Hebe Casado encara la tercera etapa de la Ley Hojarasca: qué normas serán derogadas
- La vicegobernadora Hebe Casado presentó la tercera edición de la Ley Hojarasca
- Las normas derogadas fueron sancionadas entre 1976 y 1990
PorElEditor Mendoza
12 de febrero de 2026 - 15:25
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La vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
Senado de Mendoza
La vicegobernadora Hebe Casado encaró, el año pasado, una avanzada contra las normas que quedaron vetustas y otras, en las que hay sobrelegislación. La primera tanda ya se aprobó, la segunda está por aprobarse en Diputados y la tercera, arranca el tratamiento en los próximos días.
La presentación fue en la Legislatura provincial y la médica sanrafaelina estuvo acompañada del titular de la Cámara Baja, Andrés Lombardi y también por los secretarios legislativos de ambas Cámaras: Lucas Faure por el Senado, y Carolina Lettry por Diputados. La tercera edición alcanzará a 134 leyes de las 303 que fueron sancionadas entre 1976 y 1990. Además, se suman 16 normas vigentes de períodos previos que no habían sido incluidas en revisiones anteriores y que también se propone eliminar en su totalidad.
faure senado
Lucas Faure, secretario legislativo del Senado y persona de confianza de Hebe Casado.
La criatura de Hebe Casado
La Ley Hojarasca fue una iniciativa de la Vicegobernadora que va en sintonía con el trabajo que encaró el ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger. En la presentación oficial, Casado explicó que el proceso comenzó con la idea de elaborar un digesto que permitiera ordenar y clarificar el marco normativo provincial.
Señaló también que la sobreregulación genera trabas administrativas y dificulta tanto el cumplimiento como la consulta de las normas por parte de ciudadanos y funcionarios. En ese sentido, destacó que el trabajo apunta a simplificar el sistema legal y facilitar su aplicación. Remarcó que el relevamiento consistió en analizar ley por ley, se hicieron consultas al Poder Ejecutivo y a los actores vinculados a cada materia antes de definir su derogación total o parcial.
Y aprovechó para decir que en el último año, la Legislatura ha derogado más normas de las que ha sancionado, y convocó a los actuales y futuros legisladores a continuar con esta tarea. Por su parte, Lombardi valoró el trabajo bicameral y consideró que la revisión normativa permite eliminar disposiciones obsoletas o contradictorias que entorpecen el funcionamiento institucional, incluso del Poder Judicial.
Las dos etapas anteriores
En relación con las etapas anteriores, la primera revisión abarcó el período 1896-1950, con 102 leyes analizadas y 75 derogadas, iniciativa que ya fue convertida en la Ley 9653. La segunda etapa comprendió los años 1951-1975, con 172 leyes revisadas y 91 derogadas. Con la tercera etapa, el total de normas analizadas asciende a 574, lo que representa aproximadamente el 25% del marco jurídico provincial, evidenciando que el proceso continuará en fases posteriores.
Durante la presentación también se informó que esta nueva etapa incorpora una corrección a la primera ley aprobada, restituyendo la vigencia de la Ley 1118, que había sido derogada por error y resultaba necesaria para tareas de fiscalización del Ministerio de Producción.
Faure indicó que cuando existen más leyes de las necesarias aumenta la probabilidad de desconocimiento, tanto por parte de ciudadanos como de funcionarios y jueces, lo que deriva en menor cumplimiento. Además, la coexistencia de normas que regulan lo mismo abre la puerta a interpretaciones contradictorias y amplía los márgenes de discrecionalidad.
Ley 4143, que fijaba remuneraciones y procedimientos administrativos vigentes desde 1977. La norma contiene referencias institucionales inexistentes, como aprobaciones ad referéndum del Ministerio del Interior, y establece montos expresados en una moneda que ya no es de curso legal. Además, fue reemplazada en la práctica por normas presupuestarias y escalafones actuales.
Ley 4189, que ratificaba un convenio para la transferencia de institutos provinciales de nivel terciario a la Universidad Nacional de Cuyo en 1977. Sus efectos jurídicos —transferencia de servicios docentes, continuidad de estudios y otorgamiento de títulos— ya fueron cumplidos y los plazos previstos en el acuerdo se encuentran vencidos, por lo que la norma agotó su finalidad.
Ley 4214, que ratificaba un convenio interprovincial para la creación de la Corporación Financiera Regional Oeste (COFIRO), estructura vinculada a un esquema institucional que dejó de operar en los términos originalmente previstos.