- La vice Hebe Casado quedó al frente de la gobernación la primera quincena de enero.
- Es porque Cornejo se fue de vacaciones. Insultos y descalificaciones en X.
Hebe Casado, vicegobernadora a cargo del mando mientras vacaciona Cornejo.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaMendoza sigue inmersa en el áspero e interminable debate sobre la política extractiva, un conflicto que ha escalado en las últimas horas tras la controvertida reacción de la vicegobernadora Hebe Casado. Asumiendo el Poder Ejecutivo provincial durante el receso estival del gobernador Alfredo Cornejo, Casado salió a insultar a manifestantes antiminería: “ Zurdos mugrientos y dañinos tenían que ser”.
En el rol de máxima autoridad política provincial protagonizó un intenso cruce en redes sociales que puso de manifiesto la dura postura oficialista frente a la disidencia antiminera, a la que el gobierno de Cornejo le restó legitimidad antes de dejarla en manos de la Policía y la Justicia, sin canales políticos habilitados para discutir posturas.
El epicentro de la controversia fue una pintada política anónima ubicada en la ruta que conduce a Uspallata, una zona sensible por su cercanía a la Cordillera y el potencial desarrollo de proyectos de explotación de metales. El primer proyecto metalífero aprobado en Mendoza es San Jorge, ubicado en esa localidad.
La funcionaria, al encontrarse con el cartel opositor a la actividad, no dudó en utilizar un lenguaje contundente y descalificador, tildando a los responsables de la acción de “Zurdos mugrientos y dañinos tenían que ser”. Esta frase, que rápidamente se viralizó, generó una ola de indignación entre los sectores ambientalistas y opositores, y provocó la defensa de parte de la militancia oficialista.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la firme intención del gobierno de Cornejo de avanzar con la actividad minera en la Cordillera de los Andes. Desde el inicio de su segundo mandato, la administración ha impulsado la apertura de la matriz productiva provincial hacia la explotación de metales, defendiendo la postura de que esta actividad es esencial para el desarrollo económico de Mendoza.
El oficialismo ha mantenido una línea dura respecto a la libre circulación y el cumplimiento de la ley ante cualquier forma de protesta, lo que ha sido interpretado por el movimiento antiminero como una priorización de la vía judicial y policial por sobre el diálogo social. Los ambientalistas y asambleas vecinales insisten en la necesidad de una discusión profunda sobre el impacto ambiental y social de la megaminería, acusando al gobierno de estigmatizar su reclamo y judicializar la protesta legítima.
La respuesta de Casado refleja una tendencia creciente en la política nacional: un estilo de comunicación directo, sin filtros y abiertamente confrontativo. Esta retórica, que busca polarizar el debate y deslegitimar al oponente, parece ser una herramienta elegida por el oficialismo para posicionarse firmemente frente a la oposición.
Mientras los defensores de la Vicegobernadora sostienen que se trata de un llamado a mantener el orden y combatir las formas de protesta que consideran ilegales o "vandalismo", los grupos opositores ven en estas declaraciones una clara estigmatización y un intento de criminalizar el reclamo ambiental y social.
Este intercambio, ocurrido en los primeras horas de 2026, subraya la profunda tensión existente entre la gestión provincial y los grupos que se oponen a la matriz extractiva. La dureza de las declaraciones de la Vicegobernadora plantea serios interrogantes sobre la capacidad del gobierno para canalizar el conflicto social y ambiental.
La polarización del debate, lejos de apaciguarse, parece intensificarse, lo que anticipa un futuro inmediato marcado por la confrontación en torno a la explotación de recursos naturales en la provincia. La forma en que el gobierno maneje esta escalada determinará si el debate ambiental se encauzará a través de vías institucionales o si continuará derivando en expresiones de hostilidad y descalificación.