobierno dos cosas concretas: recomponer los ingresos de los trabajadores universitarios y actualizar los programas de ayuda económica para los estudiantes.
La Ley de Financiamiento Universitario es más amplia que los dos puntos incluidos en la intimación actual. Su objetivo general es garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y contempla partidas para el funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología y actividades de extensión.
También establece mecanismos de actualización presupuestaria para determinados gastos de funcionamiento y contempla partidas vinculadas con la investigación científica.
Sin embargo, para entender qué está exigiendo la Justicia ahora, es importante no mezclar todos esos componentes. La resolución de este 22 de septiembre se refiere específicamente al cumplimiento de la cautelar y destaca la actualización salarial y la recomposición de los programas estudiantiles.
Es decir, los cinco días no representan un plazo genérico para resolver todos los problemas presupuestarios del sistema universitario, sino el tiempo fijado por el juez para que el Ejecutivo avance con el cumplimiento de la medida cautelar vigente.
La disputa judicial no comenzó esta semana. La cautelar fue confirmada durante el proceso iniciado por el sistema universitario y, en junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, por lo que la medida quedó firme.
El Gobierno luego intentó que se levantara esa cautelar con el argumento de que ya había realizado avances mediante acuerdos salariales y otras medidas. El 1 de septiembre, Cormick rechazó ese pedido porque consideró que el Estado no había demostrado que esas acciones hubieran solucionado los problemas que habían originado la medida judicial.
A eso se sumó el fracaso de la negociación paritaria universitaria. El Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, pero los sindicatos rechazaron la propuesta y reclamaron una recomposición mayor.
Con ese escenario, el juez concluyó ahora que la cautelar seguía sin cumplirse completamente y fijó un nuevo plazo de cinco días. La advertencia de multas diarias agrega una consecuencia económica concreta ante un eventual incumplimiento.
El Ejecutivo puede intentar continuar la discusión por la vía judicial mientras debe afrontar la orden de cumplimiento. De hecho, ya había cuestionado la vigencia de la cautelar y había buscado dejarla sin efecto, pero ese pedido fue rechazado.
En paralelo, el Gobierno puede continuar negociando con los gremios universitarios. Esa discusión salarial tiene una dinámica propia, pero la existencia de una cautelar firme obliga al Ejecutivo a cumplir con lo que la Justicia ordenó mientras el proceso principal continúa.
Por ahora, entonces, el dato concreto es el plazo: cinco días para dar cumplimiento a la medida, con la posibilidad de multas por cada jornada de demora.
